ESPECIAL: LOS TRES AÑOS DE SANTOS. SEGUNDA PARTE

Miguel A. Herrera Zgaib. Director Grupo Presidencialismo y participación

Descifrando las cifras políticas y económicas de la prosperidad

“Santos está satanizando a la oposición, acudiendo a la agresión y al insulto de quienes le criticamos el fracaso de su gobierno.” J. E. Robledo, senador del PDA.

                                                     La última encuesta conocida sobre las ejecutorias del presidente Juan Manuel Santos, tomada entre los días 2 y 6 de agosto, divulgada el mismo día de su intervención en el Puente de Boyacá, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, registró 58 por ciento de favorabilidad, y 40 por ciento de imagen negativa. El consolidado ofrecido por el CNC, de los tres años del gobierno Santos, muestra un declive sostenido desde agosto de 2010, cuando marcó 85 por ciento de imagen positiva frente a un 10 por ciento negativo. 

Hubo una inflexión ascendente en la curva de descenso para el mes de mayo de 2012, con 81 por ciento, positivo, y 17 por ciento negativo, una caída, y después una recuperación en noviembre de 2012, 78 por ciento positivo, y 20 por ciento, negativa. Luego el descenso ha sido sostenido en las mediciones hechas entre febrero y agosto del presente año, 2013.

 Al descifrar estas cifras  la diferencia entre la primera medición y la última se establece la siguiente diferencia: una caída del 23 por ciento en la imagen positiva; y un aumento inverso del 30 por ciento en la imagen negativa del presidente que quiere reelegirse.

 Ahora bien, pasando a los contenidos, indaguemos en las fuentes de la negatividad medida por el registro actual, de la primera semana de agosto; se destacan salud y seguridad como temas neurálgicos. El primer factor, leído con mayor detalle, implica el desastre social que se ahonda por varios gobiernos, junto al desempleo estructural. El desastre de la salud es medido en términos de la fordización de la atención, y de la profesión médica al “servicio” de las mayorías.

A lo anterior se suma la crisis definitiva de la Ley 200,  que instituida legalizó la vena rota de sus recursos devorados por el despilfarro a todos los niveles, los negociados de las transnacionales que hacen su agosto con precios triplicados en contraste con los promedios internacionales, y la impunidad burocrática al frente del robo continuado de las EPS, con Saludcoop como insignia infamante. Esta vena rota no ha sido cauterizada por el gobierno de la prosperidad, y su reciente control a los medicamentos de laboratorios extranjeros y nacionales, resultó un parto de los montes.

En cuanto a la problemática de la seguridad,  el asunto es más complejo, aunque opositores como el uribismo y el procurador Ordóñez la focalizan en el “rin rin” de la posible impunidad para la alta dirigencia de las Farc-Ep, al cierre de la negociación de paz. Otros, en cambio, como el senador Robledo y el PDA  la asocian, más directamente con la seguidilla de paros de los sectores sociales en conflicto, que reclaman cumplimiento a pactos preexistentes, o la protección frente a leyes y decretos que fijan los beneficios de la prosperidad en ventajas leoninas exorbitantes para el capital transnacional y sus comparsas locales. 

Un caso emblemático es el de la minería. Los pequeños mineros animan el grueso de la protesta frente a la legislación implementada, que juzgan con razón discriminatoria. Es cierto que ellos encuentran apoyos financieros por conveniencia en los capitalistas legales e ilegales implantados en el sector tradicional, quienes se aprovechan de la existencia ancestral de los barequeros, para repetir  con impunidad plena  la acumulación originaria del capital, como ocurre también en negocios legalizados a medias como el chance, o la recolección de basuras. 

Otro tanto de inseguridad proviene del malestar del mundillo del café, donde el reclamo por precios de sustentación busca precaver la caída ininterrumpida del precio internacional, lo cual ocurre también con otro tipo de commodities, afectadas por la onda recesiva mundial cuyo eco deprime todavía los mercados más  activos en las economías emergentes de gran tamaño.

Unos y otros afectados se vuelcan en protesta social sobre las vías principales que no son muchas, y las más de las veces en regular estado de conservación. Para afectar el abastecimiento de la vida económica, y el transporte  de las poblaciones que habitan los  conglomerados urbanos medianos y pequeños. Las grandes urbes resienten de modo notable la presencia de millares de desplazados resultados de la ruina del campo, por físico despojo, o a manos de los grandes proyectos agro-industriales, y minero energéticos. 

Así ocurrió en el paro campesino del Catatumbo que se prolongó por 54 días. Más de 5000 campesinos estuvieron localizados en Tibú, y  bloquearon la vía de acceso a esta rica región; sin embargo plagada de pobreza campesina, cuyos campesinos y colonos se defienden de la miseria con el cultivo de la coca para enfrentar la depresión sufrida por los cultivos de pan-coger y de subsistencia tradicional.  Esta zona del Magdalena medio es objeto de erradicación manual  respaldada por la presencia de los cuerpos de policía armada.

Al balance negativo de la seguridad se suma el desenlace oscuro de la liquidación del ISS, que afecta de modo directo a la población urbana. El ISS pasó a ser sustituido por Colpensiones, una tarea diseñada por el Mintrabajo, Rafael Pardo, paradójicamente, uno de los  mejor calificados en la rendición de cuentas pasada. El nuevo ente Colpensiones, al mes de julio, de 122.329 solicitudes de afiliados al  antiguo ISS, que debe satisfacer a 31 de diciembre, apenas había evacuado 18.795 a 31 de julio. Lo cual revela la imposibilidad de cumplir esa tarea en tiempo.  

La Corte Constitucional le exigió establecer tres grupos prioritarios. El primero lo constituyen 40.371  solicitantes, y se le ha resuelto su situación  a 12.899, y quedan apenas 5 meses hábiles para el resto pendiente. Este grupo lo constituyen inválidos o enfermos de alto costo, menores y mayores de 74 años, y cotizantes que en los últimos tres meses lo hacían sobre la base de uno y un salario y medio.  Este es un corte transversal que define las condiciones de inseguridad de la población colombiana más vulnerable, mayoritariamente urbana, a la que afecta marcha despiadada de la economía neoliberal, y que sigue siendo el motor principal durante la llamada “prosperidad democrática”.

Para curar la vena rota de la salud, el gobierno Santos tramita un nuevo proyecto de reforma, que  creará un fondo único, Salud Mía, que no oculta su filiación neoliberal en su simple enunciado posesivo. Este buscará atender de modo exclusivo, a los más desamparados,  sujetos al régimen subsidiado. Aquí se replica, en parte, lo hecho con las regalías, afectando las rentas cedidas a los departamentos, aunque para  el mayor monto de ellas queda bajo su disposición.

En 2012, las rentas cedidas llegaron a 1,228.034 billones. A hoy, por vía de ejemplo, citemos el caso de Cundinamarca, donde el gobernador Cruz reclama que aquí se generan $30 mil millones al año, con los que el departamento cofinancia el régimen subsidiado, las personas no afiliadas (en todo el país son 4 millones), y los hospitales públicos regionales.  El argumento fuerte para esta centralización es evitar la sangría, el ordeño que se produce en la intermediación que tiene de 4 a 5 pasos previos a la atención del solicitante de base.

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