¿La Pax académica?

EL PROFESOR BELTRÁN, REAL OPOSICIÓN  Y  ACCIÓN COLECTIVA DEBIDA

Miguel Angel Herrera Zgaib[1]

                                                                 La Procuraduría, a contravía de la Fiscalía de la nación, condenó al docente investigador Miguel Ángel Beltrán. Adujo como cargos “nuevos” los mismos por los que había sido absuelto. Esto dice el comunicado de Sociología de la U. Nacional que reclama respeto por las libertades académicas  y políticas, en un país descuadernado, en parte, debido a funcionarios dispuestos a ponerse de ruana las precarias instituciones extendiendo la triste divisa del “estado de opinión”, falsa perla  del proyecto reaccionario del antecesor de Juan Manuel Santos.

Repitiendo una historia inaceptable

                                                                 Los cargos contra el profesor Beltrán tienen que ver con la alegada y no probada responsabilidad criminal de este profesor de la Universidad Nacional, vinculado con  la facultad de Ciencias Humanas, siendo sociología su departamento, una institución que desde sus inicios practica la reflexión a contra-corriente de la aceptación de la autoridad como falso argumento de verdad. Así lo prueba el hecho que entre sus fundadores se contó con Camilo Torres, Orlando Fals y Eduardo Umaña Luna, quienes trataron la cuestión agraria y la violencia sin cortapisas ideológicas para alertar a la nación y corregir su rumbo.

La ordalía contra Beltrán comenzó cuando el profesor  se encontraba en la UNAM, en Ciudad de México, adelantando estudios doctorales. Fue sindicado de estar relacionado con las Farc-ep, acudiendo al expediente de comunicados encontrados en los computadores de Raúl Reyes, obtenidos en la operación de ataque al campamento de la guerrilla en Angostura, provincia de Sucumbíos en Ecuador.

Tal material probatorio, que consideró la Fiscalía en su momento, fue desestimado y el profesor Beltrán volvió a su vida académica. Ahora resulta destituido, y conculcados sus derechos políticos, es decir, su pleno ejercicio de la ciudadanía, por vía administrativa.  Al obrar así, la Procuraduría se lleva de calle la libertad de cátedra y de pensamiento, que son reglas de oro de la autonomía universitaria desde los tiempos de las primeras universidades; y pilares defendidos en América Latina con renovado vigor desde la Reforma de Córdoba, en Argentina.

A la fecha hubo varios pronunciamientos solidarios de la comunidad activa en Sociología, de los profesores del Departamento, la intercesión del decano de Ciencias Humanas ante la rectoría y las instancias respectivas agenciando como corresponde la defensa de un docente, cuyas convicciones políticas y morales, expuestas en escritos académicos, no pueden ser objeto de censura y mucho menos de sanción de ningún tipo.

Se pronunció, igualmente, la representación profesoral, el Consejo Académico de la Nacional; sin embargo, el rector Ignacio Mantilla dio su aceptación a la destitución ordenada por la Procuraduría, su superior jerárquico en materia disciplinaria, y el Consejo superior universitario, y la nueva ministra, Ginna Parody, nada han hecho para garantizar las libertades académicas seriamente vulneradas con un proceder que borra de un plumazo lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución nacional, esto es, su primer parágrafo.

No es tiempo propicio, pero sí oportuno

                                                                    Sea esta la oportunidad para que el conjunto del profesorado y la comunidad universitaria de la Nacional, y de Colombia orienten con los argumentos que las disciplinas concernidas ofrecen a la ciudadanía, y a los universitarios de Colombia, mediante una lección práctica de ciudadanía a toda la nación. Enmienden  la grave falta que comete la Procuraduría con este proceder arbitrario contra un académico, o cualquiera otro, quien en uso de los saberes y disposición crítica propias de las ciencias sociales y naturales, debata, cuestione, enjuicie con rigor las problemáticas colombianas y mundiales.

A la comunidad de pensamiento e investigación no se le puede sellar la mente y la boca, ni ponerle fronteras al pensamiento con cualquiera pretexto. La única cortapisa, por supuesto, será la que impide la utilización directa de la violencia como fórmula para deliberar o resolver los asuntos en disputa en el ámbito de estos saberes, que no es el caso del profesor Beltrán, y de otros académicos que disienten de los dictados del poder, y de los gobernantes de turno.

No es este un tiempo propicio, en la medida en que hay dos indicios protuberantes de rechazo a la democracia y a la oposición real, con la sentencia de la Corte Constitucional que falló en contra la tutela de Piedad Córdoba, contra la destitución que fuera objeto por la misma Procuraduría; y volvió a la misma conducta judicial con el caso de Miguel Ángel Beltrán, desestimando su defensa por vía de tutela.

El otro antecedente es la vergonzosa actuación de la mayoría del congreso de Colombia, la bancada del senado, incluido un grupo considerable de la Unidad nacional que lidera el presidente reelecto,  impidiendo primero la citación al senador Álvaro Uribe hecha por Iván Cepeda del PDA para una plenaria del senado. Para que aquel precisara sus actuaciones políticas frente a la para-política, y el paramilitarismo cuando fuera gobernador y con anterioridad a sus presidencias, y acerca de las cuales ha hecho mutis por el foro desde los años 80.

En Derecho congresional (parlamentario), sin embargo, el que puede lo más puede lo menos; esto es, que si se puede citar a un ministro, y hasta el propio presidente, por qué y en consideración a qué no es posible hacerlo con un congresista. Así se procedió, p.e., con Piedad Córdoba, cuando fuera objeto de acusaciones por la hoy absuelta exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien, después, la Corte Constitucional sí exoneró de cualquier cargo o responsabilidad con relación a nexos paramilitares para obtener su elección como congresista, y nada dijo acerca de su actuación con respecto a las acusaciones contra su excolega de senado

.El “(re)parto” de los montes

                                                                    Al fin se aceptó por la Comisión segunda, en lugar de la plenaria, que hubiera la audiencia para que el senador Álvaro Uribe respondiera a la citación hecha por Cepeda, lo cual ocurrió en condiciones extrañas. Uribe Vélez se ausentó de la sesión mientras Cepeda hacía su exposición, regresó para presentar su exposición, y concluida ésta abandonó el recinto.

Uribe puso “pies en polvorosa”  dizque con el argumento que iba a presentar un alegato judicial ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, confundiendo los escenarios políticos y jurídicos. No sin antes lanzar “puyas” a varios congresistas presentes en el recinto.  Y nada pasó, llevándose de  calle el derecho congresional, y burlándose en últimas de la acción de control político.

No puede, entonces, sin precipitar el derrumbe del sistema de justicia nacional, ahora, pretender que, por el contrario, que las actuaciones judiciales y administrativas dirigidas a figuras de la oposición real, liberales y de izquierda aplicarles otro rasero, como ya ocurrió con Piedad Córdoba, y con Gustavo Petro, en suspenso, por lo pronto.  

Pero, ahora se repite del modo más escandaloso  contra el encausado y absuelto profesor Miguel Ángel Beltrán, por la justicia ordinaria, quien termina destituido de su quehacer académico por la Procuraduría, y del ejercicio de sus derechos políticos durante trece años.

En apariencia no hay poder humano que detenga esta última actuación que no respeta los cánones universales que rigen los saberes académicos, donde la libertad de expresión y de cátedra no pueden confundirse de proselitismo político, para tener como consecuencia una actuación de castigo disciplinario, y/o administrativo. Así ocurrió hace unos días con el profesor Beltrán.

Peor aún, las instancias de la comunidad universitaria de su quehacer académico e investigativo se opusieron y rechazaron la decisión de la destitución, con la excepción del director de sociología, quien asumió una posición “neutral”, según se señaló en la asamblea convocada por los estudiantes de ese departamento, hecha a la entrada del edificio.

Una contra el conjuro del autoritarismo

                                                             Por otra parte, Ignacio Mantilla, el rector de la Universidad Nacional, hizo efectiva la destitución con el argumento que de no hacer lo ordenado por la Procuraduría, él mismo podría ser procesado por desacato a la autoridad con una probable  destitución. Se le propuso en defensa de la autonomía universitaria que no se confunde para nada con la extraterritorialidad ante la ley nacional, que el rector, y/o el CSU impetren una acción de inconstitucionalidad, una defensa judicial de la democracia liberal, en el frágil campo educativo.  La mencionada acción tiene en como el Consejo de Estado 100 años de existencia.

Ella misma en sí misma, es una de las pocas reglas colectivas que permiten que nuestro país tenga rasgos democráticos en medio de tanta arbitrariedad, porque permite a cualquier ciudadano reclamar respeto a las máximas normas de convivencia que hacen posible la existencia de una comunidad política de libres e iguales, en contra de las actuaciones dictatoriales de cualquier funcionario, desde el presidente de la república para abajo.

Es tiempo, de un lado, para que el rector Mantilla lidere esta cruzada democrática, sin la cual no solo se derrumban las edificaciones y colapsa la infraestructura física de la Universidad de la nación, sino que la arquitectura más sensible y fundamental, la del pensamiento libre en todo el sentido de la palabra también se desmorona impunemente. Más aún, él mismo, y el propio CSU le cabría responsabilidad para desacatar lo dispuesto en la misma Constitución de Colombia y su preámbulo, que nadie puede pretextar no conocer o desoír.

Junto con la movilización general debe realizarse una acción de inconstitucionalidad multitudinaria, que pondrá de presente la disposición universitaria y ciudadana de defender efectivamente sus libertades fundamentales, que hará palidecer cualquier “tutelatón” del pasado. Es la antesala para convocar una acción de cese perentorio de actividades en todas las instituciones de educación superior del país en defensa del profesor Miguel Angel Beltrán, quien tiene que ser restituido en el ejercicio de su quehacer académico, crítico y propositivo, que habilita, cuando menos, en términos de competencias ciudadanas en acto, y no de facto como lo hizo la Procuraduría al conculcarle y a todos el más fundamental de los derechos después de la garantía plena del derecho a la vida.

Es tiempo que las comunidades de Derecho y Ciencia Política, como el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, que orientan destacados docentes y colegas de la facultad, se pronuncien y lideren moralmente esta acción colectiva que aclimata las condiciones necesarias para poder avanzar en la solución del conflicto armado, que mucho le debe a la intolerancia y al dogmatismo fundamentalista, acompañando esta anti-cruzada, la más inmediata, en contra la condena al profesor Beltrán,

Es el llamado al país interesado en una paz democrática, realizada por una comunidad ciudadana sentí-pensante, para que enderece con vigor la desvencijada locomotora de la paz, para que no se "descarrile" el propósito que se ventila en La Habana, cuando menos le conviene al país nacional, por funcionarios autoritarios que siguen en el horizonte de la confesionalidad privada aupando los tambores de guerra cuando los colombianos queremos entonar la oda a la alegría, en medio de tantas desgracias insoportables y modificables.

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[1] Profesor asociado, C.Política, Director Grupo Presidencialismo y Participación. Catedrático Maestría de E.Políticos, U. Javeriana. Codirector del Seminario Internacional A. Gramsci. Email: presid.y.partic@gmail.com.