REENCUENTRO CON LA PARTICIPACIÓN  INSTITUYENTE. PARTE  II

                                                                  Ahora, la ponencia trata de modo preferente la participación del común, que constituye e instituye la democracia de los sin-parte, como los denomina Jacques Rancière, y que trata con detalle la ponencia de la colega investigadora Yolanda Rodriguez Rincón.[14]

Ella es el género del que la representación es su especie más diluida, que de modo regular se instrumentaliza, y sirve al inveterado dominio de las elites políticas en todas las latitudes sobre las multitudes adocenadas.[15]

Aquí, en este apartado, se exploran las más notorias y sostenidas formas de participación subalterna, por fuera del aparato de captura del sistema electoral colombiano, con el propósito de descubrir el basamento práctica, actual, de la propuesta de una Constituyente subalterna para darle viabilidad y respaldo a una paz democrática efectiva, que movilice los consensos activos suficientes que permitan, al mismo tiempo tramitar las tareas de transformación requeridas en el posconflicto.

Por lo pronto, en la realidad de Colombia, están a la vista un repertorio de arreglos institucionales, y en particular tres, que están de relativa moda: la consulta, el referendo y la constituyente, pensados como instrumentos para el refrendo de la paz que se acuerde en La Habana, al cabo de la agenda de paz por los dos campos políticos rivales en el tránsito a la paz en medio de cruentas hostilidades.

Los grupos subalternos de asiento rural, con las Farc-Ep como agrupación principal, pero no de modo exclusivo, porque vuelve a hacer fila el Eln, y a demandar respuesta del gobierno Santos;  como protagonistas que son  de la guerra social prolongada, después de una década, han interiorizado la lección de una derrota política, al no haber sabido interlocutar y promover una participación plural efectiva de los sectores y clases subalternas urbanas.

Tales son razones que exigen la interpelación y la presencia de la sociedad civil al tiempo de esta negociación, a la vez que reclamen, en razón de la madurez alcanzada, el libre despliegue del poder constituyente de una pluralidad multitudinaria. Es la que encarnan y protagonizarán los diferentes movimientos sociales, y las organizaciones políticas, que se sientan comprometidos con una paz de signo y alcance democrático.

Para ello tienen que valerse de los apartes más significativos, los artículos que  plasmaron reivindicaciones sentidas de los grupos subalternos en la Constitución de  1991, que se forjaron en los preliminares de aquellas deliberaciones que tuvieron la presencia de una tercería de izquierda democrática.

Tal es  el caso de los  artículos 3, que reinstala con arandelas jurídicas la soberanía popular; el 13 que promueve como horizonte práctico alcanzable la igualdad real y efectiva para todos los colombianos. Sin embargo, lo allí establecido no logró convertirse en un verdadero canal expedito para darle contenido a la igualdad social, que es el fundamento del  pacto de paz que se intenta por cuarta vez, y que quedó suspendido en el “tiempo maldito” de San Vicente del Caguán.[16]

LA PAZ  DE LOS SIN-PARTE

                                                                         Se trata  de la reemergencia de la paz de los sin-parte, tantas veces aplazada, la que le de paso y viabilidad a una construcción hegemónica de nuevo tipo. Este esfuerzo es el que viabiliza la potencialidad propia de una Constituyente subalterna. Es la conquista a cargo  de una fuerza política plural que se ha venido probando en sucesivos teatros de lucha, a lo largo y ancho de la Colombia profunda.

Ahora le corresponde a esa fuerza, con diferentes alinderamientos banderizos,  poner  en ascuas al bloque dominante, deconstruirlo literal y materialmente. Será el fruto de una convergencia ciudadana y popular sin precedentes, que descoyunta la dominación tradicional-carismática.[17]  Es la dominación del bloque burgués terrateniente que con el concurso burocrático e intelectual de la pequeña burguesía urbana ha reclamado para sí legitimidad jurídico-constitucional.

En el último periodo, el de la degeneración democrática, la revolución pasiva del bloque de poder con el comando de la fracción terrateniente ha  impuesto un engendro de para-república en las regiones bajo control para-político, con el terror y las armas al servicio del proyecto de estado comunitario de los grandes propietarios. Esta fue la estrategia desplegada durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, a la cual se refirió el senador Iván Cepeda en su intervención ante la comisión segunda del senado.

Pero, a la vez, esta subcultura de la para-política, el contrafuerte reaccionario de la revolución democrático de asiento campesino, choca con la  dinámica propia de la sociedad civil moderna que establece y entroniza la nueva Constitución de 1991. La república neo-liberal que construyen en conjunto, liberales, la fracción laureanista del conservatismo,[18] y la alianza democrática/M19 “fundamenta su legitimación  en una dominación legal-racional, donde el derecho  es estatuido de un modo racional, con arreglo a fines y no a valores, respondiendo a un universo de reglas abstractas y no personalizadas…”[19]

Este ensayo de segunda república liberal se hunde en la renuncia explícita que sus agentes políticos hacen a consumar, por una parte, una verdadera reforma agraria, que redistribuya la renta agraria,  y de seguridad productiva al campesinado parcelario, y garantías laborales al proletariado agrícola, movilizado por la bonanza fugaz de los cultivos ilícitos. Y de otra parte, que nacionalice la renta minera y petrolera, y con su producido libere de la pobreza y la miseria a las masas urbanas sometidas y envilecidas a las formas de subsistencia y reproducción delincuencial de sus formas de vida.

A los dos vectores expresados se suma, “el efecto globalizador de la sociedad posmoderna, de parte del mundo postindustrial,” a través de “las políticas neoliberales de apertura económica… (que) bosquejando un choque tectónico de placas legitimatorias en tensión.”[20] A ellas responden, por sobre todo, en lo política global y regional, las lógicas de la soberanía imperial que agencian los intereses de los Estados Unidos en América Latina, y Colombia en particular, cuya deuda externa crece como la espuma, en medio de una ilusoria prosperidad, que es la bandera económica de la anacrónica tercera vía con la que el presidente Santos junta dos mandatos presidenciales.

 El gendarme regional amenazado por la pérdida de mercados en Asia, donde la China es un gigante que controla buena parte de la deuda estadounidense, requiere una disciplina marcial de parte de sus socios mejor, que se acrecentó por el descalabro financiero del año 2008.[21]

Después de la cuasi-debacle del sistema financiero, con el derrumbe de Lehmann Brothers,  propiciada por la espiral especulativa que facilitó la desregulación que autorizó la unión de la banca comercial y de inversión, resultó una mayor concentración del poder del capital financiero en diez grandes entidades, que dictan políticas al gigante estadounidense.

Este tercer vector de fuerzas, interviniente en Colombia, quiere recuperar a toda costa el control sobre el subcontinente, tiene a Colombia como una de sus cabezas de playa más vigiladas; y exige una política de paz interior para desarrollar sus proyectos extractivistas y disciplinar el vecindario proclive a respaldar gobiernos nacionalistas autónomos.

LOS  BLOQUES DE PAZ Y GUERRA, Y  SUS CONTRADICCIONES.

                                                          La fuerza política plural que protagoniza la paz democrática, está enfrentada a una tensión manifiesta con el partido de la guerra, que tiene expresión principal en el Centro Democrático,  y la acción conformista del partido de la U, que orienta el acuerdo de Unidad Nacional, como abanderados del  proyecto de una paz próspera en clave neo-liberal.

El bloque subalterno en construcción, que orienta el proyecto de la Paz democrática tiene que desplegar una estrategia que recupera y repotencia en el ámbito de la sociedad civil dividida,  lo acordado y “sepultado” en San Francisco de la Sombra del 5 de octubre de 2001.[22] Para lo cual ha de  darle cabida efectiva al mundo urbano y rural, cada uno con sus diversas expresiones políticas y sociales, tal y como las conocemos hoy en día.

Para hacerlo realidad este proceso de hegemonía alternativa, sin tener el gobierno de la nación, ni tampoco haberse hecho Estado,  requiere traducir, primero en términos nacional populares, una voluntad política ciudadana capaz de cementar la interlocución entre la ciudad y el campo. Todo lo cual supone asumir la presencia activa de una pluralidad de actores organizados en torno a sus intereses manifiestos.

Bajo estas condiciones, el fenómeno de la abstención, sumada a la doble realidad de los votos nulos y blancos, junto con la categoría de los no marcados, en sintomático de la presencia potencial de una transición. Los tres hechos que  tipifican la verdad de la cultura “cívica” de la representación política entre los colombianos, en el marco pre-establecido de la negociación de paz con las Farc-ep, le fijan el rumbo a la disputa por la hegemonía entre dos proyectos alternativos.

En la acción electoral de 2014 se perfilan dos focos de poder dominante, y un contra-poder, disputándose la orientación de la sociedad civil, donde la clase media es la primera interpelada en el espacio disputado, donde su conquista, persuasiva o intimidatoria, resuelve  la clave de la hegemonía, que al no ser resuelta a lo largo de medio siglo le ha dado persistencia una crisis orgánica de larga duración.

 Animando estos puntos focales están tres proyectos políticos, uno (neo) conservador reaccionario, cuya núcleo duro es el partido de la guerra bajo la nomenclatura de Centro Democrático, CD; uno reformista (neo)liberal que configura el partido de la paz sin reformas socio-económicas radicales, nominado como Partido de la Unidad Social, PUS, y sus aliados liberales y conservadores.

El tercero es un partido de raigambre de izquierda y social-demócrata que impulsa la reforma radical con timidez, espantado por el fantasma de las insurgencias subalternas.  Este partido, sin embargo, tiene también dos alas, delineadas con ocasión de la coyuntura electoral del año 2014.

De una parte está “la progresista” que se expresó electoralmente en la Alianza Verde, y que respaldó la candidatura presidencial de Enrique Peñalosa, donde predominan el  centro donde confluyen dos tendencias, el liberalismo social y la social-demócrata.

De otra parte está la tendencia de izquierda, que colidera con manifiesta dificultad el PDA, y que concurrió a la elección presidencial en una alianza electoral problemática no resuelta con la “resucitada” UP. Esta alianza es el comienzo de un proyecto, que primero experimentó la prueba de un acuerdo electoral que se probó en la decorosa participación de las candidatas Clara López y Aída Avella en la primera vuelta de la elección presidencial de 25 de mayo, que estuvo cercano a los 2 millones de votos.

 Vendrá luego la disputa por la alcaldía de Bogotá, que pasó por el respaldo no decidido a la errática gestión de Gustavo Petro, el alcalde progresista, y partícipe del proyecto de la Alianza Verde, que enfrenta sin resolverse todavía la destitución ordenada por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

En estas escaramuzas se prueba la  suerte de la principal Alcaldía de Colombia, porque Bogotá representa el mayor precipitado de fuerzas de izquierda y democráticas,  donde se ensayan con muchos altibajos formas de gestión autónoma parcial de los grupos y clases subalternas urbanos; sujetas a los vaivenes e inconsecuencias de tres alcaldes, dos electos por el PDA, y el último, por una disidencia, el Movimiento Progresista.