¿La Pax académica?

EL PROFESOR BELTRÁN, REAL OPOSICIÓN  Y  ACCIÓN COLECTIVA DEBIDA

Miguel Angel Herrera Zgaib[1]

                                                                 La Procuraduría, a contravía de la Fiscalía de la nación, condenó al docente investigador Miguel Ángel Beltrán. Adujo como cargos “nuevos” los mismos por los que había sido absuelto. Esto dice el comunicado de Sociología de la U. Nacional que reclama respeto por las libertades académicas  y políticas, en un país descuadernado, en parte, debido a funcionarios dispuestos a ponerse de ruana las precarias instituciones extendiendo la triste divisa del “estado de opinión”, falsa perla  del proyecto reaccionario del antecesor de Juan Manuel Santos.

Repitiendo una historia inaceptable

                                                                 Los cargos contra el profesor Beltrán tienen que ver con la alegada y no probada responsabilidad criminal de este profesor de la Universidad Nacional, vinculado con  la facultad de Ciencias Humanas, siendo sociología su departamento, una institución que desde sus inicios practica la reflexión a contra-corriente de la aceptación de la autoridad como falso argumento de verdad. Así lo prueba el hecho que entre sus fundadores se contó con Camilo Torres, Orlando Fals y Eduardo Umaña Luna, quienes trataron la cuestión agraria y la violencia sin cortapisas ideológicas para alertar a la nación y corregir su rumbo.

La ordalía contra Beltrán comenzó cuando el profesor  se encontraba en la UNAM, en Ciudad de México, adelantando estudios doctorales. Fue sindicado de estar relacionado con las Farc-ep, acudiendo al expediente de comunicados encontrados en los computadores de Raúl Reyes, obtenidos en la operación de ataque al campamento de la guerrilla en Angostura, provincia de Sucumbíos en Ecuador.

Tal material probatorio, que consideró la Fiscalía en su momento, fue desestimado y el profesor Beltrán volvió a su vida académica. Ahora resulta destituido, y conculcados sus derechos políticos, es decir, su pleno ejercicio de la ciudadanía, por vía administrativa.  Al obrar así, la Procuraduría se lleva de calle la libertad de cátedra y de pensamiento, que son reglas de oro de la autonomía universitaria desde los tiempos de las primeras universidades; y pilares defendidos en América Latina con renovado vigor desde la Reforma de Córdoba, en Argentina.

A la fecha hubo varios pronunciamientos solidarios de la comunidad activa en Sociología, de los profesores del Departamento, la intercesión del decano de Ciencias Humanas ante la rectoría y las instancias respectivas agenciando como corresponde la defensa de un docente, cuyas convicciones políticas y morales, expuestas en escritos académicos, no pueden ser objeto de censura y mucho menos de sanción de ningún tipo.

Se pronunció, igualmente, la representación profesoral, el Consejo Académico de la Nacional; sin embargo, el rector Ignacio Mantilla dio su aceptación a la destitución ordenada por la Procuraduría, su superior jerárquico en materia disciplinaria, y el Consejo superior universitario, y la nueva ministra, Ginna Parody, nada han hecho para garantizar las libertades académicas seriamente vulneradas con un proceder que borra de un plumazo lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución nacional, esto es, su primer parágrafo.

No es tiempo propicio, pero sí oportuno

                                                                    Sea esta la oportunidad para que el conjunto del profesorado y la comunidad universitaria de la Nacional, y de Colombia orienten con los argumentos que las disciplinas concernidas ofrecen a la ciudadanía, y a los universitarios de Colombia, mediante una lección práctica de ciudadanía a toda la nación. Enmienden  la grave falta que comete la Procuraduría con este proceder arbitrario contra un académico, o cualquiera otro, quien en uso de los saberes y disposición crítica propias de las ciencias sociales y naturales, debata, cuestione, enjuicie con rigor las problemáticas colombianas y mundiales.

A la comunidad de pensamiento e investigación no se le puede sellar la mente y la boca, ni ponerle fronteras al pensamiento con cualquiera pretexto. La única cortapisa, por supuesto, será la que impide la utilización directa de la violencia como fórmula para deliberar o resolver los asuntos en disputa en el ámbito de estos saberes, que no es el caso del profesor Beltrán, y de otros académicos que disienten de los dictados del poder, y de los gobernantes de turno.

No es este un tiempo propicio, en la medida en que hay dos indicios protuberantes de rechazo a la democracia y a la oposición real, con la sentencia de la Corte Constitucional que falló en contra la tutela de Piedad Córdoba, contra la destitución que fuera objeto por la misma Procuraduría; y volvió a la misma conducta judicial con el caso de Miguel Ángel Beltrán, desestimando su defensa por vía de tutela.

El otro antecedente es la vergonzosa actuación de la mayoría del congreso de Colombia, la bancada del senado, incluido un grupo considerable de la Unidad nacional que lidera el presidente reelecto,  impidiendo primero la citación al senador Álvaro Uribe hecha por Iván Cepeda del PDA para una plenaria del senado. Para que aquel precisara sus actuaciones políticas frente a la para-política, y el paramilitarismo cuando fuera gobernador y con anterioridad a sus presidencias, y acerca de las cuales ha hecho mutis por el foro desde los años 80.

En Derecho congresional (parlamentario), sin embargo, el que puede lo más puede lo menos; esto es, que si se puede citar a un ministro, y hasta el propio presidente, por qué y en consideración a qué no es posible hacerlo con un congresista. Así se procedió, p.e., con Piedad Córdoba, cuando fuera objeto de acusaciones por la hoy absuelta exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien, después, la Corte Constitucional sí exoneró de cualquier cargo o responsabilidad con relación a nexos paramilitares para obtener su elección como congresista, y nada dijo acerca de su actuación con respecto a las acusaciones contra su excolega de senado

.El “(re)parto” de los montes

                                                                    Al fin se aceptó por la Comisión segunda, en lugar de la plenaria, que hubiera la audiencia para que el senador Álvaro Uribe respondiera a la citación hecha por Cepeda, lo cual ocurrió en condiciones extrañas. Uribe Vélez se ausentó de la sesión mientras Cepeda hacía su exposición, regresó para presentar su exposición, y concluida ésta abandonó el recinto.

Uribe puso “pies en polvorosa”  dizque con el argumento que iba a presentar un alegato judicial ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, confundiendo los escenarios políticos y jurídicos. No sin antes lanzar “puyas” a varios congresistas presentes en el recinto.  Y nada pasó, llevándose de  calle el derecho congresional, y burlándose en últimas de la acción de control político.

No puede, entonces, sin precipitar el derrumbe del sistema de justicia nacional, ahora, pretender que, por el contrario, que las actuaciones judiciales y administrativas dirigidas a figuras de la oposición real, liberales y de izquierda aplicarles otro rasero, como ya ocurrió con Piedad Córdoba, y con Gustavo Petro, en suspenso, por lo pronto.  

Pero, ahora se repite del modo más escandaloso  contra el encausado y absuelto profesor Miguel Ángel Beltrán, por la justicia ordinaria, quien termina destituido de su quehacer académico por la Procuraduría, y del ejercicio de sus derechos políticos durante trece años.

En apariencia no hay poder humano que detenga esta última actuación que no respeta los cánones universales que rigen los saberes académicos, donde la libertad de expresión y de cátedra no pueden confundirse de proselitismo político, para tener como consecuencia una actuación de castigo disciplinario, y/o administrativo. Así ocurrió hace unos días con el profesor Beltrán.

Peor aún, las instancias de la comunidad universitaria de su quehacer académico e investigativo se opusieron y rechazaron la decisión de la destitución, con la excepción del director de sociología, quien asumió una posición “neutral”, según se señaló en la asamblea convocada por los estudiantes de ese departamento, hecha a la entrada del edificio.

Una contra el conjuro del autoritarismo

                                                             Por otra parte, Ignacio Mantilla, el rector de la Universidad Nacional, hizo efectiva la destitución con el argumento que de no hacer lo ordenado por la Procuraduría, él mismo podría ser procesado por desacato a la autoridad con una probable  destitución. Se le propuso en defensa de la autonomía universitaria que no se confunde para nada con la extraterritorialidad ante la ley nacional, que el rector, y/o el CSU impetren una acción de inconstitucionalidad, una defensa judicial de la democracia liberal, en el frágil campo educativo.  La mencionada acción tiene en como el Consejo de Estado 100 años de existencia.

Ella misma en sí misma, es una de las pocas reglas colectivas que permiten que nuestro país tenga rasgos democráticos en medio de tanta arbitrariedad, porque permite a cualquier ciudadano reclamar respeto a las máximas normas de convivencia que hacen posible la existencia de una comunidad política de libres e iguales, en contra de las actuaciones dictatoriales de cualquier funcionario, desde el presidente de la república para abajo.

Es tiempo, de un lado, para que el rector Mantilla lidere esta cruzada democrática, sin la cual no solo se derrumban las edificaciones y colapsa la infraestructura física de la Universidad de la nación, sino que la arquitectura más sensible y fundamental, la del pensamiento libre en todo el sentido de la palabra también se desmorona impunemente. Más aún, él mismo, y el propio CSU le cabría responsabilidad para desacatar lo dispuesto en la misma Constitución de Colombia y su preámbulo, que nadie puede pretextar no conocer o desoír.

Junto con la movilización general debe realizarse una acción de inconstitucionalidad multitudinaria, que pondrá de presente la disposición universitaria y ciudadana de defender efectivamente sus libertades fundamentales, que hará palidecer cualquier “tutelatón” del pasado. Es la antesala para convocar una acción de cese perentorio de actividades en todas las instituciones de educación superior del país en defensa del profesor Miguel Angel Beltrán, quien tiene que ser restituido en el ejercicio de su quehacer académico, crítico y propositivo, que habilita, cuando menos, en términos de competencias ciudadanas en acto, y no de facto como lo hizo la Procuraduría al conculcarle y a todos el más fundamental de los derechos después de la garantía plena del derecho a la vida.

Es tiempo que las comunidades de Derecho y Ciencia Política, como el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, que orientan destacados docentes y colegas de la facultad, se pronuncien y lideren moralmente esta acción colectiva que aclimata las condiciones necesarias para poder avanzar en la solución del conflicto armado, que mucho le debe a la intolerancia y al dogmatismo fundamentalista, acompañando esta anti-cruzada, la más inmediata, en contra la condena al profesor Beltrán,

Es el llamado al país interesado en una paz democrática, realizada por una comunidad ciudadana sentí-pensante, para que enderece con vigor la desvencijada locomotora de la paz, para que no se "descarrile" el propósito que se ventila en La Habana, cuando menos le conviene al país nacional, por funcionarios autoritarios que siguen en el horizonte de la confesionalidad privada aupando los tambores de guerra cuando los colombianos queremos entonar la oda a la alegría, en medio de tantas desgracias insoportables y modificables.

---

[1] Profesor asociado, C.Política, Director Grupo Presidencialismo y Participación. Catedrático Maestría de E.Políticos, U. Javeriana. Codirector del Seminario Internacional A. Gramsci. Email: presid.y.partic@gmail.com.

¿LA PAZ, UN PROYECTO NACIONAL POPULAR VIABLE? PARTE IV.

                                                            La fuerza potencial de un proyecto nacional popular, al inicio, está en el devenir de la UP como animador plural de la Marcha Patriótica, de una parte; y de otra, la necesaria interlocución con el Congreso de los Pueblos, que requiere, en la dinámica de realinderarse los grupos subalternos, de la concreción de un verdadero partido social agrario, capaz de quebrarle el espinazo al bloque reaccionario q  ue controla el campo; y de  conectar a la insurgencia subalterna con las bases campesinas que resisten el despojo de los proyectos agro-industriales,  y minero-extractivos, de un lado.  

De otro lado, es urgente que se zanjen las diferencias en la cúpula del movimiento agrario, porque entienden, dirigencia y bases, en su diversidad, la importancia de  zonas de reservas campesina auto-gestionadas, para darle base sólida en el campo a la Constituyente Subalterna, y peso a la negociación de la paz que se pacte con las dos principales expresiones de la insurgencia armada, mediada por el tercer actor, las víctimas como fiel activa en la balanza de poder.

 En simultánea, es necesario entender e incorporar la fuerza tanto disruptiva como propositiva del movimiento de reforma democrática y autogestionaria de la educación pública que reapareció en el 2011, luego de 40 años de retrocesos y recuperaciones. Cuya presencia es central como catalizador de las dinámicas urbanas de resistencia y redistribución de la renta diferencial, y de los espacios habitables y  en contravía tanto de la segregación como de la gentrificación de los territorios en la periferia de las grandes y medianas capitales.

Campesinos  y sector educativo movilizados hacen posible que se fortalezca la unidad de los teatros del quehacer político urbano y rural, en demanda de una escuela nacional, financiada públicamente a todos los niveles, laica y única en calidad y administración.

Se requiere que las simpatías políticas y sociales en el campo, dinamicen los consensos básicos, traduzcan bien el sentido común y el buen sentido acumulado en la abigarrada experiencia de sus luchas, en procura de un consenso activo para el proyecto de un bloque histórico alternativo, que pare el proyecto reaccionario, molar de la para-república que se viene afianzando desde los dos periodos de la seguridad democrática, con la postergación  de la promesa utópica de obtener la igualdad real y efectiva por la vía estatal.

La construcción del bloque alternativo de los grupos y clases subalternas requerirá la articulación del partido de la reforma radical, y la organización de un partido agrario como tendencia plural de necesaria base campesina y población pobre desplazada del campo y proletariado agrícola, donde los raspachines y  los obreros enganchados en los mega-proyecto agro-mineros son fuerzas fundamentales.

Tal es el escenario fijado, las condiciones para la disputa de la hegemonía sobre, o con los grupos y clases subalternas, después del fracaso de la iniciativa de la paz en San Vicente del Caguán, que obró como cabeza de puente de la zona de distensión, antes y después del recrudecimiento de la guerra contra la insurgencia subalterna.

Contra ella se desplegó la estrategia contra-insurgente de copamiento de la sociedad civil, en sus expresiones regionales, semi-rurales y rurales, por lo que se aislaron sus unidades de combate, y los cuadros de los espacios urbanos decisorios.

Tal fue el propósito que animó y perfeccionó la gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez, líder visible de la alianza terrateniente-capitalista financiera con el apoyo del ejército blanco de las Auc en la disputa por el control territorial y la renta agraria. Bajo el doble patrocinio económico y político,  buscó imponer la legitimidad de su comando en el bloque dominante.

A través de los ejercicios proto-fascistas de tierra arrasada y desplazamiento en cabeza de las organizaciones para-militares, que buscó legalizar por todos los medios, una vez confederadas en las Auc, se implementó el Pacto de Santafé de Ralito, con una faceta  encubierta, refundar a Colombia, y la otra al descubierto que sancionó y constitucionalizó en la Ley de Justicia y Paz, con la complicidad de las ramas del poder público al servicio del régimen para-presidencial en función contra-insurgente.

Tal es el contenido de clase, social y político, de la que fuera la propuesta de paz reaccionaria. La versión de Pax Romana, plasmada en la fórmula de “justicia y paz” que impuso y aplicó la administración de Álvaro Uribe, y que incluyó el ostracismo para los principales jefes paramilitares extraditados a las cárceles estadounidenses.

En sí misma, esta paz de vencedores se trasuntó en el intento parcialmente exitoso de institucionalizar, juridicizar si no la hegemonía, cuando menos, la legitimidad del  orden marcial bajo el  imaginario de la seguridad pseudo-democrática.  Al servicio del proyecto político reaccionario llamado Estado comunitario, que, sin embargo, no logró imponerse a la resistencia desplegada por las insurgencias subalternas, que se retiró a la  retaguardia para protegerse de los bombardeos inteligentes, no tripulados y los tripulados acompañados por la incursión de comandos especiales en sus zonas de influencia y repliegue táctico.

Esta fórmula de paz reaccionaria fue la traducción casi inmediata, posible de la derrota política infringida a las Farc-ep, en San Vicente del Caguán. Toda vez que su dirección había equivocado el momento de la lucha estratégica, en concreto, el modo de conducir, traduciéndola en sus exactos términos una acción político-militar  de alternativa hegemónica que alinderara y auto-organizara la voluntad popular dispuesta a las reformas radicales en el espíritu del constituyente social de 1991.

En términos de disputa por la hegemonía  se requería de orientar e incorporar activamente a la sociedad civil de abajo que se había dado cita,[25] molecularmente. En cambio, se ofreció a las multitudes el espectáculo disgregado, fragmentado de la “peregrinación” de San Vicente del Caguán Era una suerte de precipitado “caosmótico”,[26] que requería una perspectiva y un hacer incluyente sin renunciar a la pluralidad de singularidades.[27]

A cambio, entre bambalinas, se les ofrecía la promesa de un movimiento bolivariano orientado por la organización del partido comunista clandestino que no cuajó. Pero, sí permitió pasar a otra fase, y otra comprensión del sentido de la lucha de los subalternos por la autonomía, luego de una década de revisiones tácticas y correcciones estratégicas para librar la guerra de posiciones por la democracia.

Ante el fracaso de la fracción uribista que estuvo al comando del bloque dominante, que quería transitar de una legitimidad precaria,  a una hegemonía por la via de la cooptación y la rendición militar de los insurgentes, hubo un cambio de estrategia que provino del mismo interior del régimen en cuestión.

La nueva estrategia la diseñó el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, quien logró el beneplácito de la jerarquía político-militar del aliado estadounidense. Luego se dispuso a obtener el control de la mayoría dentro del Partido de la Unidad Social, contando con la reserva del presidente  Uribe, quien prefería a Andrés Felipe Arias como su heredero político.

Pero, esta sucesión se hundió, de manera impensada, en la consulta conservadora, ante Noemí Sanín. Está ganó la mayoría en el interés de posicionar al partido Conservador, frente al establecimiento estadounidense que censuraba la práctica parapolítica cada vez más, minoritario en votos desde la elección presidencial de 1946. Lo cual ha hecho hábil y calculador al Conservatismo en la alianza con las fracciones liberales más opcionadas para triunfar.

La nueva fracción que escoge al candidato Juan Manuel Santos, de una parte, expurga al partido de la U, de las fuerzas más leales al uribismo, de una parte; y de otra hace acercamientos con el Liberalismo en la oposición, Cambio Radical, y la bancada congresional del Conservatismo, para después de la primera vuelta.

En el ínterin empiezan las aproximaciones para las negociaciones de paz con las Farc-ep, que tienen a Venezuela como un lugar de encuentros preliminares que tienen la aceptación y el compromiso directo de Alfonso Cano, y del secretariado. Cuando el presidente se posesiona en el año 2010, anuncia en público que algo está cocinándose en materia de paz. Y pronto, antes y después del asesinato de Cano, se perfila el tinglado que de inicio al  cuarto intento de negociación de la paz con las Farc-Ep.

Así se concibe el modelo contractual de la Paz Neoliberal, apoyado en la consejería del experto Sergio Jaramillo, que la piensa bajo el esquema de la transición política; y cuyo trasunto programático es un refrito del programa de la tercera vía, que incluye una cuota garantizada de participación política  de la guerrilla en los escenarios electorales que le son afines por historia de luchas y arraigo, pero que no está aún clara del todo.  Esta es una paz que también se sigue adelantando en medio de las hostilidades, aunque las Farc-ep insisten hasta hoy en el cese bilateral del fuego.

Por lo pronto, ha habido un cambio en el modelo contractual, por la presencia de una tercería poco deseada, la de la sociedad civil de los de abajo, las víctimas que han conquistado un lugar de presencia, presión y denuncia a lo largo del año 2014, en el tránsito a la segunda presidencia de Santos. También se incorporó  a un cuerpo de expertos militares, con la coordinación del general Flórez, un "tropero" probado en los combates con la guerrilla, para que supervisen la eventual dejación de armas.

Además, se constituyó una suerte de comisión paritaria para establecer la verdad histórica del conflicto armado, que otros denominan guerra civil de baja intensidad, para lo cual tienen un plazo máximo de cuatro meses.  La segunda delegación de víctimas, intentó ante los antagonistas en que haya a la mayor brevedad un cese bilateral del fuego.

El gobierno Santos ha respondido con evasivas, y amenazas para que no se prolonguen las incursiones letales de las Farc-ep sobre contingentes policiales y militares, con daños colaterales irreparables en vidas civiles. Él mismo ha dicho amenaza con un eventual retiro de la mesa de La Habana, mientras todas estas escaramuzas guerreras  sirven al partido de la guerra para que pone término a la negociación, o condicione el quehacer militar de la fuerza insurgente que negocia.  

Los nuevos actores y situaciones propician una tercera modalidad de paz, que no se reduce  al acto de consagrar con su aceptación vía refrendo, lo que otros los rivales en el campo de batalla, y adversarios en la mesa de negociación, acuerden por fin. Este real punto de fuga de los “sin parte”.

Así se abre otra modalidad de paz, que llamamos democrática y que sigue para su realización de la implementación de una Constituyente animada por los grupos y clases subalternas en condiciones de igual participación decisoria. Tal iniciativa prosperará solo en la medida que la relación de fuerzas le sea favorable al campo subalterno, y en parte, en razón del deterioro de las condiciones económicas del país.

Colombia ya acusa en sus exportaciones el deterioro del modelo minero-energético, así como la inminencia de la enfermedad holandesa, que tiene bajo cuidados intensivos y alarmados a sus compañeros de ruta y vecindario en Suramérica, Chile y Perú; y antes al mismo Brasil, que siguió una trayectoria diferente, con su programa de hambre cero, pero que ahora, en tiempo de vacas flacas, con Dilma Roussef como conductora, cada vez más convergente con la receta neoliberal con rostro humano, y está más cerca de perder la contienda por su reelección.

Con relativa independencia de lo que ocurra en el vecindario suramericano, el debate que acaba de escenificarse en el Congreso aproxima útiles reflexiones en torno a las tres paces en enconada disputa. La tercera, la más cercana a los intereses estratégicos de los subalternos, y a la Constituyente, se hizo notar en el enjuiciamiento a la paz Romana, montada sobre la impunidad paramilitar y el gobierno para-política, pero, no fue igualmente clara en su deslinde con la otra, la paz neo-liberal montada sobre el caballo fatigado de la prosperidad al debe.

Es, a no dudarlo,  la potencia movilizada de los grupos y clases subalternos la que imprimirá identidad e integridad a la búsqueda de la paz democrática, en la medida en que sus espacios autonómicos en la ciudad y en el campo proliferen y se consoliden con claras reglas de juego democrático y con un deslinde programático que posibilite acuerdos estratégicos de las formas organizativas urbanas, para que ambas levanten unas efectivas acciones que le cambien el perfil a la nación, y la refunden desde abajo, con un ejercicio constituyente inédito en la historia republicana.


UN COLOFÓN SIGNIFICATIVO

Para lo cual se requiere una nueva escuela en función pedagógica y política de trabajar por lo común y para lo común.  En procura de esta acción plural, autónoma se reclama con urgencia manifiesta una nueva hegemonía cultural, que a su vez exige un pensamiento de ruptura apto para transformar la visión de la sociedad tradicional, y la performance de cultura política que la reproduce. 

Por lo que, un primer encuentro inmediato es con las pretensiones de la contra-reforma neoliberal en materia de educación pública a todos los niveles, que lidera Gina Parody, la ministra de educación, que antes tuvo a su cargo la reforma del Sena, para ponerlo en concordancia relativa con las exigencias de la maquila glocal. Conviene así discutir que tan viable es un proyecto alternativo que impulse la escuela nacionalizada, laica y única por segunda vez, en Colombia.

---

[1] Profesor asociado, ex director departamento de Ciencia Política y Unijus, Universidad Nacional de Colombia. Catedrático Maestría Estudios Políticos, U. Javeriana. Director del Grupo Presidencialismo y Participación, y Coordinador del IX Seminario Internacional Antonio Gramsci,  6, 9  y  28 de octubre 2014. Email: presid.y.partic@gmail.com.

[2] En  Democracia y sociedad civil, el estudioso inglés John Keane denomina  Estado de seguridad a la forma política, que hace posible el uso discrecional de la soberanía, propuesta por  Thomas Hobbes, sin ninguna cortapisa, que no sea la defensa sacrosanta de la propiedad privada, azotada por las guerras civiles que padeció Inglaterra a lo largo del siglo XVII.

[3] Un plan que ha cambiado de piel muchas veces. Es un verdadero camaleón estratégico orientado a  continuar con nuevos medios militares y políticos al Plan Lazo, a cargo del General Alberto Ruiz Novoa, para  combatir y someter a la insurgencia subalterna.

[4] Para el tiempo en que se lanzó  el Plan Colombia, el periódico y la editorial Desde Abajo publicó dossiers develando el carácter de dicho Plan, como una fórmula contra-insurgente, que pretextaba  ser  un ayuda al desarrollo de las deprimidas masas rurales de Colombia, ayunas de una reforma agraria democrática,  y en cambio, sujetas a una brutal concentración de la tierra por la vía de bandas paramilitares asociadas con los terratenientes y sus representaciones políticas regionales y nacionales.

[5] AYALA DIAGO, César Augusto (2013). Democracia bendita seas…Gilberto Alzate Avendaño, liberado. 1950-1960. Fundación Gilberto Alzate Avendaño/ Universidad Nacional . Bogotá. Es el tercer volumen de una trilogía que cubre los años 1910 a 1960 en la vida política del dirigente conservador, un contemporáneo de Jorge Eliécer Gaitán.

[6] Ver lo escrito por el hijo de Gilberto, Gilberto Alzate Ronga, en  “Rompiendo Paradigmas” que obra como parte del volumen III escrito por el historiador Ayala Diego.

[7] Op. cit., p. 31.

[8] El historiador Ayala Diago califica a esta confrontación  entre los dos partidos, utilizando todas las formas de lucha conocidas, una guerra civil no declarada, a lo que la historiografía oficializada denomina de modo corriente “la violencia partidista”.

[9] Herrera Zgaib, Miguel Angel  et al (2007). El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia. Unijus/Universidad Nacional de Colombia.  Facultad de Derecho y Ciencia Política. Bogotá.

[10] De tal proceder es ejemplar, el estilo pugnaz de José Obdulio Gaviria, y ahora de la senadora Paloma Valencia, quien en el pasado debate, incluso, equiparó al  senador Uribe Vélez con Simón Bolívar, aunque equivocara  el nombre, cuando aludió a la oposición de Francisco de Paula Santander contra Antonio Nariño.

[11] En “Análisis de situaciones. Relaciones de Fuerzas”, Escritos Políticos (1917-1933). Cuaderno 54, Pasado y Presente, 2a edición (1981),  Gramsci subraya que “Los fenómenos orgánicos producen una crítica histórico-social que afecta a las grande agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente. Al estudiar un período histórico se presente la gran importancia de esta distinción. Se tiene, p.e., una crisis que a veces se prolonga durante decenios. Esa excepcional duración significa que se han revelado en la estructura contradicciones insanables (las cuales han llegado a madurar) , y que las fuerzas políticas que actúan positivamente para la conservación y defensa de la estructura misma se esfuerzan por sanarlas y superarlas dentro de ciertos límites.” Ver pp: 343-44

[12] FALS BORDA, Orlando (1968). La subversión en Colombia: el cambio social en la historia.  Existe una cuarta edición realizada por el Centro de Pensamiento Alternativo (2008). Bogotá, que incluye una presentación de su discípulo,  Miguel Borja, profesor investigador del IEPRI, la Universidad Nacional y la ESAP.

[13] Camilo Torres  le respondió solicitándole el retiro de su sacerdocio en una carta de 1965, que empieza así: “Me permito solicitar a su Eminencia realice los trámites canónicos necesarios para que yo sea reducido al estado laical.” Copia de esta carta se conserva en el Archivo Chile del Centro de Estudios Miguel Enríquez, CEME. Web Productions 2003-2006.

[14] Es el proceso y el acto contrario a la policía, expresión que proviene del griego “politeia”.

[15] Ver el ensayo  Capitalismo, socialismo y democracia (1942) que  expone la definición elitista de la democracia, acuñada por el analista económico, y sociólogo de la política, el checo Joseph Schumpeter, profesor de la Universidad de Harvard, 1932-1950. En su célebre ensayo  compara  el socialismo y el  capitalismo con la democracia, para darle razón al gobierno político liberal.  Esta concepción es fundamentada  luego  en el trabajo del politólogo estadounidense Anthony Downs, autor de la Teoría económica de la acción política en una democracia, quien hace una teoría empírica de la democracia liberal basado en  la elección racional, de la que es uno de sus precursores más notables, y en la que aplica los fundamentos conductistas de la teoría económica.

[16][16] DUGAS, John (1993). La constitución de 1991: ¿Un pacto político viable? Departamento de Ciencia Política. Universidad de los Andes. Bogotá.

[17] MEJÍA QUINTANA, Oscar et al (2008). Estatuto epistemológico de la cultura política. UNIJUS/UNAL. Bogotá, p.67

[18] Dirigida por el después inmolado Álvaro Gómez Hurtado, a las puertas de la U. Sergio Arboleda, en Bogotá.

[19] Op. cit., p. 67.

[20] Op. cit., p. 68.

[21] Leer al respecto  el libro de Andrew Ross Sorkin, Too Big to Fail (2009),  publicado por Viking Press, del cual existe una versión filmada para HBO, estrenada en 2011. Sorkin es periodista especialista en asuntos financieros del New York Times.

[22] Ver  el texto del Acuerdo de San Francisco de la Sombra “para concretar y consolidar el proceso de paz”, en: BBCMUndo.com, domingo 13 de enero de 2002.

[23] La fuente es la información consignada en el diario El Tiempo, ET,  11/03/14. Bogotá, p. 5.

[24] HERRERA ZGAIB, Miguel Angel et al. El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia.  UNIJUS/UNAL. Bogotá, noviembre  de 2007.

[25] Expresión acuñada por el sociólogo y teólogo belga François Houtarte, quien orienta la actividad investigativa en el Centro  de investigación  CETRI basado en Bruselas.

[26] La expresión caósmosis proviene del discurso de Felix Guattari, en su conversación con Gilles Deleuze, cuando piensan las realidades de la micropolítica y los micropoderes, en  tanto proponen una alternativa  práctico discursiva del encuentro entre los discursos de la cultura cívica estadounidense, y las lecturas del biopoder y la biopolítica.

Recuperando las propuestas de Michel Foucault, que develan las relaciones de poder  cristalizadas en el enfoque sistémico de la política, tanto en la versión estructural funcional de Talcott Parsons,  como en la funcional de  Niklas Luhmann, su discípulo tardo-capitalista.

[27] GUATTARI, Felix (2007). Caosmosis. Editorial Manantial. Buenos Aires

EL VOTO EN BLANCO, UN ENSAYO AMBIGUO DE LA POTENCIA CONSTITUYENTE. PARTE  III.

“La verdad siento cierta desmoralización…tuvimos el mismo porcentaje de votos nulos que en 2006 y 2010…Eso lo podré saber por allá en cuatro o seis meses, cuando se entreguen credenciales y se puedan mirar los documentos.” Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional del estado civil, ET, 11/03/14. Bogotá, p. 5.

                                                          El voto en blanco también triunfó por segunda vez, porque obtuvo la votación requerida para invalidar los resultados de la elección para el parlamento Andino, en la elección de marzo de 2014. La primera prueba ocurrió en Piedras (Tolima), en un espacio semi-rural de Colombia.

Esta vez el escenario fue urbano, y puso en cuestión la fórmula de la representación política, afectando sin distingo a diferentes culturas políticas que compitieron por las curules, pero en particular a la representación de la izquierda. Los elegidos para esta instancia  obtienen una remuneración de $24.054.000 millones de pesos colombianos.

En la disputa por el voto en blanco contra los aspirantes concurrió una población de 10.172.124 ciudadanos. Los primeros lugares en esta votación aparte, del 9 de marzo, fueron conseguidos por el partido Conservador con 947.774 votos; Alianza Verde, 815.239, ambos con lista abierta; y por último, el PDA, que en lista cerrada obtuvo 721.681 sufragios. Junto con estos resultados, hubo 2.848.990 votos no marcados, 510.439 votos nulos. Los totales fueron,  a su vez, votos por lista o partido: 3.189.502, votos en blanco: 3.623.193, y votos no válidos: 6.812.695.[23]

Adicionalmente, se mantuvieron las altas cifras de votos nulos y no marcados que ponen de presente una ineficaz pedagogía para preparar en el acto físico de votar, o la disposición de la gente, consciente, para anular su voto. Lo cual, igualmente, traduce un acto de rebeldía objetiva frente a las formas de la representación imperantes.

Lo anterior es una hipótesis con fuerza relativa, porque en los escenarios de la Costa, donde hubo copiosas votaciones, y los índices de analfabetismo y exclusión social son dramáticos, casi nunca se "desperdician" los votos.  Los analistas citas los casos típicos de los departamentos de Sucre  y Córdoba, enajenados a los cacicazgos políticos armados y desarmados.

Si hay verdad en el decir del portal “la Silla Vacía”, con la vocería del analista político  Ariel Ávila, la parapolítica como fenómeno sigue “vivito y coleando” en todas las listas, menos en las de Alianza Verde y el PDA. Ella tiene arraigo permanente en lo que denominamos el proyecto de la “para-república”, que es ahora la avanzada del partido Centro Democrático sobre la sociedad civil, en procura del desmonte simultáneo, el descrédito progresivo del Estado social de derecho desde dentro, para ser suplantado por el placebo del Estado comunitario de los propietarios.[24]

Tal proyecto no ha sido detenido, tal y como lo indica el hecho, que directa o indirectamente, ahora en alianza con las Bacrim, en lugar de las Auc, consigue éxitos electorales en la elección de congresistas para las dos  tendencias que se disputan el liderazgo del bloque dominante.

La “exportación de la dirección paramilitar que fuera extraditada a los Estados Unidos, no menguó una representación que alcanza al 33 por ciento del nuevo Congreso, con la presencia de congresistas electos con tales vinculaciones, o por interpuesta persona, por encontrarse los que eran titulares pagando condenas penales. Lo cual permite concluir que el régimen para-presidencial no ha sido desmontado, y  los Acuerdos de Santafé de Ralito, en sus dos versiones, siguen operando, y dando frutos políticos.

Además, la verdad de los resultados contabilizados muestra que ninguna de las listas a Congreso obtuvo una mejoría concluyente en las votaciones que habían registrado en la elección pasada en lo referido a resultados de Senado. Pero sí hubo un ganador numérico, el Partido de la U, que sin embargo, perdió congresistas. Lo máximo que obtuvo un partido, el Liberal, fue obtener el mismo número de senadores, 17, cuando hacía oposición a la aplanadora del Uribismo, al cual le hacían oposición.

El Centro Democrático, CD, que obtuvo al final 20 senadores en "el destape", sí mostró  el real poderío electoral de Álvaro Uribe Vélez como persona. La lista cerrada que encabezó contabilizaba 2.045.564 votos, escrutado el 98,40 por ciento de las mesas. Pero no logró imponerse a la lista electa del Partido de la U,  en cuanto a número de senadores elegidos, porque en la Cámara fue ampliamente derrotado el CD.

Esto permite calcular la realidad de las cifras conseguidas en sus dos presidencias, y de qué modo fue posible elegirlo, y con el concurso de qué fuerzas santas y non sanctas, que ahora en parte se alinderan, se reparten en otros partidos, desde Opción Ciudadana hasta el mismísimo CD.  En la edición de El Tiempo del 11/03/14  están los nombres de tres elegidos: Ciro A. Ramírez, Marta Cecilia Curi y Teresita García Romero.

Sin embargo, en documento privado del CD, elaborado por el equipo del exministro Juan F. Londoño pronosticaba  40 senadores. Entonces, la votación debería alcanzar los 4 millones. En entrevista con Blu Radio, del martes 11/03/14, Uribe despotricó del exministro Martínez Salcedo quien filtró esa "perla documental". Así las cosas, la pifia fue monumental, y se entiende por qué Uribe exclama que el congreso elegido fue ilegítimo, y que se disponen a obrar en consecuencia.

El antiguo "mejor socio" de Álvaro Uribe, en el partido de la U, PU, Juan Manuel Santos dio parte de victoria, solo que se trata de una victoria pírrica, porque los 47 senadores obtenidos por la Unidad Nacional, donde se juntan todavía PL, 17, y Cambio Radical, CR, 9 no les da la mayoría para obrar libremente en el Congreso. Luego fueron también perdedores.

Así las cosas, el partido de la reelección tendrá que aliarse, si quiere ganar, al P. Conservador, que eligió 20  senadores, acogiendo en sus filas, entre otros, a los rechazados por otros partidos, y donde la rebeldía de Martha Lucía Ramírez, cosechó derrotas. De los electos a la candidata le contabilizan 4  que respaldan su candidatura independiente a la presidencia de Colombia.

Por otra parte, el bloque que junta a fuerzas de centro, izquierda y proyectos sociales democráticos, tiene que articular el espacio electoral que abarca también a las inciativas del voto en blanco, cuya mayor fuerza está concentrada en Bogotá, donde superó el 10 por ciento de la votación general.

Al mismo tiempo el bloque histórico, contra-hegemónico de los subalternos, en su anclaje urbano, le corresponde  establecer una interlocución programática con la abstención, si quiere disputar el rumbo de la presidencia en cabeza probable, del presidente Juan Manuel Santos.  A éste tendrá que ponerle la condición de realizar una asamblea constituyente de contenido social, en  la letra y el espíritu del artículo 13, de la Constitución nacional.

Pero, la primera prueba indiciaria de los acuerdos que hacen posible el bloque “contra-hegemónico” en la disputa de la orientación de la sociedad-civil, que por otro lado se procuran, la derecha liberal con el apoyo de la Fiscalía, y la reacción con la Procuraduría, constituido de los grupos y clases subalternas de la ciudad y el campo se avanza en la disputa por la hegemonía en el primer espacio urbano, la ciudad capital.

Bogotá ha sido gobernada por tres alianzas sucesivas de la izquierda nacional, bajo la dirección del PDA con otros sectores, en dos ocasiones, y el movimiento Progresista, hoy Alianza Verde, con concurrencias de variopinta procedencia política, desde liberales hasta anapistas y conservadores.

El control de este gobierno local es nuclear para pensar el derrumbe de la dominación actual,  y dar opciones a la disgregación del bloque agrario, en la medida en que el mercado de la capital del país hace posible realizar la producción excedentaria del campo, en caso de darle curso a una reforma agraria que tenga por protagonista al campesinado parcelario, y a la pequeña y mediana propiedad  que animó el reciente paro nacional agrario.

Ahora se reedita esta lucha urbana, que retrotrae la memoria de los movimientos cívicos que alcanzaron una primera cota en el paro cívico nacional de 1977,  sin los aliados de antes. Con independencia de los yerros, e improvisaciones inexcusables de la administración, ha sido  la defensa política de la democracia en el proceso de la destitución del alcalde Gustavo Petro, la nota diferenciadora de las nuevas jornadas cívicas en Bogotá.

 Así se logró detener la consumación de su muerte política por vía administrativa, y cuestionar los motivos que lo sancionan por gravísimas faltas de carácter disciplinario. Dándole pábulo a pensar en la acción la posibilidad de un bloque urbano subalterno que haga la diferencia en la dinámica de la negociación de la paz. Lo que en parte, se ha visto realizado con la presencia de las víctimas en dos oportunidades en la mesa de negociación de la paz en La Habana. Porque conviene recordar que Bogotá alberga al mayor número de desplazados en Colombia, que con su presencia transforman en todo sentido las dinámicas de convivencia y coexistencia del pasado.

REENCUENTRO CON LA PARTICIPACIÓN  INSTITUYENTE. PARTE  II

                                                                  Ahora, la ponencia trata de modo preferente la participación del común, que constituye e instituye la democracia de los sin-parte, como los denomina Jacques Rancière, y que trata con detalle la ponencia de la colega investigadora Yolanda Rodriguez Rincón.[14]

Ella es el género del que la representación es su especie más diluida, que de modo regular se instrumentaliza, y sirve al inveterado dominio de las elites políticas en todas las latitudes sobre las multitudes adocenadas.[15]

Aquí, en este apartado, se exploran las más notorias y sostenidas formas de participación subalterna, por fuera del aparato de captura del sistema electoral colombiano, con el propósito de descubrir el basamento práctica, actual, de la propuesta de una Constituyente subalterna para darle viabilidad y respaldo a una paz democrática efectiva, que movilice los consensos activos suficientes que permitan, al mismo tiempo tramitar las tareas de transformación requeridas en el posconflicto.

Por lo pronto, en la realidad de Colombia, están a la vista un repertorio de arreglos institucionales, y en particular tres, que están de relativa moda: la consulta, el referendo y la constituyente, pensados como instrumentos para el refrendo de la paz que se acuerde en La Habana, al cabo de la agenda de paz por los dos campos políticos rivales en el tránsito a la paz en medio de cruentas hostilidades.

Los grupos subalternos de asiento rural, con las Farc-Ep como agrupación principal, pero no de modo exclusivo, porque vuelve a hacer fila el Eln, y a demandar respuesta del gobierno Santos;  como protagonistas que son  de la guerra social prolongada, después de una década, han interiorizado la lección de una derrota política, al no haber sabido interlocutar y promover una participación plural efectiva de los sectores y clases subalternas urbanas.

Tales son razones que exigen la interpelación y la presencia de la sociedad civil al tiempo de esta negociación, a la vez que reclamen, en razón de la madurez alcanzada, el libre despliegue del poder constituyente de una pluralidad multitudinaria. Es la que encarnan y protagonizarán los diferentes movimientos sociales, y las organizaciones políticas, que se sientan comprometidos con una paz de signo y alcance democrático.

Para ello tienen que valerse de los apartes más significativos, los artículos que  plasmaron reivindicaciones sentidas de los grupos subalternos en la Constitución de  1991, que se forjaron en los preliminares de aquellas deliberaciones que tuvieron la presencia de una tercería de izquierda democrática.

Tal es  el caso de los  artículos 3, que reinstala con arandelas jurídicas la soberanía popular; el 13 que promueve como horizonte práctico alcanzable la igualdad real y efectiva para todos los colombianos. Sin embargo, lo allí establecido no logró convertirse en un verdadero canal expedito para darle contenido a la igualdad social, que es el fundamento del  pacto de paz que se intenta por cuarta vez, y que quedó suspendido en el “tiempo maldito” de San Vicente del Caguán.[16]

LA PAZ  DE LOS SIN-PARTE

                                                                         Se trata  de la reemergencia de la paz de los sin-parte, tantas veces aplazada, la que le de paso y viabilidad a una construcción hegemónica de nuevo tipo. Este esfuerzo es el que viabiliza la potencialidad propia de una Constituyente subalterna. Es la conquista a cargo  de una fuerza política plural que se ha venido probando en sucesivos teatros de lucha, a lo largo y ancho de la Colombia profunda.

Ahora le corresponde a esa fuerza, con diferentes alinderamientos banderizos,  poner  en ascuas al bloque dominante, deconstruirlo literal y materialmente. Será el fruto de una convergencia ciudadana y popular sin precedentes, que descoyunta la dominación tradicional-carismática.[17]  Es la dominación del bloque burgués terrateniente que con el concurso burocrático e intelectual de la pequeña burguesía urbana ha reclamado para sí legitimidad jurídico-constitucional.

En el último periodo, el de la degeneración democrática, la revolución pasiva del bloque de poder con el comando de la fracción terrateniente ha  impuesto un engendro de para-república en las regiones bajo control para-político, con el terror y las armas al servicio del proyecto de estado comunitario de los grandes propietarios. Esta fue la estrategia desplegada durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, a la cual se refirió el senador Iván Cepeda en su intervención ante la comisión segunda del senado.

Pero, a la vez, esta subcultura de la para-política, el contrafuerte reaccionario de la revolución democrático de asiento campesino, choca con la  dinámica propia de la sociedad civil moderna que establece y entroniza la nueva Constitución de 1991. La república neo-liberal que construyen en conjunto, liberales, la fracción laureanista del conservatismo,[18] y la alianza democrática/M19 “fundamenta su legitimación  en una dominación legal-racional, donde el derecho  es estatuido de un modo racional, con arreglo a fines y no a valores, respondiendo a un universo de reglas abstractas y no personalizadas…”[19]

Este ensayo de segunda república liberal se hunde en la renuncia explícita que sus agentes políticos hacen a consumar, por una parte, una verdadera reforma agraria, que redistribuya la renta agraria,  y de seguridad productiva al campesinado parcelario, y garantías laborales al proletariado agrícola, movilizado por la bonanza fugaz de los cultivos ilícitos. Y de otra parte, que nacionalice la renta minera y petrolera, y con su producido libere de la pobreza y la miseria a las masas urbanas sometidas y envilecidas a las formas de subsistencia y reproducción delincuencial de sus formas de vida.

A los dos vectores expresados se suma, “el efecto globalizador de la sociedad posmoderna, de parte del mundo postindustrial,” a través de “las políticas neoliberales de apertura económica… (que) bosquejando un choque tectónico de placas legitimatorias en tensión.”[20] A ellas responden, por sobre todo, en lo política global y regional, las lógicas de la soberanía imperial que agencian los intereses de los Estados Unidos en América Latina, y Colombia en particular, cuya deuda externa crece como la espuma, en medio de una ilusoria prosperidad, que es la bandera económica de la anacrónica tercera vía con la que el presidente Santos junta dos mandatos presidenciales.

 El gendarme regional amenazado por la pérdida de mercados en Asia, donde la China es un gigante que controla buena parte de la deuda estadounidense, requiere una disciplina marcial de parte de sus socios mejor, que se acrecentó por el descalabro financiero del año 2008.[21]

Después de la cuasi-debacle del sistema financiero, con el derrumbe de Lehmann Brothers,  propiciada por la espiral especulativa que facilitó la desregulación que autorizó la unión de la banca comercial y de inversión, resultó una mayor concentración del poder del capital financiero en diez grandes entidades, que dictan políticas al gigante estadounidense.

Este tercer vector de fuerzas, interviniente en Colombia, quiere recuperar a toda costa el control sobre el subcontinente, tiene a Colombia como una de sus cabezas de playa más vigiladas; y exige una política de paz interior para desarrollar sus proyectos extractivistas y disciplinar el vecindario proclive a respaldar gobiernos nacionalistas autónomos.

LOS  BLOQUES DE PAZ Y GUERRA, Y  SUS CONTRADICCIONES.

                                                          La fuerza política plural que protagoniza la paz democrática, está enfrentada a una tensión manifiesta con el partido de la guerra, que tiene expresión principal en el Centro Democrático,  y la acción conformista del partido de la U, que orienta el acuerdo de Unidad Nacional, como abanderados del  proyecto de una paz próspera en clave neo-liberal.

El bloque subalterno en construcción, que orienta el proyecto de la Paz democrática tiene que desplegar una estrategia que recupera y repotencia en el ámbito de la sociedad civil dividida,  lo acordado y “sepultado” en San Francisco de la Sombra del 5 de octubre de 2001.[22] Para lo cual ha de  darle cabida efectiva al mundo urbano y rural, cada uno con sus diversas expresiones políticas y sociales, tal y como las conocemos hoy en día.

Para hacerlo realidad este proceso de hegemonía alternativa, sin tener el gobierno de la nación, ni tampoco haberse hecho Estado,  requiere traducir, primero en términos nacional populares, una voluntad política ciudadana capaz de cementar la interlocución entre la ciudad y el campo. Todo lo cual supone asumir la presencia activa de una pluralidad de actores organizados en torno a sus intereses manifiestos.

Bajo estas condiciones, el fenómeno de la abstención, sumada a la doble realidad de los votos nulos y blancos, junto con la categoría de los no marcados, en sintomático de la presencia potencial de una transición. Los tres hechos que  tipifican la verdad de la cultura “cívica” de la representación política entre los colombianos, en el marco pre-establecido de la negociación de paz con las Farc-ep, le fijan el rumbo a la disputa por la hegemonía entre dos proyectos alternativos.

En la acción electoral de 2014 se perfilan dos focos de poder dominante, y un contra-poder, disputándose la orientación de la sociedad civil, donde la clase media es la primera interpelada en el espacio disputado, donde su conquista, persuasiva o intimidatoria, resuelve  la clave de la hegemonía, que al no ser resuelta a lo largo de medio siglo le ha dado persistencia una crisis orgánica de larga duración.

 Animando estos puntos focales están tres proyectos políticos, uno (neo) conservador reaccionario, cuya núcleo duro es el partido de la guerra bajo la nomenclatura de Centro Democrático, CD; uno reformista (neo)liberal que configura el partido de la paz sin reformas socio-económicas radicales, nominado como Partido de la Unidad Social, PUS, y sus aliados liberales y conservadores.

El tercero es un partido de raigambre de izquierda y social-demócrata que impulsa la reforma radical con timidez, espantado por el fantasma de las insurgencias subalternas.  Este partido, sin embargo, tiene también dos alas, delineadas con ocasión de la coyuntura electoral del año 2014.

De una parte está “la progresista” que se expresó electoralmente en la Alianza Verde, y que respaldó la candidatura presidencial de Enrique Peñalosa, donde predominan el  centro donde confluyen dos tendencias, el liberalismo social y la social-demócrata.

De otra parte está la tendencia de izquierda, que colidera con manifiesta dificultad el PDA, y que concurrió a la elección presidencial en una alianza electoral problemática no resuelta con la “resucitada” UP. Esta alianza es el comienzo de un proyecto, que primero experimentó la prueba de un acuerdo electoral que se probó en la decorosa participación de las candidatas Clara López y Aída Avella en la primera vuelta de la elección presidencial de 25 de mayo, que estuvo cercano a los 2 millones de votos.

 Vendrá luego la disputa por la alcaldía de Bogotá, que pasó por el respaldo no decidido a la errática gestión de Gustavo Petro, el alcalde progresista, y partícipe del proyecto de la Alianza Verde, que enfrenta sin resolverse todavía la destitución ordenada por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

En estas escaramuzas se prueba la  suerte de la principal Alcaldía de Colombia, porque Bogotá representa el mayor precipitado de fuerzas de izquierda y democráticas,  donde se ensayan con muchos altibajos formas de gestión autónoma parcial de los grupos y clases subalternas urbanos; sujetas a los vaivenes e inconsecuencias de tres alcaldes, dos electos por el PDA, y el último, por una disidencia, el Movimiento Progresista.