SERIE  BOGOTÁ CIUDAD REBELDE

ALERTA, UNIVERSIDAD NACIONAL.

TIEMPO DE DECISIONES

Miguel Angel Herrera Zgaib

                                                        Conviene recordar a todos, que este 27 de marzo termina el plazo de postulaciones de nombres de docentes que quieren ser tomados en consideración para desempeñarse como decanos en las instancias de gobierno de las facultades de la Universidad Nacional de Colombia.

El tiempo de las postulaciones corresponde a un escenario de crisis generalizada en materia de arreglos urgentes, aplazados por años, de su infraestructura. Cuando crece el ejército de los estudiantes y docentes parias de varias facultades que se desparraman por el campus; a  la vez que los sistemas de comunicaciones internas, el uso de la internet muestra su precariedad,  de manera recurrente.

Al tiempo de calificaciones colapsan las comunicaciones, mostrando que urge hacer cambios tecnológicos en el SIA. A la vez  es urgente modificar las fórmulas de comunicación vía internet con el mundo, accediendo a otro tipo de servidor internacional.

La otra vuelta de tuerca

La facultad de Derecho y Ciencia Política es el más reciente botón de muestra, el lunar que revela este caos inducido por abandono, descuido y precariedad en las relaciones inter-institucionales, y la propia administración para precaver y solucionar las crisis adecuadamente.

Al mismo tiempo, en materia académica, que es asunto nuclear, urge precisar qué se hará, y de qué modo se tratará el tema de las evaluaciones de los tres estamentos, estudiantes, profesores y directivos, sin  excusar responsabilidades.

Las estadísticas, por ejemplo, de la evaluación docente, muestran que entre el 60 y el 70 por ciento de los estudiantes se margina de la evaluación, porque hasta hoy es voluntaria, lo que impide, porque no se trata de elecciones, de saber qué pasa con la docencia. Además,  a la evaluación, en apariencia no le ven ninguna utilidad práctica, que no sea, en parte manifestar su disgusto, su castigo o premio, unido a razones cuya validez puede probarse con hechos y argumentos.

En materia financiera no hay un seguimiento estricto y público de la disposición de los cuantiosos recursos a todos los niveles. Así las cosas, el gobierno nacional, o las instancias implicadas se pasan por la faja la demanda de nuevos y urgentes soportes financieros para la educación pública superior.

En una audiencia pública, a la que no concurrió el gobierno nacional, estudiantes  y profesores de la Nacional, dieron cifras de lo que significará el recaudo de la estampilla pro universidad en los próximos 5 años, acudiendo a las herramientas del cálculo actuarial.

El resultado calculado indica que no será superior a los $600.000 millones, cuando lo que se requiere como mínimo para recuperar infra-estructura fluctúan entre 5 y 6 billiones de pesos. A lo cual se suma también qué se conseguirá con el CREE para la Universidad que no superará los 16.000 millones por año. Revisar las actas de la audiencia a la que concurrieron profesores, estudiantes, representantes estudiantiles y candidatos al Congreso por varios partidos será de utilidad en estos momentos de decisión.

Para decirlo en la jerga vulgar, hablamos de "pichurrias" para responder a los compromisos con la educación pública superior, que no privada, y a la cual no acceden cada año, más de 100.000 bachilleres. También están las denuncias de la hoy senadora, Claudia López, de la realidad de las universidades privadas.

Ellas parasitan, engañan, y esquilman a la ciudadanía con una mediocre "formación" en las llamadas universidades de garaje, que tienen patente de corso para enriquecerse, alegando que no tienen ánimo de lucro, como lo hacen por igual las iglesias, y todas llenan sus faltriqueras.

¿Será que sí?

El otro tópico fundamental es el gobierno de las universidades, en lo académico como lo administrativo. La estructura vertical ensayada después que se echó para atrás el co-gobierno acudiendo a la militarización y a los llamados "rectores policías" no mostró la bondad prometida, y en cambio, sí, la negación de la democracia como herramienta para castigar deficiencias advertidas y repetidas, despilfarros, favorecimientos, y  corporativismo hirsuto.

La democracia, que implica auto-gobierno, decisión colectiva de los asuntos colectivos, no se instaura para resolver los problemas de la ciencia y votar sobre la verdad en el elenco de los saberes, por supuesto; si no para gobernar con eficacia la casa grande que habitamos, con el concurso de los saberes y las técnicas ce la administración, sin acudir a chambonadas, y  a la fórmula del "tapen, tapen".

Es una democracia de cara a la sociedad de la que somos parte activa, para enderezar con el ejemplo práctico el rumbo de un país que se sigue gobernando con autocracia, y  que no respeta las reglas que se establecen por vía de la representación, y cacarea sobre la importancia de la institucionalidad, siempre y cuando nos convenga, y no afecte los intereses individuales o grupales.

El quehacer del 2014 apenas comienza, pero ha de comenzar bien, corrigiendo, rectificando yerros, poniendo las cosas en orden, y esto solo es posible con el concurso activo, participante de todos. La facultad de derecho y ciencia política, y la universidad nacional toda tiene la oportunidad de enderezar el rumbo a lo que está torcido. Dar el paso hacia la mayoría de edad intelectual, moral y política. ¿Será que sí?

EL PRESIDENTE DESPIDIÓ A  PETRO

¿DÓNDE QUEDÓ LA DEMOCRACIA?                                                                          

Miguel Angel Herrera Zgaib. 

Director Grupo Presidencialismo y Participación

presid.y.partic@gmail.como

Al filo de la navaja

“Nos quieren construir una burbuja de pesimismo…A la ciudad no la van a detener. La ciudad ya encontró  la senda…” Palabras de Gustavo Petro, antes de su destitución.

                                                                  El mismo día que el Consejo de Estado  informó que las tutelas interpuesta por Petro en su defensa, y los ciudadanos eran despachadas negativamente, durante la noche el secretario de la CIDH informó  a una opinión pública expectante, que “se abrió una investigación formal (de la destitución del alcalde)…y solicitó la cautelar que no requiere de  recursos internos”. 

Más aún, dicho secretario, Luis E.  Álvarez  Icaza, preguntado por la prensa internacional indicó que para dictar las medidas cautelares, la CIDH  antes determinó que se probaron por los solicitantes las tres condiciones requeridas: urgencia, gravedad e irreparabilidad. Por lo cual dispuso obrar en consecuencia.

Sin embargo, todavía quedaban sorpresas por venir. No se hicieron esperar. Al día siguiente, a la solicitud de la CIDH, el  propio presidente Juan Manuel Santos, - con una celeridad que hizo recordar su acción del bombardeo del campamento de la guerrilla de las Farc-ep Angostura (Sucumbíos, Ecuador), siendo mindefensa del expresidente Uribe Vélez -, notificó su decisión de hacer efectiva la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos en la misma persona del alcalde.

De este modo, la centro- izquierda, de la noche a la mañana, perdía la segunda más importante posición política del país. En tono airado y desencantado, el alcalde destituido respondió denunciando en público que “¡el presidente mintió!”

Luego, el pasado viernes 21 de marzo, en la noche, el abogado Parra, al servicio de la causa del alcalde hacía público, a través de Canal Capital, entrevistado por Hollman Morris, un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, firmado por el juez César Palomino.

Dicho magistrado señala que comoquiera que el fallo que resolvió la tutela impetrada por los ciudadanos no fue notificada al alcalde destituido, este seguía en su cargo, porque todas las actuaciones, incluida la del presidente Santos, quedaban sin validez, hasta tanto no se realice la correspondiente notificación en debida forma. 

De confirmarse lo dicho por el abogado Parra, el alcalde Rafael Pardo en su primer día de gobierno ha quedado en el limbo jurídico-administrativo, y la ciudad de Bogotá bajo una doble autoridad.

Quemando los últimos cartuchos

“Lo que ha dicho la justicia colombiana es que las  medidas de tutela no aplican…yo la acato pero no lo comparto la decisión del Consejo de Estado…Hay otros instrumentos de defensa y de cautela de los derechos políticos…En este momento mis derechos están protegidos  por una institución de Colombia, es una institución que es parte del Derecho convencional.” Gustavo Petro, en la entrevista con Blu Radio, horas antes de su destitución.

                                                           El exguerrillero Gustavo Petro, en rebeldía cuando era un joven universitario, quien se desempeñó como concejal de Zipaquirá,  al tiempo que era militante del M-19,  después se incorporó a la vida legal en la sociedad política  reformada por la Constitución de 1991.

Este ordenamiento forjado a tres manos, se autocomplacía de ser una democracia participativa. Así lo creía y proclamaba hasta hace pocos días la insurgencia que había dejado las armas. Ahora, Petro encaraba el momento más dramático de su nueva existencia política: no solo era destituido por falla administrativas gravísimas, según lo calificara el Procurador Alejandro Ordoñez, si no también era de nuevo un paria de la política instituida, por cuenta de un ejercicio de clara dictadura civil.

Calificar de dictadura al régimen político colombiano era palabra socorrido por muchos militantes de la izquierda de los años 70. Pero, ellos mismos pensaban que aquella era una institución que había quedado en el recuerdo. La pesadilla de los tiempos del estatuto de seguridad de Julio César Turbay Ayala y el general Camacho Leyva.

Sin embargo, los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, y el fantasma de la para-política  habían forzado a desempolvarla para definir el carácter de la “seguridad” que tantos estragos ocasionó a la frágil democracia de Colombia. Hoy no queda duda, que su penúltima víctima ha sido el exalcalde de Bogotá, sancionado por un “falso positivo” que lo dejó, por lo pronto, muerto en vida, enfrentado a la política instituida.

La última víctima ha sido, por lo pronto,  “el embrujo de los D.H”, que en últimas, como lo registró Marx, en sus notas sobre la Cuestión Judía, en los años 1843/44. El único verdadero y más poderoso de los derechos humanos que introdujo la burguesía triunfante en sus procesos revolucionarios es  “el derecho a la seguridad”, y aclara, de la propiedad privada. De ahí para adelante, el derecho a la vida, y a la participación política son tan solo bagatelas.

Borrando con el codo…

“Creímos que la tutela era solamente con derechos humanos que tienen que ver con la vida, y no con los derechos civiles y políticos.” Gustavo Petro.

“Las medidas cautelares de la CIDH y las provisionales de la Corte Interamericana de D.H. son de obligatorio cumplimiento…cualquier ciudadano puede acudir a un juez de tutela para hacerlas obligatorias.”  Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

                                                                Al borrar el derecho a la participación política de la vida civil de un plumazo, el presidente Santos ha creído obrar con cálculo electoral, y mentalidad de garitero pueblerino. Haciendo cuentas a favor del “capitalismo casino” que sigue prohijando en Colombia, con la corte que lo acompaña. Ha dispuesto que en lugar de Petro, de modo provisional, la alcaldía de Bogotá, quede bajo la administración  de Rafael Pardo, un excelente cancerbero de las causas imposibles.

Primero lo fue, durante la administración Gaviria, de una guerra contra las Farc-ep, incrédulas ante las bondades de la Constitución que se prometía en reemplazo de la tristemente célebre de 1886, que había dado piso a la regeneración que tuvo que zanjarse a sangre y fuego en la guerra de los mil días.

Ahora, el bueno de Rafael, a quien el propio Petro también estima, le toca una segunda tarea que asume como cancerbero de un orden que asoma las orejas de lobo autoritario con inocultable cinismo: sellar con descrédito la muerte civil de la Constitución de 1991. La que a la postre tampoco resultó ser un pacto de paz, para cerrar la pregunta que el joven politólogo John Dugas se hizo en el libro que recogió  su trabajo doctoral como politólogo bajo el cobijo académico de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Tiempo de muerte legal, tiempo de constituyente democrática

“Quienes decidieron fueron los ciudadanos, quienes proponen la revocatoria son ellos. Hay una fuerza que convoca al constituyente primario, y que debió haberse ejecutado el 2 de marzo…Aquí, por darle cabida a la destitución, decidieron aplazarla para el 6 de abril.” Gustavo Petro, entrevista con  W Radio, Bogotá.

“Este encargo no tiene término de duración; puede ser un día o más.” Rafael Pardo, alcalde (e) de Bogotá.

“Deploramos la absurda decisión política del presidente.” Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las  Farc-Ep.

                                                      El presidente Santos, quien quiere reelegirse, le dió entierro de tercera a la Constitución de 1991. Ha tenido como segundo chivo expiatorio al Alcalde Gustavo Petro, aplastado por el ensordecedor derrumbe de la institucionalidad nacional, y su embeleco de legitimidad legal racional. Porque el primer sacrificio había ocurrido con el trámite criminal de la reelección a favor propio del Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la república con la mayor votación, y el mayor score de denuncias impetradas en su contra.

Con los dos episodios arriba  enunciados, sin embargo, se invirtió el decir de Marx, parafraseando y concretando la proposición de Hegel, quien afirmó en sus Lecciones de la Historia Universal, que la historia se repite dos veces. Colombia no es la excepción, solo que aquí se invirtió la fórmula, porque aquí, esta vez, primero se dio la farsa del articulito, y luego, la tragedia de conculcar en público el derecho a la participación democrática del alcalde y de todos y cada uno de los colombianos.

Esta es la sintomatología de muerte de un orden de garantías desechado en el preciso momento cuando se celebra el cuarto/ quinto intento de una negociación de paz con una fuerza subalterna insurgente, las Farc-Ep, estacionada en La Habana.

Como consolación democrática, no se equivoca Petro cuando vuelve a insistir en la fuerza del poder constituyente, al decir que “la ciudad tiene todo el derecho de salir a las calles…Aquí hemos luchado contra una arbitrariedad.” Para concluir lo que, en efecto, no se llegó a dar:

“Si dice la mayoría que el alcalde se va…yo acato el mandato.”

La democracia representativa, por lo pronto, está de luto. La democracia de las mayorías ha sucumbido al ejercicio de la excepcionalidad de hecho y de derecho. De hecho es la excepcionalidad esgrimida en este caso, pretextando el presidente Santos en su cortejo de muerte, que él es guardián del orden nacional, de la soberanía sacrosanta.

Si Bogotá rebelde, si la ciudadanía en rebeldía quiere acompañar la resurrección de la democracia a plenitud, el poder constituyente de las multitudes, entonces tiene delante la invocación premonitoria del alcalde Petro:

“Si el presidente firma, yo lo acataría y desencadenaría un proyecto constituyente.” La nueva incógnita está por despejarse en un país que ha mostrado no ser bueno para la matemática, según las pruebas internacionales, donde los jóvenes quedaron entre los últimos lugares. Pero, quizás, otro gallo cantará, en materia política.

De ser así, la elección presidencial en ciernes lo dirá, en materia de representación, castigando a Santos en primera persona; y la movilización en las calles con ocasión del Paro Agrario, tendría que demandar una constituyente social, y una paz con democracia para que la nueva protesta no sea flor de un día, y mucho menos un haz de burlas de los gobernantes. 

Por lo pronto, Bogotá, ¡monta en cólera, aunque no lo parezca a, primera vista!

BOGOTÁ, CIUDAD REBELDE

LA PRESENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ABAJO

Miguel Angel Herrera Zgaib
Proyecto Constituyente Social y Paz Democrática, Grupo PyP.

La división sociedad civil/sociedad política se resuelve en lo común

                                                    Hoy por hoy, de acuerdo a Günther Teubner, discípulo de Niklas Luhmann, la sociedad se expresa jurídicamente, por fuera de la sociedad política (el orden estatal). Es una fuente válida de producción normativa. En ella los privados resuelven sus conflictos, arbitran sus causas litigiosas, y en un cierto modo, se auto-regulan.

A esta práctica jurídica en la globalización, el catedrático de Lovaina, Jean De Munck, invitado por los doctorados de Derecho y Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, de la Universidad Nacional de Colombia,  la llama constitucionalismo social, para trazar diferencias de orientación y radicación, para reconocerle protagonismo a trabajadores, obreros, indígenas, minorías, y a quienes se expresan  por fuera del estado en público.

Sin embargo, a De Munck, como buen liberal, con arrestos socializantes, le preocupa la fórmula radical de aceptar el poder constituyente, el despliegue de lo común, que desborda los lindes del pueblo como representación que no es sinónimo de anarquía, y en cambio, propone en su tesis, que también concurran los jueces, y el congreso.

Aquí, en Colombia, ya se probó a qué conduce el gobierno de los jueces, con lo hecho antes por la Corte Constitucional, y ahora, por la Corte Constitucional; y para qué sirve el congreso en funciones, y qué pasará con las mayorías del que acaba de ser reelegido, cocido al paramilitarismo.

Esto es, él  propone una suerte de tridivisión novedosa de poderes, donde "desaparece" el ejecutivo, para en su lugar ubicar lo que llama públicos institucionalizados. Es una manera de darle vida al pluralismo, y sacar provecho de lo ofrecido por Rawls, Habermas y Dworkin en términos de derecho y justicia.

Bogotá, prueba la tensión constituido constituyente

Sin embargo, en Bogotá, y por advertencia del alcalde "en trance" de su revocación, se invita al pueblo, a las multitudes a obrar como poder constituyente, en caso de que el ejecutivo nacional ignore las medidas cautelares solicitadas por la CIDH. 

Ocurra o no esto en la situación de revocatoria del alcalde, estaríamos en presencia del ejercicio no de un constitucionalismo social, como es la tesis del eminente sociólogo del derecho, sino de una constituyente social, para precaver la violación del derecho a la participación política, y de contera avanzar en procura de la construcción  de una convivencia política, que para serlo tiene que reconocer la diferencia entre pluralismo liberal y pluralidad democrática.

Así las cosas, tendremos la oportunidad de poner a prueba la tesis de la conferencia inaugural, y de profundizar la búsqueda de la democracia en Bogotá, una ciudad rebelde, a contravía del modelo de ciudad neoliberal que se venía aclimatando sin grandes sobresaltos.

Las reservas democráticas en Bogotá, luego de surtida la elección del pasado 9 de marzo, tienen ahora una segunda prueba "capital", porque la primera la dieron los campesinos movilizados para cerrar sus deliberaciones de la  Cumbre Agraria. 

Es una lucha contra el capital, y la dictadura civil en cabeza de la Procuraduría, y en medio de esta disputa está el presidente y su decisión que afectará el rumbo de su reelección en cualquiera de los sentidos. 

De él depende en últimas como autoridad del poder instituido que acuda a la fórmula democrático liberal para deshacer este entuerto político, en el cual se quieren confundir faltas disciplinarias para inhabilitar políticamente a una figura de la oposición, y la ciudadanía que lo respaldó con su voto. 

De no ser así, la calle, el poder constituyente fijará el tono y el timbre del despertar democrático de una Bogotá en rebeldía que rescata lo positivo de una administración, y corrige sin empacho ni vergüenza sus yerros.

LA CUMBRE ACORDÓ PARO AGRARIO

¿SURGE UN NUEVO BLOQUE SUBALTERNO?

Proyecto Paz Democrática y Constituyente Social, Grupo PyP

                                               Con una movilización que algunos calculan llegó a 10 mil personas, con la indiscutible presencia de campesinos de las cuatro puntas del camino agrario, y que otros calculan, entre ellos los medios escritos, el Tiempo incluido, en 6 mil  que se juntaron en la plaza de Bolívar, la proclama se resume en que el gobierno no cumplió, y, por consiguiente, el bloque agrario en acción contra-hegemónica anuncia paro.

Los campesinos pobres, los sin tierra, los trabajadores del campo, las minorías étnicas, y los movimientos sociales, en particular, los estudiantes, a través de la Mane, y organizaciones independientes regionales y locales, rechazan el pacto agrario realizado entre la cúpula del bloque reaccionario y su gobierno. Pero, esta es una cúpula que tampoco está exenta de contradicciones internas. Así se reveló en la confrontación verbal entre el presidente de la SAC, Rafael Mejía, y el propio presidente Juan Manuel  Santos.

El antes y después de la organización campesina

“… la meta es construir un pliego unitario que contenga el tema de tierra, los territorios, el medio-ambiente, la economía propia frente al modelo de despojo, los modelos de minería y energía, cultivos de coca, marihuana y amapola,…” Ricardo Herrera, CNA, ET, 18/03/14, p. 8.

                                                 No es menos cierto que hay dificultades en el proceso de construcción del bloque agrario alternativo, y en el avance de un proyecto amplio de partido agrario, en el cual interactúen las tendencias principales con reglas claras, compromisos explícitos. y se superen las divisiones que llevaron al traste al proyecto de Anuc de los años 70, que terminó dividiéndose en las famosas líneas Anuc-Sincelejo,  y Armenia.

En la Anuc-Armenia  el peso de los pequeños y medianos propietario cafeteros del gran Caldas y Antioquia, condujo a que estos hicieran tolda aparte. Desprendiéndose del proceso de reforma agraria que golpeaba a los grandes patronos del agro, y las grandes firmas comercializadoras de café. Unos y otros siguen activos, aunque divididos, entre uribismo y santismo, expresada la división en dos vocerías, la de Mejia y la de Lizarralde.

Hoy, como antes, los terratenientes tenían y tienen asiento en los departamentos de la Costa, pero no exclusivamente. Allí la para-política sigue "vivita y coleando", y se extiende por un lado hasta Norte de Santander, y por el otra hasta Antioquia. Los pasados resultados electorales muestran el poderío que conservan en el senado, superior al 30 por ciento, y en la cámara en porcentajes similares.

El movimiento campesino del año 2013 tuvo como uno de sus protagonistas a las llamadas dignidades, donde había influencia del Moir/PDA, y la vocería del senador Robledo y de Gutiérrez de Dignidad Cafetera. Gutiérrez no fue elegido, Robledo acrecentó su votación.

El Moir se marginó de la Cumbre Agraria, lo cual no hizo el resto del PDA, que con Clara López estuvo presente en la movilización de  clausura el pasado lunes 17 de marzo. El PDA  se expresó antes a través de Iván Cepeda, y con el saludo de la candidata presidencial del PDA/UP que transmitió Aída Avella a los presentes en el palacio de los deportes en Bogotá.

También hay tensiones que se derivan de sectores agremiados con alguna base en Cundinamarca, y los Llanos de los cuales se hace eco el agrónomo Roberto Correa, un exconcejal por Bogotá, quien ha centrado fuegos en César Pachón, quien estuvo al frente del paro agrario con el apoyo de paperos y lecheros en Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

 La nueva separación de los pequeños y medianos productores cafeteros de Quindío, Caldas y Risaralda mucho tiene que ver con el alza internacional en los precios del grano, por la baja en las cosechas del Brasil y Centroamérica; y en lo interno por la circunstancia que no se democratizó la dirección gremial cafetera, de la que sigue posesionado Genaro Calle,  apoyado por el presidente Santos en representación del oligopolio agro-exportador del grano. Santos fue su delegado en Londres por varios años.

Dirigencia agraria y bloque subalterno.

"La cumbre agraria no es una protesta para sacar partido de la coyuntura electoral." Ricardo Herrera, Coordinadora Nacional Agraria, CNA, ET, 18/03/14, p. 8.

                                                     Los tiempos de la Anuc quedaron atrás, aunque subsisten algunos de sus dirigentes. La bisagra entre el antes y el después de los 70s lo representa el hoy senador Jesús Alberto Castilla, del PDA, y cuya fuerza principal está en el Catatumbo, y en Coordinadora Nacional Agraria, que dinamiza la confluencia de movimientos llamada Congreso de los Pueblos, donde hay una importante presencia de los estudiantes de la Mane/FEU.

El senador Castilla, junto con Cesar Pachón (Dignidad Papera), Ricardo Herrera (CNA), Cesar Jérez (zonas de reserva campesina, Heberto Díaz (Fensuagro), Feliciano Valencia y Didier Escobar del CISCA (Comité de integración social del Catatumbo) son la nueva guardia, la intelectualidad que despunta como orgánica del movimiento agrario, indígena y popular.

También aquí hacen sus "pinitos" políticos los dirigentes estudiantiles, de negritudes, raizales indígenas, y sindicalistas curtidos de la CUT, entusiasmados con las proyecciones de esta alianza que van más allá de los resultados electorales por venir. A estos esfuerzos de auto-organización se unen varios congresistas elegidos por el PDA y de la Alianza Verde, en menor medida.

De esta dirección agraria y sus bases plurales depende el adelanto del paro anunciado, y los efectos que esta movilización y el anuncio produzcan de aquí en adelante en el gobierno que termina, cuando el presidente Santos está atorado en el asunto de la reelección. 

Él ya había adelantado que el acuerdo del año pasado había sido honrado en la totalidad de 70 de los 183 puntos; y que los pendientes exigen soluciones no inmediatas sino de largo y mediano plazo. Ayer, al mismo tiempo se expresaron las vocerías del bloque agrario, en su ala reaccionaria y modernizadora. De la primera, Mejía en querella anterior con Santos, dijo: "Los precios bajos hoy no están altos; los costos no han bajado; el contrabando tampoco. Solo el panorama de la revaluación ha cambiado." (ET, p. 8)

Rubén Darío Lizarralde, el Min-agricultura se despachó, descalificando la Cumbre y el anuncio de paro, con una advertencia policiva: "Hay que determinar si las marchas son adelantadas por disidentes o por los mismos con los que hemos venido trabajando."

El enfoque modernizador de la prosperidad "autoritaria", lo expresó bien Lizarralde: "..porque la idea es cambiar una agricultura medioeval por una agricultura avanzada de desarrollo."

El encuentro con la ciudad en rebeldía.

                                                        Bogotá ha tenido una sucesión de tres gobiernos en los que la fuerza del PDA, puso primero a un exsindicalista en su gobierno, y luego a un anapista, Samuel Moreno, que se hundió en un mar de corrupción para conseguir los 600 mil votos extras, que según él le faltaban al Polo para no perder la segunda posición del país.

El tercero en discordia fue Gustavo Petro, quien después de un trayectora meritoria de denuncias del paramilitarismo y la alianza para-política, aspiró a la presidencia por el PDA, lo consiguió, pero no logró domar la corrupción de la alcadía Moreno y sus aliados en el Comité ejecutivo.

De ahí se desprendió con el movimiento Progresistas, y obtuvo para la centro izquierda la alcaldía de la ciudad, aprovechándose de la división existente en las expresiones de centro derecha y reaccionariasm que sumadas tuvieron una mayor votación.

La variable Petro y  Bogotá democrática

                                                     Gustavo Petro mismo fue sorprendido por el resultado, y tuvo que enfrentrar hasta ahora una precaria gobernabilidad, por tener una minoría en el concejo, al tiempo que en él se juntaban los concejales corrompidos de la administración Moreno, y los concejales liberales, conservadores y uribistas dispuestos a desvirtuar su accionar, y a no pasar sus yerros como burgomaestre.

Con la divisa Bogotá Humana, el exmilitante del M-19, un cristiano con sensibilidad popular, quien se reclama partidario de las multitudes en democracia, está al filo de la destitución y de su anulación política por 15 años.

Petro, sancionado por los poderes dictatoriales en cabeza de la Procuraduría, que ostenta hoy, un conservador ultramontano, dio apoyo a la Cumbre Agraria, le facilitó las instalaciones en que sesionó y se alojó, saludó el inicio de las deliberaciones el pasado sábado, cuando invitó a los asistentes a corear el emblemático: "No pasarán!" que hiciera famoso a la Pasionaria, cuando se acercaba el desenlace trágico de la guerra civil española.

Ayer, 17 de marzo, Petro arengó a la concentración en la Plaza de Bolívar, cerró la Cumbre, y le puso el cascabel al gato, al denunciar el intento modernizador autoritario en el que se identifican Santos y su minagricultura, Lizarralde: la implementación a rajatabla de los TLCs, y en particular, el último proyecto de la Alianza del Pacífico, donde se junta Colombia a una tripleta neo-liberal anacrónica, pero rentable para el capital transnacional que ya parasita el agro latinoamericano, México, Chile y Perú, de una parte.

De otra, Petro recordó en sus propios términos, que la para-política no ha muerto, sino que sigue activa, y es transversal al bloque reaccionario y la centro derecha, de la cual es cabeza visible y presidenciable Juan Manuel Santos. 

Esto es lo que dijo Petro de la persistencia de la parapolítica, en el tiempo de la prosperidad, al cierre de su intervención:

"Los narco-latifundios, que quitan millones de has de tierra fértil y no producen ni leche ni papa, sino motosierras."

El campo en rebeldía, en reciprocidad con lo hecho por la alcaldía de Petro, comprometió, como lo había hecho personalmente Cesar Pachón, cuando estaba como animador del primer paro Agrario, su apoyo a la no destitución de Petro. Al decirlo, hizo posible la cercanía entre los de abajo, los subalternos de la ciudad y el campo en rebeldía abierta contra el bloque dominante, y en defensa de lo que con sus yerros ha podido mostrar el proyecto de la Bogotá Humana.

Ahora, desde ayer, cuando los campesinos, indígenas y afro-descendientes regresaban a sus lugares de origen y trabajo, junto a los pobres, pobladores, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes y trabajadores de mil oficios, y la intelectualidad de izquierda, democrática y progresista están en espera de qué dirá el Consejo de Estado como tribunal de cierre instituido sobre el presente y porvenir de la democracia colombiana. Y de lo que conteste la Comisión Interamericana de D.H, frente a este pronunciamiento. Entre tanto empieza a prepararse el segundo paro agrario, étnico y popular, cuya fecha definitiva se fijará entre abril y mayo.

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El ciclo electoral colombiano (III Parte)

LAS ELECCIONES Y EL VOTO EN BLANCO: HOY  Y MAÑANA

Miguel Angel Herrera Zgaib.

“En las elecciones de hoy se presentan dos maneras de apoyar a los grandes partidos…una manera es votar por ellos. La otra, votar en blanco..sus resultados son lo contrario de lo que ofrece…Los diseñadores de la mecánica electoral dispusieron que..se añadieran a la suma que fija el umbral de acceso al Congreso… El harakiri perfecto, el suicidio romántico.” Daniel Samper, ET, 10/03/14, p. 7.

“Mr. White, en definitiva,  es un hombre (una mujer también) que cree que en su país absolutamente nadie es apto para gobernar. Ni los peores, en lo que tiene razón, pero tampoco los mejores. María I. Rueda, Moda o movimiento, ET, 10/03/14, p. 7.

                                                                Los editorialistas de El Tiempo no son los únicos inquietos por la suerte del voto en blanco, pero sí es significativa su disposición a descalificarlo. De modo increíble, ha hermanado a las dos orillas, Daniel Samper, en abierto y coincidencial cambalache con María Isabel Rueda.  Mientras que Daniel, el hermano de Ernesto en franca rebeldía, anuncia que votará por el PDA: Jorge Enrique Robledo y Germán Navas Talero,  María Isabel  canta su voto por Juan Mario Laserna y Telésforo Pedraza, y no se restringe de sugerir, pero ella no lo hará, que la gente votara en blanco en la elección al parlamento Andino.

En una historia incompleta de la trayectoria del voto en blanco, María Isabel recuerda que la más baja votación en blanco se elecciones presidenciales ocurrió con  Andrés Pastrana, el 4 por ciento, mayo de 1999. La más alta en mayo de 2002, 9 por ciento, con Álvaro Uribe, y luego 5 por ciento en mayo de 2010.

María Isabel dice que ahora la tendencia que favorece a Mr. White es de 25 por ciento, pero tal parece que no hubiera leído lo que registró Datexco en su última encuesta que señaló 41, 5, una semana atrás. (ET, 02/03/14, p. 2).  A la vez incurre en la concluyente falacia, que quien vota en blanco cree que “nadie es apto para gobernar”. Cuando en verdad, a lo sumo, lo que se puede inferir de quien lo hace es que considera es que ninguno de los presentes en la elección es apto para cogobernar en el precios caso de las elecciones a poder legislativo nacional y regional, en el parlamento Andino, por menguadas que sean sus competencias.

Quien vota en blanco todavía cree en el voto, en su sentido pleno, y precave en su hacer la necesidad de utilizar la revocatoria después, cuando existe, que en el caso colombiano no la tenemos ni para congresistas ni para presidente. Lo cual es una falencia que hemos pagado caro hasta el día de hoy. Que si la tiene Venezuela, y que la ejercitó, la primera vez, con el presidente Chávez, que fue el animador entre otras de esta institución para plasmarla en la Constitución Bolivariana de 1999.

Los argumentos que presenta Daniel Samper, en apariencia, son menos deleznables. Puesto que el voto en blanco se suma para fijar el umbral, y hoy pasó de 2 a 3 por ciento del total de los votos emitidos, en virtud de lo que acordaron las mayorías en el Congreso cuando hicieron la reforma electoral, el cálculo probable del umbral está entre 420.000 y 450.000 votos que los partidos sin clientela visible resentirán más. Así  que según esto, en últimas, sería mejor que los que votan en blanco se abstuvieran, para no renunciar a sus convicciones. 

Yo diría que sería importante, puesto que en Colombia a la abstención casi nunca se le quiebra el espinazo, es tiempo de pensar, y aplicar de una vez por todas, extender el conteo válido de la abstención con los mismos efectos que el voto en blanco, para develar el “oculto misterio” de la democracia liberal. Y de contera hacer más onerosa la compra de votos, el clientelismo abierto y encubierto. Al tiempo que se realiza la fantasía novelesca plasmada por el premio Nobel, José Saramago, uno de estos domingos.

UNA SOLUCIÓN AL ENTUERTO

                                                                 La tendencia registrada por los encuestadores nos indica que  el voto en blanco para Congreso, era  19,2 por ciento, según Datexco. Parecería indicar una cualificación en los votantes, quienes, guardadas distancias y tiempos, en cambio, para las mismas fechas, anuncian una intención de voto en blanco de 41,5 por ciento, a menos de dos meses  para la  presidencial de 25 de mayo.

A hoy el voto en blanco  más que duplica  la tendencia en la elección para el Congreso. Lo cual, pienso, es inteligente en la medida que en el legislativo se va a disputar la viabilidad de los Acuerdos de paz. Se trata de enfrentar y derrotar con argumentos y votos a los anunciados bloqueos del Partido de la guerra que tiene en el “Centro Democrático” a su principal adalid, y a un aliado estratégico, el partido Conservador, que esta vez pesca por separado, haciendo cálculos de autonomía, para jugar con “manos libres” un juego, donde pareciera que el ganador presidencial será Juan Manuel Santos.

De otra parte, el voto en blanco para la elección presidencial de mantener su incremento para el 25 de mayo, podría llegar a un 20 por ciento, en cuyo caso habrá una fuerza de reserva por fuera de la liza electoral, que con sostén en los movimientos sociales, los partidos de izquierda y con real vocación democrática le pondrían gente y programa a la Constituyente Social, que saca a la gran mayoría de la sociedad civil que anima el larvado proceso de revolución democrática de su condición de títere de la guerra a lo que pacten los guerreros en La Habana.

Por eso, es muy importante que en la actual elección se vote a la gente que tiene probaba vocación por la igualdad social, y que representa directamente los intereses de los tratados desigualmente, los excluidos, los oprimidos de Colombia, en su pluralidad, que requieren una sólida representación en el Congreso. Estos aspirantes a ser  congresistas hacen parte de un partido transversal, el partido de la igualdad real, que no es lo mismo que la igualdad ante la ley, sino más que eso: la lucha por hacer efectiva la igualdad de condiciones para hacer efectivas las libertades, que no existen en el tercer país más desigual de la tierra.  Eso es lo que dice el artículo 13 de la Constitución Nacional, pero ningún gobierno, incluido el de Santos lo han intentado plasmar.

Por supuesto, este tendrá que ser un ejercicio constituyente, sin lo cual no hay democracia, sino en el mejor de los casos remedos del ejercicio liberal de la democracia que confunde derechos con trasformaciones materiales que los hacen efectivos. 

LA URGENCIA DE LA PAZ DEMOCRÁTICA

                                                     El presidente Juan Manuel Santos se ha jugado por la paz  con condiciones, frente al programa social y económico de los subalternos que en La Habana representan, o quieren representar las Farc-Ep.  Tales  reivindicaciones, la transformación de la estructura de la propiedad, la autonomía de las zonas de reserva campesina, una reforma democrática de la educación superior, con autogobierno de sus estamentos, educación pública gratuita a todos los niveles.

Igualmente, el servicio de salud para todos, con tratamiento eficaz, no discriminatorio para los enfermos, con control democrático, directo de sus ejecutorias, y no la sanguijuela de las EPS; el crédito bancario sin usura son asuntos que implican transformar la estructura capitalista que tiene Colombia, donde no es la eficiente gestión de los recursos, sino el ejercicio depredador del capitalismo político que se apodera de los baldíos, de la plusvalía y de los servicios públicos para lucrarse de su explotación sin el menor de los escrúpulos.

Se trata, si hablamos de Constituyente Social, de colocar la igualdad social como bandera, de desmercantilizar la vida, de avanzar en medidas anticapitalistas viables sin medidas demagógicas. Se trata de decir la verdad, situada, espacial y temporalmente, esto es ser revolucionario. Es el modo de enfrentar a la guerra social con la revolución democrática que reclama el concurso decisivo de todos los ciudadanos.

Es muy probable, que en Colombia el voto en blanco no derrote a los candidatos presidenciales, pero si persuada a hacer una alianza democrática y de izquierda para la presidencia, que vaya más allá de esta, y que sea en plural capaz de construir un frente efectivo por la Constituyente Social inmediatamente después del 9 de marzo, sin argucias.

Para enfrentar las tragedias de la representación política, y pasar a la madurez que reclama la participación, que es ejercicio democrático de pensar y actuar en consecuencia con el concurso de los muchos, sin ocultar su condición plural, y sin aplastar su singularidad.

El Ciclo Electoral Colombiano

TIEMPO DE DECIDIR: CONSTITUYENTE SOCIAL Y VOTO EN BLANCO.
Miguel Angel Herrera Zgaib.

Grupo Presidencialismo y Participación
presid.y.partic@gmail.com

En pocos minutos los colombianos que votarán acudirán a las urnas y lo harán hasta las 4 de la tarde, cuando si aún se encuentran en la fila perderán la ocasión de ejercer a plenitud el ritual de la representación política que renueva en su mente y corazón "el misterio sabido" de la participación tal y como se socializa en las democracias liberales.

DATOS Y PRIMERAS CONJETURAS

                                        Según las cifras de la Registraduría del estado civil hay un potencial total de 32´795.962 sufragantes para el 2014. Durante el año 2010 el número era inferior en casi dos millones, que es la que resulta de restar 29´852.099. Sin embargo, el propio director de esta oficina nacional aventura que de estos votarán 16 millones, mientras que Alfonso Portela, el registrador delegado para asuntos electorales pronostica que no pasará de 12 millones.

Para empezar a hacer vaticinios, la votación de este 9 de marzo fluctuará entre los 13 y 14 millones, en el mejor de los casos. Lo cual supondría que tendríamos una abstención entre el 56 y 58 %. Además, Según la última encuesta divulgada el pasado 2/03/14, por la firma Datexco, sl voto en blanco estaba en la percepción ciudadana en 19.2 por ciento para senado.

Es posible que al cierre de las elecciones, el voto en blanco haya superado el 10 por ciento, es es, superior a la cifra de 9 por ciento, registrada en la primera elección presidencial de Uribe, en mayo de 2002. Sin embargo, aquí se trata de voto en blanco en la elección congresional, y ello puede ser indiciario de lo que pueda ocurrir el 25 de mayo, si se desinfla el número actual, 41,5 por ciento, según lo reportado por la encuenta de Datexco, divulgada el pasado domingo 2 de marzo.

Dicho lo cual, y puesto que a partir de este viernes se perfila el quehacer regular de los presidenciables, es posible que el voto en blanco en mayo pueda llegar al 20 por ciento, lo cual más que duplicaría los topes obtenidos desde que se cuenta y se valora en los procesos electorales nacionales, regionales y locales, con un solo caso de triunfo efectivo, en el municipio de Piedras (Tolima).    

En materia de comportamiento electoral en general, a hoy, vistos los reportes de percepción ciudadana, después de las preferencias por el Centro democrático, 23.4, el voto en blanco ocupaba el tercer lugar, porque el primero lo sigue encabezando la abstención, que como lo he sostenido en otros análisis ya fue contada en votaciones distinta a la escogencia de gobernantes. Tal fue el caso del referendo que perdió Uribe Vélez, en todos, menos un punto, durante su primera presidencia.

Sobra decir que esto último, la abstención no entraña ninguna novedad en el comportamiento electoral de Colombia como el de Estados Unidos, para no quedarnos solos. Pero, lo que sí es nuevo, y preocupa a los gobiernan, y motiva a los que por lo general no atiendan a los resultados electorales, es la tendencia ascendente del voto en blanco que alcanzó a registros nunca vistos.

Será tarea de los responsables de las campañas de aquí en adelante, y de los encuestadores quebrar esa tendencia, como en parte ocurrió, de manera exitosa cuando Uribe Vélez fue electo, y la firma Ipsos Napoleón Franco & Cía, una de las más diligentes, porque a menos de 10 días, el voto en blanco era cercano al  20 por ciento.

Los mayores electores potenciales están ubicados en Bogotá, 5.188.905, la sigue el Departamento de Antioquia, 4.241.489, Valle, 3.230.328, luego Atlántico, 1.690.735, Cundinamarca, 1.658.905, y Santander, 1.550.600, los "pesos pesados" en los ejercicios electorales regulares. Para un total parcial de 17.560.962 electores, que restado del total de posibles votantes arroja este resultado: 15.235.000 aproximadamente, que corresponden a las restantes 28 circunscripciones electorales, que incluye a la de los colombianos en el exterior.

LA COMPOSICIÓN ANTERIOR DEL CONGRESO

                                             En el año 2010, el poder legislativo estaba compuesto por 102 senadores, con la mayoría en poder del partido de la "U", 28, que construyó luego una propuesta de Unidad nacional, a la que se unieron Liberales, 17, Cambio Radical, 8, y Partido Conservador, 22, circunstancialmente. El total de senadores es de 102

Las demás fuerzas, incluidos el Polo, 8, Partido Verde, 5, no lograron hacer contrapeso como oposición efectiva en materia electoral en ningún caso. La diferencia la hizo la ciudadanía movilizada en caso relevantes como la educación y la justicia, y en menor medida, los campesinos, en las movilizaciones del último año.

En la cámara, el partido de la "U" tuvo 48 representantes, inicialmente, Liberales y Conservadores 36 cada uno, Cambio radical 16. Con esas cifras controlaron la producción legislativa en la primera instancia también. Las fuerzas de oposición congresional fueron con altibajos, el Polo, 5, Partido verde, 3. No hubo asignación de curul para las minorías políticas. El total de representantes es de 166.

En 2010, el total de candidatos inscritos para senado fueron 846 y para cámara 1634, para un total de 2480. Para este año se inscribieron 773 para senado, y 1528 para cámara, para un total de 2301, sin contabilizar los inscritos para las elecciones a parlamento andino, que fueron 63 y 23 ahora. En totales disminuyeron las postulaciones para congreso en 179, y para la instancia andina en 40.

En materia de géneros, las mujeres son ya la mayoría, que se ha incrementado también entre 2010 y 2014, como potenciales votantes. Antes era de 15.499.591, y para este año es de 17.043.963. Y el departamento de Vaupés sigue siendo el que menor número de electores tiene, 19607.

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LA RENOVADA GEOGRAFÍA DE LA INFAMIA ELECTORAL

En este, y en los demás departamentos, las fuerzas políticas tradicionales especializan sus esfuerzos y multiplican sus recursos para obtener los mejores resultados, acudiendo a todos los medios a su alcance. Con estas cifras, la pregunta que se hacen los analistas, teniendo en cuenta el antecedente de la para-política, con 61 congresistas en la cárcel, y 131 aspirantes al nuevo congreso con lazos non sanctos, qué tipo de renovación podrá ocurrir después que pase esta jornada.

Adicional a lo cual se señala que el costo del voto se ha disparado, siendo Soledad (Atlántico) la que puntea, donde se pueden pagar los votos entre $150.000 y $160.000. Pero se señala en promedio, que se paga por la pacha, cámara y senado, $160.000, en buena parte del país.

Hay otra novedad, una inflación de las expectativas con respecto a quedar excluidos varios partidos, por no adecuarse a lo dispuesto por la ley electoral, que señala que es posible que el 3 por ciento vaya de 420.000 a 500.000. Lo cual puede conducir a que haya candidato que solo obtengan altísimas votaciones, pero pierdan la elección porque el partido no obtuvo los mínimos requeridos. 

Las números señalan este tipo de riesgos en el Mira, atravesado por el escándalo de las financiaciones y fortuna de la familia Moreno Piraquive, el PDA, descuartizado por la corrupción en Bogotá, y Alianza Verde cuyos asociados solo tienen en común, por ahora la preocupación de no perder el registro, y elegir congresistas. Y está, por supuesto, la UP, que  regresa a las elecciones después de haber padecido el más vergonzoso genocidio en la historia de la segunda mitad del siglo XX, en materia de representación política.

Según la MOE, hay un riesgo de fraude de 410 municipios, frente a 297 en el 2010. Y los famosos diagnósticos de votaciones atípicas tienen a Soledad en primer lugar, donde la inscripción de cédulas para la votación de hoy pasó de 7 por ciento al 16. 4.  Se habla que el riesgo de violencia subsiste en 92 municipios, en las llamadas zonas calientes de la geografía nacional, donde Bacrim y guerrillas aun tienen comportamientos intimidatorios, y candidatos por debajo de cuerda.

El hecho es que el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, contabilizó más de 5.000 denuncias, que están concentradas en Antioquia, 25 municipios, Cauca, 24, Chocó, 18, Córdoba, 15, Norte de Santander, Valle y Nariño con los mismos guarismos. Para evitar abusos manifiestos se movilizarán 266.000 soldados y policías. Tal es la geografía variopinta de la infamia en un país que se sigue autoproclamando democrático en su constitución.

AVISO ESPECIAL

INVITACIÓN:

Bienvenidos todos los interesados al Primer Foro. Palabra y Acción. 10 de marzo, 4-7 pm. Auditorio Camilo Torres, Fac de Derecho. Universidad Nacional. Información adicional; presid.y.partic@gmail.com, telefax: 3165000 ext. 10968.  Cupo limitado, inscripciones abiertas.

DOCUMENTOS  PARA EL PRIMER FORO PALABRA  Y ACCIÓN: 

ELECCIÓN Y VOTO EN BLANCO. CONSTITUYENTE SOCIAL Y PAZ DEMOCRÁTICA .

Nuevos escenarios políticos en el horizonte

Decio Machado

Rebelión

                                                               Cabría comenzar por señalar lo evidente: tan solo un año después de que las últimas elecciones presidenciales y legislativas (17 de febrero de 2013) arrojaran una votación del 57,17% para el presidente Rafael Correa y del 52,30% para los asambleístas de Alianza PAIS -lo que significa el control del 69,5% de los curules en la Asamblea Nacional-, el mapa político ecuatoriano se ha transformado. Las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero permitió que el oficialismo se posicionara en diez gobiernos provinciales (cuatro de ellos con alianzas) de los veintitrés en disputa, mientras el Pachakutik obtiene cuatro (tres amazónicas y Cotopaxi), SUMA otros dos (Bolívar y Pastaza), quedando los demás repartidos entre CREO, MPD, Avanza, Partido Sociedad Patriótica y los movimientos locales Integración Democrática en el Carchi y Participa en Azuay –ambos derivados de la ya inexistente Izquierda Democrática-.

 Respecto a las capitales provinciales cabe significar el importante sumatorio de derrotas electorales de Alianza PAIS en plazas que antes controlaba, como es el caso de Quito, Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, Portoviejo, Santa Elena o una ciudad de envergadura estratégica como es el caso de Manta. Entre las 10 ciudades con mayor población del país, Alianza PAIS solo gana en Durán (Guayas).

Los grandes beneficiados de este proceso electoral son SUMA y Avanza, quienes en alianza se hacen con Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras el primero además gana en Quito, Portoviejo, Guaranda y Puyo, quedando en manos del segundo las alcaldías de Latacunga, Ibarra y Ambato. A parte de esto, el crecimiento de ambas organizaciones políticas en el conjunto del país es relevante, dejándole a CREO con tan solo con las alcaldías de Babahoyos, Riobamba y Azogues, de las ciudades relevantes. Sin duda los recientes resultados electorales permiten lecturas diversas que pueden ser realizadas desde diversas vertientes. Destacaré las que considero más interesantes:

• Los resultados electorales evidencian un cambio en la correlación de fuerzas en el área política de los conservadores.  

Si hace apenas un año CREO se pretendía consolidada como segunda fuerza electoral en el país tras obtener el 22,68% de los votos presidenciales, resultados muy por encima del Partido Sociedad Patriótica (6,73%) y SUMA (3,90%), en estos momentos pasa a ser SUMA la organización referencial de la derecha. El hecho de que SUMA, en tan corto plazo de tiempo, se haya convertido en el único partido capaz de posicionar un presidenciable con aspiraciones serías en el ámbito de una futura y más que posible plataforma política electoral que conlleve la unidad de la derecha, viene a indicar que también el ámbito conservador las cosas se transforman. 

La derecha ecuatoriana está asumiendo versiones modernas, más tecnocráticas, más socialmente presentables y más novedosas respecto a su vieja partidocracia y el posicionamiento del segundo banquero del país como líder de la oposición conservadora. Por otro lado, el desarrollo del último tramo de la irrisoriamente denominada “Batalla de Quito” significó un empujón para otras candidaturas de SUMA a nivel nacional, lo cual se dio a través de la triunfadora de Mauricio Rodas, fenómeno político que hasta el momento tan solo era capaz de irradiar en el país el presidente Correa. CREO por su parte, pasa a ser el gran perdedor de estas elecciones, dada su incapacidad para posicionar a sus candidatos a las dignidades en los ciudades más importantes del país, quedando sus opciones en estos gobiernos provinciales muy lejos de significar alternativa alguna.

• Error estratégico de campaña y su lectura política.

La campaña electoral de Alianza PAÍS se basó a nivel nacional en la figura del presidente Correa. Desde Augusto Barrera en Quito hasta el aspirante a vocal en la junta parroquial más pequeña del país, dispuso de una estrategia gráfica de campaña que se resumió en posicionarlo bajo el abrazo del Presidente de la República. Esto se plasmó bajo el discurso estratégico de todos “somos un equipo” en el cual como líder indiscutible ejerce el mandatario ecuatoriano. 

Argumentalmente los candidatos oficialistas incidían una y otra vez en que eran la representación en la tierra del “compañero presidente” y de la revolución ciudadana en sus respectivos territorios. El argumento político era precario y muy poco institucional: sería a través de los candidatos de Alianza PAIS por donde se canalice el desarrollo territorial y sin el oficialismo en los diferentes estadios del poder local, no llegaría adecuadamente la inversión del gobierno central y por lo tanto no existiría una modernización acorde con la evolución a nivel nacional. A lo largo y ancho del país, la imagen del presidente Correa se volvió a extender a través de propaganda gráfica por doquier. 

Las cadenas radiotelevisivas gubernamentales y los medios de comunicación al servicio del oficialismo también fueron herramientas eficaces para el desarrollo de este culto a la personalidad presidencial. Es por ello que sorprende la negación por parte de Alianza PAIS y del propio “compañero presidente” de entender que al igual que se busca un resultado positivo a través de dicha estrategia, si el resultado es negativo también debe ser interpretado bajo esos mismos parámetros. El voto no oficialista en unos comicios presidenciables pone en cuestión la continuidad del proyecto político y los múltiples indicadores positivos que se han desarrollado a través del actual gobierno, sin embargo dicho voto a nivel local manda un mensaje claro que va más allá de lo que respecta al candidato votado y a la política local. El mensaje ciudadano expresado el 23 de febrero tiene mucho que ver con lecturas nacionales e incluso internacionales, en el sentido de que una gran parte de la población expresó su disconformidad con las políticas de confrontación actualmente impuestas desde el Palacio de Carondelet.

El correísmo endosa la culpa de su pérdida más grande, la ciudad de Quito, a la falta de estrategia política y de carisma de la candidatura de Augusto Barrera. También responsabiliza acertadamente a una gestión municipal que, habiendo sido la que mayor inversión ha recibido desde el gobierno nacional, nunca fue capaz de rentabilizarla políticamente. Sin embargo, es evidente que una parte del voto le estaba diciendo al gobierno nacional que esta forma de gobernar con excesos y demencia confrontativa no le gusta, y que no le gusta por lo tanto la injerencia en la justicia desde el Ejecutivo, al igual que no le gusta el estilo político reflejado en la resolución del tema del aborto por violación en el Código Penal, así como no a su vez tampoco le gusta la descalificación permanente y el escarnio sabatino al que son sometidos los oponentes políticos al gobierno. 

Pero posiblemente lo que menos le ha gustado a este importante sector de la ciudadanía es el ridículo internacional expresado en los medios de comunicación más importantes del planeta fruto de la persecución política sobre un caricaturista ecuatoriano con gran sentido del humor y alta calidad en sus trazos. Por último, otro factor a considerar como de incidencia negativa fue la demagogia política expresada por boca del presidente Correa cuando definió como traidores a la “revolución” y al proceso político a cualquier disidencia interna, entendiendo que cualquier voto que no fuese dado a su candidato en Quito y por extensión al resto del país era un voto para los agentes del imperialismo internacional.

Este hecho que hizo que mucha gente reflexionase sobre las imágenes que de forma cotidiana se sucedían en sus pantallas de TV desde Venezuela, donde más allá de las tramas internacionales existentes, hay un sector de la población que está expresando su descontento con escasa audiencia por parte del presidente Nicolás Maduro. En todo caso, el comportamiento electoral referencia que la ciudadanía priorizó la capacidad de liderazgo local independiente de la gestión del gobierno nacional y del carisma algo tocado en esta ocasión del líder único de Alianza PAIS. 

Por otro lado, el elector ecuatoriano tampoco ha encontrado grandes diferencias entre la gestión municipal de Alianza PAIS y la de sus opositores. El oficialismo ha sido incapaz de desarrollar un modelo de gestión y de ciudad diferente a la pretendida ciudad planificada de la cual se visualizan escasos resultados en sus barrios más populares y periféricos. En Quito el municipio llegó incluso a pensar que hacer parques en el Sur era mirar hacia el Sur y en Guayaquil la política del gobierno nacional a base de desplazamientos forzados y violentos contra la población marginal incluida la quema de sus viviendas pretendió contar con el apoyo de sus víctimas en aras a un modelo planificado de “guetto” construido sobre miles de viviendas impopulares que no superan los 39 metros cuadrados. 

Los impuestos y sanciones desproporcionadas fueron elementos estratégicos que sirvieron como “arietes” para los partidos conservadores en las ciudades bajo gestión oficialista. Por último, otro elemento a valorar fue la absolutista desconsideración y falta de respeto al sentir de las bases militantes de Alianza PAIS, lo que conllevo a la imposición de diversas candidaturas desde Quito hacia los territorios periféricos, situación que benefició a algunos familiares y amigos del poder pero profundizó el descontento y la decepción entre las filas verde flex.

• Los resultados electorales en territorios afectados ponen en cuestión la política extractivista del gobierno nacional.

De la lectura respecto a los resultados electorales en los gobiernos provinciales de Cuenca, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, cabría deducir que en los territorios afectados por el “planificado” desarrollo de la minería se estaría reflejando el rechazo local a las formas y lógicas por las cuales pretenden ser implementadas las políticas nacionales de perfil extractivista. El conflicto desde el gobierno nacional con Paul Carrasco, Marcelino Chumpi y Salvador Quishpe, parte de la base de que estos consideran sus provincias desde el ámbito de la diversificación de actividades productivas, donde la minería en todo caso no sería más que una de ellas, sobre la que habría que negociar como implementarla y no por ello ha de ser la más importante. 

Destaca por parte de los prefectos reelegidos la defensa de la minería artesanal, donde se reconoce la necesidad de políticas adecuadas para el sector pero no su ilegalización y criminalización, así como una apuesta por la producción limpia, teniendo en cuenta las particularidades hídricas y agropecuarias de sus respectivas provincias, así como su potencial turístico. Pero más allá de la posición de los líderes anteriormente mencionados, se evidencia que sus respectivos movimientos políticos, especialmente en la región amazónica, están construidos por sectores sociales que se oponen claramente a los pretendidos megaproyectos mineros, lo que avizora un horizonte conflictivo a corto y medio plazo. De igual manera, quedó aplazado en el tiempo la obtención del “trofeo de caza” que para el oficialismo suponían las “cabezas políticas” de Salvador Quishpe y de Paul Carrasco en ese mismo orden. 

La estrategia de la derecha

La condición de fuerza mostrada por Mauricio Rodas (SUMA) en Quito frente a su rival en el espacio político conservador, Juan Carlos Solines (CREO), momentos antes del comienzo de la campaña electoral era el síntoma de que SUMA había ganado la posición entre los conservadores. No había mucho que discutir, Rodas era el hombre a disputar el segundo cargo político más importante en el país, mientras a CREO se le dejaba únicamente la disputa por una más que perdida candidatura a la Prefectura de Pichincha. El caso de CREO en Guayaquil es similar con respecto a Jaime Nebot y Madera de Guerrero. Ante esta situación el discurso de CREO fue claro. Conscientes de sus escasas posibilidades electorales -Solines no vendía ni una cacerola en Quito y los resultados de César Monje en Guayas hablan por si solos- ponían por encima del coyuntural conflicto de intereses la capacidad de entendimiento para las presidenciales y legislativas del 2017. 

El discurso de Rodas durante el proceso electoral también evidencia su apertura al debate y acuerdos con otras fuerzas políticas, con lo cual ahora este joven neoliberal debe sortear el obstáculo de que significa el que su gestión como burgomaestre pudiera ser entendida por los quiteños como un mero instrumento dirigido hacia un salto político más importante: el sillón presidencial de Carondelet. Si Mauricio Rodas, a pesar de todos los problemas con los que se enfrentará, es capaz de vender una gestión positiva en Quito durante los próximos años, el bloque opositor al actual gobierno podría engrosar sus filas incluso con partidos que hoy, confusamente, se consideran como aliados del correísmo tal y como es el caso de Avanza. 

Esta organización política, sorprendentemente construida al calor y color del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), ha demostrado manejar un buen caudal de fondos así como tener la sagacidad de reclutar sus candidatos locales entre distintos líderes territoriales descolocados de la partidocracia y también del oficialismo. Avanza, una especie de centro político que se autodefine como “socialdemócrata”, perfectamente podría reapuntar sus orientaciones estratégicas en función de hacia donde “sople el viento”, tal y como lo ha demostrado en distintas alianzas electorales locales en estos recientes comicios. 

La referencia anterior tendría que ver con una nueva coyuntura para el Ecuador en el plano económico. Al respecto, cabe señalar que las divisas emergentes están en “caída libre”, y que la desaceleración de la economía china, de sostenerse, podría golpear a las “economías abastecedoras” –países suministradores a China de productos primarios-, lo cual sumado a la burbuja crediticia de algunos países estratégicos –en Wall Street definen a Brasil, India, Sudáfrica, Turquía e Indonesia como los “cinco frágiles”- podríamos encontrarnos en el breve plazo en una renovada recesión global. 

En resumen, a lo que asistimos, aunque no sea expresado de esta manera, es a un problema que tiene que ver con la demanda global efectiva y la lógica del “crecimiento” como orientación ideológica. Las crisis cíclicas del capitalismo no son más que el método normalmente utilizado para eliminar periódicamente la disensión existente entre la ilimitada capacidad extensiva de la producción y los límites intrínsecos de los que dispone el mercado, convirtiéndose en los mecanismos a través del cual el capital reafirma su autoridad como precondición para todo lo demás. Si como anuncian los analistas más agoreros y parece ser verdad, se avecinan nuevas tormentas, el gobierno de llamada revolución ciudadana afrontaría durante este período de gestión problemas que hasta ahora no ha tenido que confrontar en sus más de siete años de gobierno. 

Efecto de los resultados electorales al interior de Alianza PAIS 

El impacto de los resultados electorales, principalmente en Quito, Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas e Ibarra, así como la pérdida del Gobierno Provincial de Imbabura, ha desatado cierto “revoltijo” al interior del oficialismo.

Dejando claro de antemano que la figura de Rafael Correa no está ni mucho menos en cuestión, se están levantando voces que inciden en la necesidad de limpiar Alianza PAIS de oportunistas políticos con agendas propias, burócratas de despacho desconocedores de la realidad en las calles, y de allegados a la cúpula de poder –ministros, asesores, colaboradores y altos funcionarios de diversa índole- más comprometidos con sus intereses personales que con el proyecto "revolucionario”. Ante esto en el sector oficialista se está desatando un contra-discurso que hace referencia a una “supuesta” trama internacional que entre otros objetivos, tiene la finalidad de debilitar al oficialismo a través de luchas intestinas, y que en momentos como este la unidad y disciplina orgánica es fundamental, intentándose limitar así el debate interno y la autocrítica democrática. 

A estas alturas del viaje en la historia universal de la lucha de clases, resulta que las tramoyas del imperialismo y los intereses extranjeros son el elemento por los cuales se debe censurar la crítica y la auto-crítica en los movimientos que se llaman a si mismos emancipadores, algo patético que recuerda a socialismos que no son precisamente del siglo XXI. 

Parecería el momento adecuado para que al interior de Alianza PAIS se desarrollara un debate orgánicamente estructurado en el cual se analice su modelo organizativo, la necesidad del debate interno, así como la expresión de tendencias que más allá de avalar las políticas gubernamentales en materia de inversión social y obra pública, se centre en el ámbito del programa político, el proyecto, la fórmula de liderazgos y los modelos de toma de decisiones al interior del partido oficialista. Un punto de inflexión de estas características, lo que significaría una verdadera catarsis interna para el partido de gobierno, aparece como un horizonte más que lejano ante las realidades actualmente existentes, aunque no por ello debería ser dejado de lado por los sectores que todavía consideran a Alianza PAIS como una herramienta de transformación social. 

En todo caso, nos hace arrugar el ceño que el propio presidente Correa, lejos de arrogarse autocrítica personal alguna, posicione este fracaso electoral en la falta de una política de alianzas adecuada y en el supuesto sectarismo existente al interior en su frente político. Ambas condiciones, sumadas a puntuales errores estratégicos y falta de reacción rápida en la campaña, son suficientes para el mandatario como explicación de los resultados electorales del pasado 23 de febrero. Entre lo poco que queda al interior de Alianza PAIS de sectores a los que podríamos definir como “progresistas”, el sector “barrerista” es posiblemente el baluarte más importante. 

Estos resultados negativos presuponen la caída de los responsables del frente político, lo que señala a la actual titular de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, Betty Tola, y con ella, un amplio espectro de burócratas que se referencian como sector ideologizado al interior del mundo verde. De igual manera, el bloque “barrerista” que se había consolidado en el municipio quiteño pagará sus errores al interior del organigrama de pesos políticos de Alianza PAIS, como lo ha de pagar también con su debilitamiento los entornos de Virgilio Hernández en la Asamblea Nacional. 

Por regla de tres inversa, se hace más que evidente que los beneficiarios de un proceso de estas características es el sector más conservador al interior del Ejecutivo y del partido oficialista. Otro de los sectores debilitados en esta contienda es el grupo que pretende autodefinirse como “intelectual”, los llamados “príncipes" del pensamiento correísta. Situados estratégicamente en sectores que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, la investigación y la ciencia, este grupo y su entorno se manifestaron prolíferos en la redacción de cartas y posicionamientos públicos que más respondían a sus egos personales y pedanteria que a cualquier estrategia electoral efectiva para frenar el avance de la derecha. 

Sin duda pocos de ellos, por no decir ninguno, ha militado en las barricadas políticas que históricamente han protagonizado los movimientos sociales en el Ecuador, lo que les lleva a entender la política desde la lectura de concienzudos análisis sociológicos y nobles metodologías académicas, que se expresan en exuberantes documentos escritos publicados por sus correspondientes ministerios y el IAEN, pero que se mostraron como poco útiles a la hora de comprender las estrategias conservadoras y organizar a los sectores de resistencia neoliberal, precisamente esos a los que los susodichos ahora definen en un alegado a la "modé" progresista como de pos-resistencia. 

En estas condiciones y teniendo en cuenta que ante las presidenciales del 2017 estaría abierto –salvo que el presidente Correa revisase su decisión de no reelegirse- la pelea por el “delfinazgo”, todo apunta a que el candidato mejor posicionado es el actual Vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien ya cuenta con una importante partida presupuestaria en posicionamiento público a través de sus propias cadenas gubernamentales y el apoyo del ala más conservador del Ejecutivo.

La lectura del presidente Correa sobre la carencia de una política de alianzas adecuada, conlleva un mensaje soterrado pero claro: entenderse con Avanza antes de lo que haga la derecha, así como con algunas fuerzas políticas locales que poco tienen que ver con lógicas políticas que apuestan por la transformación social en el país. Quedaría entonces como escenario inmediato, la conformación de un amplio bloque político que incorpore aun más y diversas sensibilidades del espectro centro y de la centro-derecha. 

Dicha situación cerraría la brecha para un debate político interno posicionado desde las visiones de los sectores más progresistas del oficialismo y su orla social, lo que constatará en la práctica que el partido de gobierno se mantenga lejos de buscar opciones económicas alternativas al capitalismo, manteniéndose como objetivo la simple reforma de dicho orden: aminoración de los excesos del capitalismo y una búsqueda por insertar al Ecuador entre los países “privilegiados” de la periferia más cercana al centro del sistema mundo. 

En todo caso, queda para el debate esta peculiar estrategia de emanciparse del mercado internacional de commodities a través de profundizar el extractivismo o educarse para el Sumak Kawsay a través de académicos extranjeros que poco o nada han oído hablar sobre tal concepto andino. Más allá de lo anterior, parece poco discutible que esta posición sustenta las relaciones de dominio capitalista, bajo el criterio de estas podrán ser transformadas por medio de reformas legales al interior del sistema –nuevo revival de la tan inmortal como absurda idea de la revolución por fases-, olvidando que dichas relaciones no son la consecuencia de leyes burguesas, sino del fruto del propio desenvolvimiento económico. 

Sin duda olvidan los “príncipes" del pensamiento correísta que cuando el keynesianismo quebró en Europa, no fue porque los Estados destruyeran las organizaciones obreras con las que se había concertado el sistema durante más de cuatro décadas, sino porque el capital vio como inviable mantener un modelo económico donde su tasa de ganancia había menguado ya de forma ostensible. 

La situación de la izquierda social y política fuera de Alianza PAIS y su entorno. 

La izquierda desde hace más de un siglo comete a nivel planetario el error de pensar que el marxismo tiene el monopolio de la emancipación, ignorando que dicho pensamiento no es más que un meeting point, y no un sistema acabado ni un dogma de fe religioso a transmitir a cada vez menor número de feligreses. En el marco ecuatoriano, la implementación en los primeros peldaños de un pretendido “Estado de Bienestar” que es confundido conceptualmente con el término ancestral kichwa Kumak Kawsay, ha restado urgencia a las luchas anticapitalistas existentes antaño, generando una crisis existencial en las organizaciones populares que en años anteriores destacaron en sus resistencias contra las políticas de la tan manoseada “larga noche neoliberal”. 

Esta situación deriva en la condición de que desde la autodefinida “izquierda real”, se haya tenido muy poco que aportar en el debate sobre intervencionismo estatal en la economía; el desarrollo de la sociedad de consumo; el cada vez mayor desarrollo tecnológico; la nueva organización del trabajo; o la reactualización del colonialismo económico, cultural y académico, entre otras cuestiones. Es así, sin querer queriendo, que en Ecuador, los movimientos populares y las organizaciones políticas a la izquierda del correísmo se han ido convirtiendo en algo inútil para aportar políticamente hacia algo nuevo. Tanto es así, que el debate político se desplazó a la Academia, quedándose en el marco de un frustrante juego semi-intelectual que en la mayoría de los casos carece de realidad política.

 El resumen de esta cuestión es que la mayoría de las organizaciones populares hacen sus esfuerzos por encajar de forma adecuada con el nuevo capitalismo posneoliberal reformado y puesto en marcha por la revolución ciudadana, mientras dicho planteamiento es defendido discursivamente por los cortesanos de la "intelectualidad oficialista" bajo el criterio gramsciano de bloque popular-nacional en aras a un lógica de alianza interclasista que busca la consolidación de una supuesta nueva forma de hegemonía. Por parte de la izquierda a la izquierda del correísmo, la realidad no es mucho mejor: no se ha sido capaz de generar contra-modelos, y los discursos en defensa de la Constitución de Montecristi, los derechos de la naturaleza, el discurso anti-extractivista o sobre la esencia misma del Buen Vivir, quedan cortos e inadecuados para dar respuestas a una sociedad que demanda cosas concretas en el día a día de la realidad política vigente y no atisba a distinguir conceptos tal discutibles como: “revolucionarios buenos vs revolucionarios malos” o el “proyecto traicionado” de la revolución ciudadana. 

En lo concreto, esta cuestión significa seguir viendo a los partidos de la vieja izquierda ecuatoriana luchando por su supervivencia electoral con base en programas centristas eclécticos que no parecen inspirar sentimientos muy fuertes entre la población. Sus consignas, compiten en el discurso con el oficialismo neokeynesiano, planteando que los principios de la “revolución ciudadana” han sido traicionados, pero carentes de alternativas ideológicas y propuestas concretas ante el programa de “desarrollo nacional” impulsado desde el gobierno.

En paralelo, vemos un movimiento indígena que tras casi diez años de constituida su crisis se muestra incapaz de superarla, haciendo hincapié en su imposibilidad para reconstituirse como un actor político de cambio. El movimiento indígena combina en la actualidad su expresión de rechazo a la política gubernamental en algunos territorios, mientras en otros su dirección política es empujada por gran parte de sus bases hacia un reconocimiento de las políticas públicas neo-desarrollistas impulsadas por el gobierno en el sector del agro.

 Por último, queda hacer referencia a un cada vez menos amplio abanico de organizaciones populares en situación de estancamiento que son herederos ideológicos diluidos del conato revolucionario de 1968: movimientos ambientales, feministas, de las llamadas minorías oprimidas y comunitarios de base. Estos movimientos antisistémicos, incluido el indígena, inspirados en la superación del estricto conflicto capital vs trabajo, tuvieron bastante éxito en su día al cuestionar las premisas básicas de la vieja izquierda, pero desde entonces fracasaron en consolidar una estrategia alternativa. 

En la actualidad, diversas organizaciones sociales y ONGs pretenden ser representativas en este aspecto, pero la mayorías de ellas demuestra sus debilidades asfixiadas por una cooperación internacional cada vez más menor que amenaza en transformar a este tercer sector en una especie en extinción dentro de un país ya considerado como de rentas medias. Lo anteriormente descrito condiciona a una izquierda en general muy golpeada por las estrategias gubernamentales de desacreditación a la oposición política y social, lo que se visualiza en la falta de capacidad de articulación de fuerzas “antagónicas” en los escenarios políticos actualmente existente. 

Conclusiones 

A pesar de que la factura política que hoy sufre el oficialismo no sobrepase el severo “tirón de orejas” a las formas de hacer desarrolladas desde el gobierno nacional y un Legislativo enteramente controlado por el partido de gobierno, Ecuador se enmarca en un modelo de “autoritarismo benigno” sostenido por un sofisticado control político sobre la libertad de expresión y la disidencia. El gobierno de Alianza PAIS todavía no está en riesgo, teniendo aún bastante margen para rectificar políticamente, más allá de que sea afectado por el impacto de crisis económicas exógenas a una realidad nacional permeable por un mundo globalizado. Respecto al presidente Correa, la población ya ha demostrado hace apenas un año aceptar de buena gana un contrato social que limita ciertas libertades y derechos constitucionales a cambio de disfrutar en el país de una condición económica no existente con anterioridad. 

Con respecto a la izquierda social y política, inmersos en la falta de propuestas y carencia de proyecto alternativo de sociedad, sonroja ver como al menos a una parte de esta su anticorreísmo le ha llevado a aplaudir por debajo de la mesa el reciente triunfo de la derecha. Esta situación evidencia la condición febril de su actual estado de salud política, dispuestos a quedarse tuertos con tal que el oficialismo quede ciego en esta contienda. No habrá condiciones para la construcción de un proyecto alternativo mientras desde las izquierdas no se marquen las pautas para la construcción de algo nuevo, lo que significa la superación de los espacios construidos políticamente en la actualidad. 

Como llegar a eso pasa tanto por el conflicto de ideas y la posibilidad de debate interno en Alianza PAIS -con la consiguiente construcción democrática de corrientes de pensamiento a su interior- como por la necesidad de una redefinición en propositivo de la izquierda a la izquierda del correísmo. De lo contrario, y teniendo en cuenta las coyunturas políticas y económicas que se avecinan, existe amplio campo abonado para el desarrollo de plataformas unificadoras desde los sectores más conservadores de la sociedad, lo cual reforzado por los espacios de confluencia del capital ecuatoriano e incluso internacional, abrirían la puerta a un escenario nacional de características similares a lo visto recientemente en Quito, y que podría tener graves efectos colaterales para una sociedad como la ecuatoriana que estratégicamente ha sido polarizada en aras a disputas de poder partidista ajenos a modelos de transformación radical del sistema político vigente.

http://www.deciomachado.blogspot.com/2014/02/ecuador-analisis-de-coyuntura-y-nuevos.html 

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