En el Festival de Teatro

EL CIRCO DE LA JUSTICIA. FLATUS  VOCIS

                                                           Durante esta semana, previa a la de vacaciones "piadosas", esperaba Colombia, cuando menos su incipiente opinión pública la respuesta del  magistrado ponente, Gerardo Arenas, del Consejo de Estado, en relación con el conceder o no, medidas cautelares en defensa del destituido alcalde Gustavo Petro, en su acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

El magistrado, quien ha hecho antes carrera académica en la Nacional resultó preguntando en lugar de decidiendo. Situación más grave aún, cuando fue parte del equipo de 11, que no estuvo de acuerdo con la decisión mayoritaria del mismo tribunal, que despachó negativamente las 300 y más tutelas.

Ahora, ¿qué?

Ahora, al magistrado se le ocurre devolver el expediente al procurador, para que este responda, su despacho, dentro de los 5 días siguientes, al asunto de las medidas cautelares. Además, con este proceder, se abstiene de decretarlas, indicando que ya dizque no hay urgencia, porque  el alcalde está ya destituido por el presidente de Colombia.

Santos, a su turno manifiesta, que él sigue el curso obediente de la justicia, excepto la internacional, porque contravino lo decidido por la CIDH hasta hoy. Como si fuera poco, en la misma semana, que ya casi agoniza, el presidente de la C. Constitucional, por fuera del quehacer judicial se manifiesta diciendo que lo decretado por la CIDH es vinculante, de obligatorio cumpimiento para el Estado, y que el mismo tribuna colombiano, lo ha repetido en cinco sentencias antecedentes.

El equipo jurídico del presidente responde, que los jueces hablan mediante sentencias, autos y resoluciones. Sin embargo, el propio Consejo de Estado, como recordarán, actuó aplicando una suerte de conducta concluyente, antes que se comunicara cualquier providencia en el mismo asunto de la destitución con relación al trámite de pedido de medidas cautelares. 

Sí, pero no!

A ninguno de estos funcionarios, incluido el propio presidente les afectó tal violación del procedimiento. Ahora ya no vale, no es relevante la vocería del togado Vargas.

El episodio de la destitución y la inhabilidad contra el alcalde ha puesto a prueba el saber de los Tribunales superiores del sistema judicial colombiano, y de la academia, porque hay representación de todas las escuelas de derecho. 

Los ciudadanos vemos en primera fila esta fórmula circense que urge curar con el bálsamo siempre riesgoso de la democracia en el segundo país, dicen, más desigual de la tierra. Y a fuerza nos preguntamos estamos asistiendo a una función ampliada del Festival Iberoamericano de Teatro, o nos preparan academia y poder judicial para repetir los pasos de un calvario, en medio del descrédito de la justicia.