11 de noviembre de 2013

PONENCIA  PARA VIII SEMINARIO INTERNACIONAL GRAMSCI.
TERCERA JORNADA. CONSTITUYENTE SOCIAL.

EL CALVARIO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS

¿UN NEGOCIO PARA LA IPS UNIVERSITARIA?
David Jiménez[1]

La Ley 1438 de 2011, en sus artículos 80 y 81, estableció que el Ministerio de Salud anualmente evaluaría el riesgo financiero de las Empresas Sociales del Estado E.S.E, y que las que se encontrarán en nivel alto o medio deberían someterse a un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

Así mismo, el artículo 82 de la mencionada ley, abre el camino de su privatización así:
-          Cuando la E.S.E incumpla el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero deberá someterse a un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999) con el Ministerio de Hacienda ( art. 8 de la Ley 1608 de 2013).

-          Cuando la E.S.E no recupere su viabilidad financiera mediante el Acuerdo de Reestructuración Pasivos deberá someterse a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, y posterior si continua la inviabilidad fiscal, el camino de la supresión, liquidación o fusión de la entidad.

El panorama de Antioquia con ejemplos

                                                            En el Departamento de Antioquia, en el año 2013, aparecen en riesgo financiero alto y medio, 71 Empresas Sociales del Estado, que vienen con el mismo riesgo financiero del año 2012. Pero, en el 2013, ingresaron otras 13 calificadas en riesgo alto y medio, para un total de 84 entidades públicas de salud[2].  Este es un número alto debido a que Antioquia tiene 125 municipios, que deben someterse a un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, y en caso de incumplirlo, tomar el camino del artículo 82 de la Ley 1438 de 2011.

La E.S.E Hospital Antonio Roldán Betancur del Municipio de Apartadó de II nivel de complejidad, el principal centro urbano de la subregión del Urabá Antioqueño, será liquidado y lo entrará a operar la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia[3]; así mismo, pasará con la E.S.E. Hospital La Cruz del Municipio de Puerto Berrío (el centro urbano más importante del Magdalena Medio Antioqueño) de II nivel de complejidad, dado que su liquidación fue aprobada por el Concejo Municipal. [4]

La Universidad de Antioquia con su IPS Universitaria, favorecida por su autonomía universitaria,  de contratación “tercerizada” de prestación de servicios de salud y por contar con personal residente de los pregrados y posgrados de las Facultades de Medicina de la ciudad de Medellín, ha entendido el negocio financiero de comprar hospitales y clínicas en los últimos años.

Primero que todo, al obtener la Clínica León XIII del Instituto de Seguro  Social, bajo el fantasma que dicen de “Rescatar Hospitales públicos en Colombia”[5], cuando en la realidad no los rescatan, sino que una vez liquidados y privatizados entran a operarlos, y no vuelven a ser patrimonio público estatal.

El negocio de la IPS Universitaria de la U.de.A continúa ahora en Barranquilla y San Andrés; y con las políticas de privatización y liquidación de hospitales (Ley 1438 de 2011 y Ley 1608 de 2013), el negocio llegará a más hospitales, bajo la figura de pública, pero en la realidad, bajo un sistema privado de mercado de la salud y de flexibilidad laboral.

Este es un neoliberalismo llevado al colmo, revestido de público bajo la figura de la Universidad de Antioquia con su flamante IPS Universitaria, y no es de extrañar que pronto haga carrera este “adefesio” en la Universidad de Colombia, que se viene privatizando por la puerta de atrás, sacándole jugo antes a las modalidades de la contratación interadministrativa. De lo dicho ya son prueba los salarios mensuales de no pocos docentes, beneficiados con tales contrataciones, que tienen efectos directos e indirectos a salario.

Un  S.O.S  ciudadano en tiempos de saqueo de lo común

                                           Con ese panorama y con el riesgo de que hospitales públicos de I, II y III nivel de complejidad que benefician por su ubicación y nivel de complejidad a muchos pacientes de diferentes municipios antioqueños,  en el Suroeste (Ciudad Bolívar, E.S.E. Hospital La Merced), Nordeste (Yolombó, E.S.E. Hospital San Rafael); en el área Metropolitana (Envigado, E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel; Medellín, E.S.E. Metro Salud; Bello; y E.S.E. Bello Salud) y en el Norte (Yarumal, E.S.E. San Juan de Dios), sufran una capitis diminutio, a manos del “guante blanco” de las universidades públicas, si no recuperan su viabilidad con el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

De lo contrario, están condenadas a terminar bajo la IPS Universitaria de la U. de. A,  u otro operador privado más convencional y voraz, dado que se encuentran en riesgo alto o medio financiero en nuestros días. A no ser que pacientes y dolientes nos preparemos como es debido, y llenemos de contenido la propuesta de una constituyente social, que en lugar de privilegios avance en darle contenido efectivo a la fórmula constitucional que pregona que “la igualdad sea real y efectiva”.

La Universidad de Antioquia, una de las principales universidades públicas colombianas, su comunidad universitaria, debería reflexionar y ponerle freno al papel de su IPS Universitaria, y su abierto favorecimiento de la estrategia que privatiza hospitales públicos, que son patrimonio común e histórico de muchas localidades antioqueñas.

El Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo como Presidente del Consejo Superior Universitario y Alberto Uribe Correa como rector, deben hacer cuentas responsables revelando el beneficio capitalista que obtiene la IPS Universitaria de propiedad de la U.de.A, cuando se privaticen los hospitales públicos de II y III nivel de complejidad. Más aún, que hablen con honestidad si les interesa compensar también esta ganancia, al operar los hospitales de I nivel de complejidad, que facturan menos, pero que, por el contrario, ofrecen servicios de salud a muchos municipios.

Finalmente, la comunidad universitaria de la U.de.A, debería comenzar a  revelar ese beneficio oscuro que recibe la IPS Universitaria por cada hospital público privatizado y liquidado en Antioquia. Estas privatizaciones, con descaro, irrespetan los derechos laborales y la carrera administrativa de los empleados del sector de salud sin dar cumplimiento a la sentencia C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional.

El otro camino  “oculto” a la privatización: el clientelismo del hospital público

En la época anterior a la constitución de 1991, los empleos públicos se asignaban por el color político del momento, existía en todo su esplendor el clientelismo revestido en la nómina estatal (Gutiérrez Sanín, 2010), pero la plenaria del Senado de la República con aprobación del texto de la reforma a la salud del Proyecto de Ley No 210 de 2013S aprobó que la elección de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (art. 81) serán de libre nombramiento y remoción por parte de alcaldes y gobernadores; y le darán un cheque en blanco al Presidente Juan Manuel Santos (art. 82) para que reforme el régimen laboral de los empleados públicos del sector salud, que al parecer todo suena desde el Ministerio de Salud y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Es la eliminación de la carrera administrativa, para darle flexibilidad a las plantas de personal, dejando los cargos que sean de libre nombramiento y remoción, es un regreso a que los alcaldes y gobernadores con concejales y diputados aliados respectivamente, entren a manejar el clientelismo de la nómina de las Empresas Sociales del Estado.

Con lo anterior, el neoliberalismo de la economía de mercado en su argumento de privatizar el patrimonio público-estatal, señala que la ineficiencia por la corrupción y los malos manejos políticos llevan al borde financiero a la empresa pública; con lo anterior, si gobernadores y alcaldes con sus aliados en las corporaciones públicas de elección popular; tendrán a gerentes de Empresas Sociales del Estado y toda la nómina de la planta de cargos de libre nombramiento y remoción.

Podrán hacer con su antojo el clientelismo a la manera particular  e ilegal que nos podamos imaginar; y su gran efecto es el circulo vicioso que si los hospitales públicos terminan más “cooptados” política y electoralmente,  se traducen en malos resultados financieros  evaluados por la Ley 1438 de 2011 y 1608 de 2013 deben someterse a un ajuste financiero que tiene las puertas abiertas a la privatización.

Sin embargo, la política gubernamental del Buen Gobierno, que tiene uno de sus pilares la eficiencia administrativa (https://www.dnp.gov.co/Gobierno/BuenGobierno.aspx ) y la lucha contra la corrupción, no termine fortaleciendo el talento humano en el sector público de la salud como señala el artículo 125 de la Constitución (acceso al servicio público de forma técnica y meritocrática con la carrera administrativa), sino dando vía libre al clientelismo burocrático con la nómina de los hospitales públicos.

Los dos síntomas para la privatización: el ajuste fiscal territorial

Los ajustes estructurales a la producción de política económica del Gobierno Pastrana[6], fue la expedición de la Ley 617 de 2000, denominada como ley de ajuste fiscal de las entidades territoriales, dado que limitaba su gasto de funcionamiento y que con los recursos propios de Departamentos, Distritos y Municipios; deben soportar el pago de la nómina, el pasivo pensional y prestacional.

La dosis de ajuste fiscal (art. 19 de la Ley 617 de 2000)  consiste en que los municipios o distritos que incumplen el límite de gastos de funcionamiento según su categoría, deben someterse así a
-          Ejecutar un Plan de Saneamiento Fiscal durante una vigencia fiscal
-          En caso de incumplir nuevamente el límite de gastos de funcionamiento, deberán someterse a un Plan de Desempeño Fiscal  con un limite de tiempo definido por la Asamblea Departamental a iniciativa del respectivo Gobernador.

-          Si el municipio o distrito continuo incumpliendo el límite de gastos durante dos vigencias fiscales y pasado el  tiempo fijado por el Plan de Desempeño Fiscal, la Asamblea Departamental decretará la fusión del municipio a iniciativa del Gobernador.
Con lo anterior, fusionar un municipio con otro, un mandato de la ley, no sida iniciativa en Colombia, por el valor electoral y cultural y lo impopular que significa.

Por otra parte, la ley 617 de 2000 nos define las reglas para comprender la viabilidad financiera de un Municipio determinado, y la Ley 1438 de 2011 para el riesgo financiero de una Empresa Social del Estado, dos caras ocultas de privatización del patrimonio público-estatal, pero que en si pierde más el hospital público, porque los municipios representan votos e identidad cultural.

Para ilustrar, el Municipio de Toledo (Antioquia) desde el 2005 hasta la fecha incumple con el límite de gastos de funcionamiento de la Ley 617 de 2000[7], con lo cual tiene poca capacidad e institucionalidad local para recuperar su viabilidad financiera, y si fuera por el mandato legal, lleva 8 vigencias fiscales incumpliendo con la disciplina fiscal, ya debería ser corregimiento, pero no ha pasado.

Por otra parte, la E.S.E. Hospital Pedro Claver del municipio, según la Resolución No 1877 de 2013, aparece en riesgo financiero alto, en pocas palabras, si incumple en el Plan de Saneamiento Fiscal tendrá las puertas abiertas a su privatización; dado que por la débil institucionalidad local del municipio, que ni la Alcaldía Municipal y el Hospital tienen viabilidad fiscal, el segundo con más riesgo de ser liquidado por el camino previsto en la Ley 1438 de 2011 y la Ley 1608 de 2013  y dado que existen muchos ejemplos de liquidación de hospitales públicos en Colombia. 

Similares casos suceden que tanto la Alcaldía Municipal y el hospital público se encuentran sin viabilidad fiscal como en Argelia  y Caramanta (Antioquia), pero la salud con más riesgo privatizador por la política nacional donde la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda jugará un papel importante para hacer cumplir con la austeridad y la disciplina fiscal, y en caso contrario, someter a la privatización al hospital público.

Otro ejemplo, una de las zonas con el conflicto armado “vivo” en plena zona de consolidación del Estado Colombiano, el Bajo Cauca Antioqueño, 3 de los 6 los hospitales  de la subregión en  los Municipios de Cáceres, El Bagre, Taraza; se encuentran en riesgo financiero alto y medio; con lo cual deben aplicar la dosis del ajuste fiscal para no ser privatizadas; con lo cual, una zona donde el Estado debe consolidar su presencia en un escenario de posconflicto, al parecer la asistencia en salud podría quedar en manos del sector privado.
Otra región con una larga historia, el magdalena medio, los municipios ribereños como Yondo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo y Puerto Nare; con hospitales en riesgo alto y medio financiero; y con el antecedente que el principal centro hospitalario de la subregión que ofrece servicios a municipios de Antioquia y Santander, la E.S.E. Hospital La Cruz de Puerto Berrio será privatizado y liquidado.

Reflexión final

La reforma a la salud del Gobierno Nacional, toca muchos aspectos del sistema de salud, más deja intacta la lógica privatizadora de los hospitales públicos de la Ley 1438 de 2011 y Ley 1608 de 2013, a su vez, la profundiza, porque elimina los aportes patronales (son los recursos de subsidio a la demanda que contratan los municipios para que las E.S.E atiendan a la población pobre no asegurada a ningún régimen de salud) que son para muchos hospitales, el pago de seguridad social y parafiscales de su nómina frente a los retrasos de los giros y pagos por parte de las EPS.

A su vez, el fortalecimiento financiero de los hospitales públicos en riesgo, se debe más a las deudas de las EPS con dichas entidades, y más la dosis de clientelismo burocrático de la reforma a la salud, tendremos hospitales más politizadas a las fuerzas políticas que dominen en el escenario local y regional; para luego aparecer los neoliberales con el argumento que se hace necesario su privatización por la corrupción y los malos manejos políticos.

Al parecer jugará la estrategia del diplomático norteamericano Henry Kissinger  quien durante la guerra fría sostenía, que si para conservar la democracia, hay que destruirla, la destruían tal como sucedió en Chile. Ahora, todo indica que el neoliberalismo en agonía para asegurar un mercado privado de oferta de servicios de salud, pensara para garantizar el futuro del negocio de la salud, es mejor darles por un tiempo los hospitales públicos, en un 100%, a los políticos; para que  coopten a su cuerpo directivo y científico, y luego le apliquen la dosis de privatización que ya padecimos, con el argumento de siempre: ineficiencia y corrupción.

Finalmente, la era de reestructuración de hospitales públicos entre 2002-2007, donde le otorgaban recursos a las Empresas Sociales del Estado para reducir su planta de personal y pagar las indemnizaciones laborales, que de paso terminó con el boom de Cooperativas de Trabajo Asociado CTA tuvo el auspicio del alto gobierno para impulsar la “tercerización” laboral.  Esta fórmula aun anda vigente, esa tarea de privatizar quedó pendiente, dado que el Gobierno Nacional actualmente tiene toda una política pública  diseñada para la liquidación y supresión de hospitales públicos, con la cual les daría la estocada final, cuando las fuerzas vivas de la salud copan las calles y hacen oír su voz.

PD: Invito a los estudiantes y profesores de las Facultades de Medicina de las universidades públicas y privadas, no solo  movilizarse para retirar el artículo 52 del proyecto de ley de reforma a la salud que permite que los hospitales universitarios gradúen especialistas médicos, sino a defender a las Empresas Sociales del Estado como trinchera de defensa de lo común, que se expresa en la figura del patrimonio público y estatal del Estado Social de Derecho, que no es una coartada como hasta ahora para ampliar e inducir más privilegios.

Referencias
Estrada Álvarez, J. (2005).  Élites intelectuales y producción de política económica en Colombia. En Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Estrada Álvarez [ed]. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia, COLCIENCIAS, CAB.
Gutiérrez Sanín, F. (2010). Instituciones y territorio: la descentralización en Colombia. En 25 años de la descentralización en Colombia. Bogotá D.C: FKA
República de Colombia
-          Ley 617 de 2000
-          Ley 1122 de 2007
-          Ley 1438 de 2011
-          Ley 1608 de 2013
-          Resolución 1877 de 2013 del Ministerio de Salud
-          Proyecto de Ley No 2010 del Senado de la República



[1] Politólogo y Estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Información obtenida de la Resolución No 1877 de 2013 del Ministerio de Salud
[3] http://www.youtube.com/watch?v=3RB3A3g3zrU
[6] Ver más en Jairo Estrada Álvarez (2005).
[7] Información obtenida de los informes de desempeño fiscal municipal del DNP

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