EL PRESIDENTE DESPIDIÓ A  PETRO

¿DÓNDE QUEDÓ LA DEMOCRACIA?                                                                          

Miguel Angel Herrera Zgaib. 

Director Grupo Presidencialismo y Participación

presid.y.partic@gmail.como

Al filo de la navaja

“Nos quieren construir una burbuja de pesimismo…A la ciudad no la van a detener. La ciudad ya encontró  la senda…” Palabras de Gustavo Petro, antes de su destitución.

                                                                  El mismo día que el Consejo de Estado  informó que las tutelas interpuesta por Petro en su defensa, y los ciudadanos eran despachadas negativamente, durante la noche el secretario de la CIDH informó  a una opinión pública expectante, que “se abrió una investigación formal (de la destitución del alcalde)…y solicitó la cautelar que no requiere de  recursos internos”. 

Más aún, dicho secretario, Luis E.  Álvarez  Icaza, preguntado por la prensa internacional indicó que para dictar las medidas cautelares, la CIDH  antes determinó que se probaron por los solicitantes las tres condiciones requeridas: urgencia, gravedad e irreparabilidad. Por lo cual dispuso obrar en consecuencia.

Sin embargo, todavía quedaban sorpresas por venir. No se hicieron esperar. Al día siguiente, a la solicitud de la CIDH, el  propio presidente Juan Manuel Santos, - con una celeridad que hizo recordar su acción del bombardeo del campamento de la guerrilla de las Farc-ep Angostura (Sucumbíos, Ecuador), siendo mindefensa del expresidente Uribe Vélez -, notificó su decisión de hacer efectiva la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos en la misma persona del alcalde.

De este modo, la centro- izquierda, de la noche a la mañana, perdía la segunda más importante posición política del país. En tono airado y desencantado, el alcalde destituido respondió denunciando en público que “¡el presidente mintió!”

Luego, el pasado viernes 21 de marzo, en la noche, el abogado Parra, al servicio de la causa del alcalde hacía público, a través de Canal Capital, entrevistado por Hollman Morris, un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, firmado por el juez César Palomino.

Dicho magistrado señala que comoquiera que el fallo que resolvió la tutela impetrada por los ciudadanos no fue notificada al alcalde destituido, este seguía en su cargo, porque todas las actuaciones, incluida la del presidente Santos, quedaban sin validez, hasta tanto no se realice la correspondiente notificación en debida forma. 

De confirmarse lo dicho por el abogado Parra, el alcalde Rafael Pardo en su primer día de gobierno ha quedado en el limbo jurídico-administrativo, y la ciudad de Bogotá bajo una doble autoridad.

Quemando los últimos cartuchos

“Lo que ha dicho la justicia colombiana es que las  medidas de tutela no aplican…yo la acato pero no lo comparto la decisión del Consejo de Estado…Hay otros instrumentos de defensa y de cautela de los derechos políticos…En este momento mis derechos están protegidos  por una institución de Colombia, es una institución que es parte del Derecho convencional.” Gustavo Petro, en la entrevista con Blu Radio, horas antes de su destitución.

                                                           El exguerrillero Gustavo Petro, en rebeldía cuando era un joven universitario, quien se desempeñó como concejal de Zipaquirá,  al tiempo que era militante del M-19,  después se incorporó a la vida legal en la sociedad política  reformada por la Constitución de 1991.

Este ordenamiento forjado a tres manos, se autocomplacía de ser una democracia participativa. Así lo creía y proclamaba hasta hace pocos días la insurgencia que había dejado las armas. Ahora, Petro encaraba el momento más dramático de su nueva existencia política: no solo era destituido por falla administrativas gravísimas, según lo calificara el Procurador Alejandro Ordoñez, si no también era de nuevo un paria de la política instituida, por cuenta de un ejercicio de clara dictadura civil.

Calificar de dictadura al régimen político colombiano era palabra socorrido por muchos militantes de la izquierda de los años 70. Pero, ellos mismos pensaban que aquella era una institución que había quedado en el recuerdo. La pesadilla de los tiempos del estatuto de seguridad de Julio César Turbay Ayala y el general Camacho Leyva.

Sin embargo, los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, y el fantasma de la para-política  habían forzado a desempolvarla para definir el carácter de la “seguridad” que tantos estragos ocasionó a la frágil democracia de Colombia. Hoy no queda duda, que su penúltima víctima ha sido el exalcalde de Bogotá, sancionado por un “falso positivo” que lo dejó, por lo pronto, muerto en vida, enfrentado a la política instituida.

La última víctima ha sido, por lo pronto,  “el embrujo de los D.H”, que en últimas, como lo registró Marx, en sus notas sobre la Cuestión Judía, en los años 1843/44. El único verdadero y más poderoso de los derechos humanos que introdujo la burguesía triunfante en sus procesos revolucionarios es  “el derecho a la seguridad”, y aclara, de la propiedad privada. De ahí para adelante, el derecho a la vida, y a la participación política son tan solo bagatelas.

Borrando con el codo…

“Creímos que la tutela era solamente con derechos humanos que tienen que ver con la vida, y no con los derechos civiles y políticos.” Gustavo Petro.

“Las medidas cautelares de la CIDH y las provisionales de la Corte Interamericana de D.H. son de obligatorio cumplimiento…cualquier ciudadano puede acudir a un juez de tutela para hacerlas obligatorias.”  Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

                                                                Al borrar el derecho a la participación política de la vida civil de un plumazo, el presidente Santos ha creído obrar con cálculo electoral, y mentalidad de garitero pueblerino. Haciendo cuentas a favor del “capitalismo casino” que sigue prohijando en Colombia, con la corte que lo acompaña. Ha dispuesto que en lugar de Petro, de modo provisional, la alcaldía de Bogotá, quede bajo la administración  de Rafael Pardo, un excelente cancerbero de las causas imposibles.

Primero lo fue, durante la administración Gaviria, de una guerra contra las Farc-ep, incrédulas ante las bondades de la Constitución que se prometía en reemplazo de la tristemente célebre de 1886, que había dado piso a la regeneración que tuvo que zanjarse a sangre y fuego en la guerra de los mil días.

Ahora, el bueno de Rafael, a quien el propio Petro también estima, le toca una segunda tarea que asume como cancerbero de un orden que asoma las orejas de lobo autoritario con inocultable cinismo: sellar con descrédito la muerte civil de la Constitución de 1991. La que a la postre tampoco resultó ser un pacto de paz, para cerrar la pregunta que el joven politólogo John Dugas se hizo en el libro que recogió  su trabajo doctoral como politólogo bajo el cobijo académico de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Tiempo de muerte legal, tiempo de constituyente democrática

“Quienes decidieron fueron los ciudadanos, quienes proponen la revocatoria son ellos. Hay una fuerza que convoca al constituyente primario, y que debió haberse ejecutado el 2 de marzo…Aquí, por darle cabida a la destitución, decidieron aplazarla para el 6 de abril.” Gustavo Petro, entrevista con  W Radio, Bogotá.

“Este encargo no tiene término de duración; puede ser un día o más.” Rafael Pardo, alcalde (e) de Bogotá.

“Deploramos la absurda decisión política del presidente.” Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las  Farc-Ep.

                                                      El presidente Santos, quien quiere reelegirse, le dió entierro de tercera a la Constitución de 1991. Ha tenido como segundo chivo expiatorio al Alcalde Gustavo Petro, aplastado por el ensordecedor derrumbe de la institucionalidad nacional, y su embeleco de legitimidad legal racional. Porque el primer sacrificio había ocurrido con el trámite criminal de la reelección a favor propio del Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la república con la mayor votación, y el mayor score de denuncias impetradas en su contra.

Con los dos episodios arriba  enunciados, sin embargo, se invirtió el decir de Marx, parafraseando y concretando la proposición de Hegel, quien afirmó en sus Lecciones de la Historia Universal, que la historia se repite dos veces. Colombia no es la excepción, solo que aquí se invirtió la fórmula, porque aquí, esta vez, primero se dio la farsa del articulito, y luego, la tragedia de conculcar en público el derecho a la participación democrática del alcalde y de todos y cada uno de los colombianos.

Esta es la sintomatología de muerte de un orden de garantías desechado en el preciso momento cuando se celebra el cuarto/ quinto intento de una negociación de paz con una fuerza subalterna insurgente, las Farc-Ep, estacionada en La Habana.

Como consolación democrática, no se equivoca Petro cuando vuelve a insistir en la fuerza del poder constituyente, al decir que “la ciudad tiene todo el derecho de salir a las calles…Aquí hemos luchado contra una arbitrariedad.” Para concluir lo que, en efecto, no se llegó a dar:

“Si dice la mayoría que el alcalde se va…yo acato el mandato.”

La democracia representativa, por lo pronto, está de luto. La democracia de las mayorías ha sucumbido al ejercicio de la excepcionalidad de hecho y de derecho. De hecho es la excepcionalidad esgrimida en este caso, pretextando el presidente Santos en su cortejo de muerte, que él es guardián del orden nacional, de la soberanía sacrosanta.

Si Bogotá rebelde, si la ciudadanía en rebeldía quiere acompañar la resurrección de la democracia a plenitud, el poder constituyente de las multitudes, entonces tiene delante la invocación premonitoria del alcalde Petro:

“Si el presidente firma, yo lo acataría y desencadenaría un proyecto constituyente.” La nueva incógnita está por despejarse en un país que ha mostrado no ser bueno para la matemática, según las pruebas internacionales, donde los jóvenes quedaron entre los últimos lugares. Pero, quizás, otro gallo cantará, en materia política.

De ser así, la elección presidencial en ciernes lo dirá, en materia de representación, castigando a Santos en primera persona; y la movilización en las calles con ocasión del Paro Agrario, tendría que demandar una constituyente social, y una paz con democracia para que la nueva protesta no sea flor de un día, y mucho menos un haz de burlas de los gobernantes. 

Por lo pronto, Bogotá, ¡monta en cólera, aunque no lo parezca a, primera vista!