Anti-hegemonía y Defensa de lo Común en Colombia.
Resistencia Comunitaria y Ciudadanía Constituyente.
Autor: Dario Ghilarducci
Estudiante
del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, integrante
del Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación de la Universidad
Nacional de Colombia.
Email: d.ghilarducci10@uniandes.edu.co
Área temática: Participación, representación y actores
sociales
Trabajo
preparado para su presentación en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia
Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP).
Bogotá, 25 al 27 de septiembre de 2013.
Resumen
La ponencia ofrece una lectura de
las reivindicaciones y luchas de algunos movimientos sociales, étnicos y políticos
colombianos en una óptica que pretende superar la clásica categoría de
hegemonía gramsciana, observando como existan procesos comunitarios de
resistencia civil y ejercicio activo de la ciudadanía que están reconfigurando
el campo y los objetivos del juego político hacia la defensa de lo “común”.
En primer
lugar se entiende ofrecer una formulación aproximativa del concepto de
anti-hegemonía, a partir de las practicas constituyentes de los sujetos
políticos aquí considerados, destacando su especificidad y pertinencia teórica
relativamente al contexto observado.
A partir de
la definición de anti-hegemonía como construcción histórico-social y política
se abarcará el tema de lo “común” delimitando su extensión ontológica, como
concepto emergente y necesario directamente relacionado a la defensa y
reproducción de la vida y destacando por lo tanto su inmanente relevancia
política.
En seguida se
aplicarán los conceptos elaborados, a casos específicos y en particular a los
pueblos indígenas del Cauca[1]
y a las comunidades afrodescendientes del Chocó y del Uraba Antioqueño[2],
encontrando en sus reivindicaciones y procesos organizativos locales,
propuestas políticas de mas amplio alcance generalizables al conjunto del país
y cuya relevancia excede las fronteras nacionales y continentales.
El presente
trabajo no pretende formular conclusiones determinadas, sino mas bien estimular
ulteriores investigaciones que permitan ofrecer a los policy makers
nacionales e internacionales, unas miradas hacia las necesidades básicas de la
ciudadanía en su conjunto, por una gestión de la cosa pública cada vez mas
optimizada, participativa e incluyente.
Introducción
Los procesos de
reconfiguración de las relaciones de fuerza y de poder en todo el territorio
nacional han permitido el surgimiento y fortalecimiento en Colombia de nuevos
actores sociales locales que ejercen un papel político cada vez mas activo y
protagónico desafiando las viejas categorías de análisis. La novedad de estos
actores no reside en su reciente nacimiento, ya que existen y resisten desde
hace siglos, cuanto en la reformulación de sus demandas y la reinterpretación
que ellos ofrecen de la acción política.
Resistencias y procesos políticos territorialmente delimitados avanzan
reivindicaciones de alcance global, relacionando sus luchas localmente
delimitadas a objetivos planetariamente relevantes, a partir de nuevas formas
de entender y ejercer el poder. Estos procesos son caracterizados por la falta
consciente y voluntaria de estrategias finalizadas a imponer una hegemonía
política, que se acompaña paralelamente a una perspectiva ideológica
potencialmente universal.
Se impone por lo tanto la necesidad de analizar dichos procesos bajo las
lentes de un nuevo paradigma y con nuevas herramientas de trabajo que tomen en
cuenta sus características específicas y los cambios en el sentido del que
hacer político, respecto a la emergencia de nuevas necesidades y problemas que
afectan la población global en su conjunto.
En particular asume una relevancia preponderante la reinterpretación y
reinvención de la acción política en defensa del “común”, mas allá de la lucha
por el conseguimiento del poder o la sustitución de la élite dominante y se
hace imperante la demanda por el establecimiento de formas alternativas de manejo
de la cosa pública.
Las realidades colombianas de los pueblos indígenas del Cauca y de las
comunidades afrodescendientes del Chocó y del Urabá Antioqueño, ofrecen
ejemplos concretos de estas formas de entender y ejercer el poder. A pesar de
tener una trayectoria secular y unas historias de luchas y resistencias que
empezaron al tiempo de la colonia, estos grupos sociales subalternos han sido
capaces de renovar las formas de ejercer el poder, sin perder sus
características propias y fortaleciendo en el tiempo sus reivindicaciones
políticas locales y particulares, elevándolas a nivel universal y necesario.
El presente escrito se propone formular y definir el concepto de
anti-hegemonía, redefinir el concepto de “común” y finalmente aplicar los dos
al análisis de los estudios de casos propuestos.
Por lo tanto el trabajo estará dividido en cinco partes: la primera donde
se construirá el concepto de anti-hegemonía; la segunda donde se propondrá una
nueva definición del concepto de “común”; la tercera que se ocupará de aplicar
los paradigmas elaborados al estudio de los procesos de los pueblos indígenas
del Cauca; la cuarta donde el mismo ejercicio será extendido a las comunidades
afrodescendientes del Chocó y del Urabá Antioqueño; y finalmente la quinta y última
parte donde en la conclusión se presentarán algunas reflexiones finales.
Anti-hegemonía
Por anti-hegemonía se entienden una
perspectiva y una practica política propia de algunos grupos subalternos que se
caracteriza por: 1) la resistencia a una dominación en términos de liberación
de la misma, que a la vez construye identidad política activa;[3]
2) la reivindicación de poder en términos de gestión autónoma y autodefensa de
cuerpos y espacios necesarios a la vida; 3) la falta de un proyecto dominante y
absoluto; 4) la existencia de una perspectiva ideológica dirigente y
generalizable. Las primeras dos características definen positivamente el
concepto, mientras las últimas dos, marcan diferencias y similitudes relevantes
con la categoría de hegemonía gramsciana.
El hecho
mismo que existan grupos subalternos implica un poder dominante que ordena,
disciplina, construye, estratificación social, política y económica.[4]
No todos los grupos subalternos se constituyen en términos de resistencias, por
lo tanto cabe mencionar que existen subalternos con identidad adscrita
(subalternos “pasivos”) y subalternos con identidad propia (“subalternos
activos”).
En el
presente estudio serán tomados en consideración los subalternos activos que
construyen su identidad a partir y adentro de procesos de resistencia y lucha
de liberación contra la dominación. La construcción o reconstrucción
identitaria de los subalternos activos pasa a través de varias fases sucesivas:
a) la recuperación de la memoria histórica; b) la lucha contra el olvido que se
concretiza en el estudio y análisis de las causas que han determinado las
condiciones de subalternidad y la resignificación simbólica de las mismas; c)
la formulación de planes de vida y estrategias de resistencia colectiva.
Formular planes de vida y
estrategias de resistencia civil colectiva en contextos de conflictos armados
implica encontrar formas que permitan garantizar condiciones mínimas de
seguridad. Cualquier proceso de autorganización orientado a perseguir dichos
objetivos es en sí mismo un proceso de reapropiación y ejercicio del poder. Es
apropiado operar una distinción entre procesos directos e indirectos, donde los
primeros son determinantes de los segundos. Por directos se entienden los hecho
concretos y primordiales de resistencia (reagrupaciones, movilizaciones,
ocupaciones o recuperaciones de tierras, etc.) y por indirectos las sucesivas
negociaciones con el poder dominante y con otras entidades que puedan ejercer
presión frente al mismo.
Los objetivos comunes de ambas acciones políticas son la
autoprotección física de los actores y la recuperación de porciones de
soberanía[5]
sobre el territorio. Se definen por lo tanto como proyectos y acciones
circunscritos a espacios delimitados, tales como los cuerpos de los individuos
y las tierras necesarias para garantizar condiciones dignas de existencia.
La tajante delimitación espacial de
los proyectos anti-hegemonicos marca una diferencia substancial respecto a los
proyectos hegemonicos de tradición gramsciana (y sucesiva) que construyen y
proyectan estrategias de alcance general finalizados al conseguimiento del
poder y al derrocamiento del dominante. Si un proyecto político quiere tener un
alcance hegemónico en términos gramscianos, construirá estrategias que le
permitan llegar a la toma del poder, sustituyendo – por lo menos en un primer
momento – la élite dominante con un nueva élite.
Los proyectos anti-hegemónicos no
aspiran a tomarse el poder, sino mas bien a concretizar condiciones de autodeterminación,
autorganización y más en general de gestión autónoma del poder, donde liberarse
no implica establecer otra forma de dominación. En estos términos son proyectos
democráticos en el sentido mas absoluto del término, que nacen y se desarrollan
en situaciones de fuertes limitaciones de las libertades civiles y de las
reglas del juego poliárquico, determinadas por
las condiciones de excepcionalidad que caracterizan los escenarios de
todo conflicto armado. En otras palabras, son experimentos constituyentes
delimitados de democracia participativa en condiciones de ausencia, suspensión
o fuerte limitación de las garantías democráticas. En últimas el objetivo no es
la ocupación del poder y de posiciones de poder, sino su ejercicio local y
limitado.
Lo que diferencia un proyecto anti-hegemónico
de uno “territorialista” o secesionista construido sobre reivindicaciones
políticas relacionadas a cuestiones de carácter cultural, lingüístico,
irredentista, étnico o racial, es la existencia de una perspectiva ideológica
“dirigente” en términos gramscianos y, por lo tanto, generalizable y extensible
a otros grupos sociales, mucho mas allá de las fronteras del territorio en
cuestión.
La acción política ya no se define o
no se define solo en términos de determinar o controlar otros sujetos de forma
persuasiva o coercitiva, sino como defensa de los recursos necesarios a la
producción y reproducción de la vida de todas y todos. Las reivindicaciones y luchas territoriales
adquieren un valor general cuando están relacionadas con la defensa de lo “común”.
Las prácticas
anti-hegemónicas en defensa de lo común, no son acciones anti-políticas, todo
lo contrario, por que permiten la existencia de la vida, de las relaciones
sociales y por lo tanto de la política como interacción entre seres humanos. En
este sentido son la mas alta expresión de acción política activa imaginable,
tanto en términos realistas que idealistas.[6]
Común
Común es lo que es necesario para la
existencia y reproducción de la vida humana en el sentido mas clásico del concepto, o sea
lo que es y no puede ser de otra forma, contrario exacto de lo contingente.
Todo lo que es necesariamente compartido por parte de los seres humanos (y en
casi su totalidad de muchas otras formas de vida), constituye lo común.
Entrando en el detalle, comunes son las que pueden ser definidas como las
fuentes de la vida, en el orden: aire, agua, tierra (como fuente directa y
primaria de la comida), a las cuales se les añade en segunda instancia y como
producto derivado, el conocimiento, que puede ser simbolizado en términos
arquetipos con el fuego.
Por lo tanto, a pesar
de la construcción política relativamente reciente del concepto de común, la
aparición de sus elementos materiales constitutivos esenciales es contemporánea
a la aparición de la vida sobre el planeta. Entonces parecen exageradamente
forzadas las interpretaciones que quieren determinar la esencia del común como
resultado de un proceso productivo del intercambio cognitivo o del “general
intellect”; según el análisis propuesto, las primeras tres – de un total de
cuatro y la última se considera solo como consecuente a las otras –
componentes materiales del concepto, son
inclusive preexistentes a la vida humana.
Aquí el común se
define en términos de componentes o fuentes compartidas y necesarias por la
vida y su reproducción, así como precedentemente expuesto, tenga la ventaja de
reducir el campo de análisis a unos objetos bien determinados y concretos, que
de esa manera pueden ser materia de construcción e implementación de políticas
generalizadas en su defensa y reproducción. Considerar el común como producto
cognitivo del trabajo intelectual o como generalización de condiciones
impuestas por el sistema de producción global, desvía el análisis de la
búsqueda de elementos concretos sobre los cuales apoyar la construcción, la
elaboración y la implementación de políticas que permitan la defensa de lo que
es absolutamente necesario a la vida humana y por lo tanto generalizable a
todos los habitantes planetarios.
Dicho de otra forma,
pretender derivar el común de relaciones de producción y de poder, implica
quitarle su esencia colectiva innata y utilizar instrumentalmente el concepto
como un arma discursiva, un elemento de polémica, que favorece y alimenta
conflictos en vez de fortalecer la búsqueda de soluciones compartidas colectiva
y globalmente, o sea realmente “comunes”. El común ya no sería común, sino más
bien “particular” al volverse su búsqueda un simple objetivo coyuntural, útil
para justificar una acción de carácter hegemonico finalizada a la toma del
poder. Si se entiende como común, todo lo que está relacionado a la circulación
e intercambio de saberes, el campo abarcado no tiene ningún límite definible y
por lo tanto su carácter absolutizante impide encontrar un consenso sobre su
composición ontológica.
Volviendo a la
definición primaria, se puede afirmar que por lo tanto defender el común
implica defender el aire, el agua y el territorio como fuente principal de
producción y acceso a la comida. La acción contraria por lo tanto pone a riesgo
la vida misma. La progresiva degeneración de las condiciones del medio ambiente
a nivel planetario, pusieron ya desde hace décadas el interrogante sobre la
necesidad de delimitar los límites del crecimiento económico respecto a los
recursos globalmente disponibles.
Dichas preocupaciones
que han ido creciendo con los años paralelamente al nivel de contaminación, definen otro aspecto de lo común,
que implica a la vez su negación implícita: el riesgo compartido de extinción.
En este sentido las demandas, luchas y resistencias de los sujetos considerados
en este trabajo, adquieren un contenido programático de carácter universal, por
que a pesar de estar fuertemente relacionadas a espacios físicos delimitados
(sus cuerpos y territorios de pertenencia) asumen una carga simbólica
enormemente más relevante. (revisar el
sentido de esta parte que te marco en rojo)
Las reivindicaciones
de estos pueblos y comunidades se estructuran no solo como defensa de lo
necesario por su propia existencia, sino por la defensa de la existencia de los
demás en dos sentidos: 1) cuestionan en la practica constituyente cotidiana de
sus resistencias un modelo de desarrollo basado en la explotación
incondicionada de los recursos naturales; 2) están directamente asentados en
territorios extremadamente relevantes por su riqueza en términos de
biodiversidad. Las acciones cotidianas de resistencia civil que construyen y
definen juntas con su acumulado simbólico[7]
la relevancia de la identidad política de las comunidades en los procesos aquí
considerados, constituyen formas de practica teórica en constante desarrollo,
que desde lo particular abordan problemas generales, pidiendo respuestas y
soluciones concretas directamente a los centros neurálgicos dominantes de
elaboración e implementación política.
Al mismo tiempo su
relación simbiótica con los territorios donde viven, implica la defensa de los
mismos, en el respecto de los equilibrios naturales, que los eleva
automáticamente al papel de guardianes de ecosistemas frágiles y preciosos. En
este sentido la defensa y autodefensa de estas comunidades y grupos y de sus
procesos organizativos – que implica a la vez la defensa de los territorios
donde están asentados – se configura como un servicio público globalizado, o
sea un servicio común.
Esas
consideraciones redefinen la subaltenidad de estos grupos como protagonistas
activos de procesos políticos mucho mas extensos de la defensa de intereses
particulares y particularistas, superando también las visiones
estructuralistas, donde la acción de todo grupo social adentro de un sistema se
resume en la formulación de peticiones y demandas al poder dominante, para
satisfacer necedades circunstanciadas. Las demandas de estos grupos
subalternos, abarcando el espacio de la defensa del común, permiten la
existencia misma y la reproducción de los sistemas (sociales, políticos,
económicos), ya que sencillamente, defienden elementos materiales preexistentes
a cualquier sistema.
Los Pueblos Indígenas del Cauca[8]
“De ser
legítimos poseedores y protectores de estos territorios, pasamos a ser esclavos
y extraños en nuestra propia casa, sin derecho al usufructo amplio y suficiente
de los beneficios que produce la madre tierra. Hoy enfrentamos necesidades cada
día más agobiantes, que nos obligan a aumentar la presión sobre sitios
estratégicos de conservación para el sostenimiento natural del agua y la
producción de oxígeno. Cualquier grupo social en constante crecimiento, demanda
cada día más tierras aptas que suplan el derecho irrenunciable a la
alimentación”.[9]
“Por
eso vamos a seguir recuperando las tierras. Por eso vamos a dejarla en libertad
para convivir en ella y para defender la vida. Por eso, luchar por la tierra no
es un problema ni un deber solamente de los indígenas, sino un mandato
ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la
vida”.[10]
El proceso
organizativo contemporáneo de los indígenas del Cauca tiene sus raíces en
quinientos años de resistencia a la dominación, al despojo y a la explotación
de sus territorios por parte de los colonizadores europeos antes, de los
colonos internos y del surgimiento y presencia de grupos armados después. Dada
la economía del presente trabajo y su objetivo de indicar posibles alternativas
a la formulación de políticas públicas en defensa del común en la
contemporaneidad, el estudio se limitará casi solo a la observación de acciones
y eventos sucesivo a la implementación de la Constitución Política de 1991.
Todavía cabe mencionar
– aun este argumento no sea de ninguna forma objeto de la presente ponencia –
que las formas de resistencias de esos grupos subalternos ha pasado en la
historia reciente del siglo anterior por diferentes etapas, entre ellas también
la lucha armada, con la formación de las autodefensas indígenas[11]
antes y de la guerrilla del Quintín Lame después. Los movimientos armados se
han desmovilizado negociando con el Estado y de este momento en adelante las
organizaciones indígenas han seguido sus resistencias y luchas sin volver a
recorrer a las armas.
De la misma forma el
origen de una de las acciones directas mas relevantes en estos procesos de
resistencia, o sea las recuperaciones y
ocupaciones de tierras,[12]
empezaron como estrategia colectiva y estructurada ya en la mitad de los años
ochentas, o sea antes de la Constitución Política de 1991 y mientras
paralelamente se adelantaban acciones armadas. La fundación misma del CRIC
resale a la década de los setentas cuando “el 24 de febrero de 1971, en
Toribío, siete Cabildos e igual número de resguardos indígenas crean el Consejo
Regional Indígena del Cauca – CRIC, nombrando el primer Comité Ejecutivo”[13].
Pero será sobre todo con la participación a la Asamblea Constituyente y con los
procesos políticos empezados a comienzos de los años noventas, que los procesos
de los pueblos indígenas del Cauca, empiezan a adquirir una relevancia nacional
e internacional.
Dos
indígenas caucanos y uno del Departamento del Chocó fueron miembros de la Constituyente,
participando en la Comisión Primera y Segunda, respectivamente encargadas del
Preámbulo y Principios Generales y del Reordenamiento Territorial. Las
reivindicaciones indígenas representadas por los tres participantes en la
Constituyente y respaldadas por parte de todas las etnias y pueblos originarios
del país, lograron consignar a la carta fundamental los principios relacionados
a la territorialidad (constitución y reconocimiento jurídico de los
resguardos), a la jurisdicción indígena, a las lenguas originarias, a la
educación propia, a las transferencia de recursos nacionales para territorios
indígenas y a la participación política.
A pesar de
estos reconocimientos en la nueva Constitución, los tres representantes (así
como todos los pueblos indígenas del país) tenían bien claro y afirmaron que:
“A la Constitución y a las leyes hay que darles vida, y solo se les dará vida,
luchando permanentemente por el cumplimento efectivo de los derechos en ellos
consagrados”[14]. Desde la Constitución
Política de 1991 en adelante, la estrategia del proceso de resistencia de los
pueblos indígenas se ha configurado en la alternancia entre acciones directas e
indirectas: no han faltado y se siguen repitiendo las ocupaciones y
recuperaciones de tierras, así como sigue permanentemente la contratación y
negociación con el Estado Colombiano.
La construcción
de la identidad política activa adentro de procesos de resistencia se ha
concretizado en un programa resumido actualmente en 10 puntos: “1) Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la
defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades
indígenas; 2) Ampliar los resguardos; 3) Fortalecer los cabildos Indígenas; 4)
No pagar terraje; 5) Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa
aplicación; 6) Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas; 7.)
Formar profesores indígenas; 8) Fortalecer las empresas económicas y
comunitarias; 9) Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía
y equilibrio con la Madre Tierra; 10) Defensa de la Familia”[15].
El
Programa de Lucha del CRIC evidencia claramente su contenido anti-hegemónico en
defensa de lo común. En ningún lugar se expresa la voluntad de desestabilizar o
derrocar el poder dominante y las instituciones del Estado, pero al mismo
tiempo se establece una estrategia de acción política que implica el
fortalecimiento de todas aquellas estructuras comunitarias que permitan
desarrollar y fortalecer proyectos autónomos de gestión y defensa propia del
territorio.[16] Los primeros dos puntos
pertenecen a la plataforma originaria del CRIC desde su fundación, mientras que
los otros puntos “se adecuan a las nuevas situaciones de la lucha indígena”[17].
Entre todos los puntos “nuevos” adquiere fundamental importancia el nono:
“Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con
la Madre Tierra”, que al tiempo resume y reconstruye el significado de todos
los otros a la luz de la defensa de lo común y eleva la plataforma de
resistencia desde un nivel meramente territorial al escenario global. Es
propiamente aquí donde se encuentra el potencial de extensión del proyecto
anti-hegemónico mucho más allá de las fronteras de los resguardos indígenas y
de Colombia.
“Históricamente
el Programa Político ha trabajado la importancia de la recuperación del saber
ancestral, y el valor que representa la sabiduría de los mayores, a los cuales
se les compara con libros que tiene la comunidad para consulta permanente”. La
sabiduría de los mayores ha permitido – entre otras cosas – construir
propuestas políticas por la comunidad internacional, formuladas como
alternativas o complemento de los Objetivos del Milenio de las Naciones, frente
su posible replanteamiento en el año 2015. Las propuestas abarcan los temas de
tierras, ambiente, familia y gobernabilidad y contemplan entre otras cosas el
“respecto a los derechos de la Madre Naturaleza”[18],
como estategia de sustentación y defensa de lo común.
Las
comunidades afrodescendientes del Chocó y del Urabá Antioqueño[19]
“Somos
de aquí. Somos la humanidad. Somos la Dignidad. Somos palabras. Estamos
recreando el mundo. Estamos afirmando nuestros derechos en la guerra. Somos de
aquí como ustedes. Somos de aquí y hemos asumido nuestra responsabilidad. Somos
de aquí. Ustedes y nosotros, somos resistencia. El mundo no es lo que se ha
hecho. Estamos construyendo otra oportunidad. Una sociedad diferente de paz con
dignidad. Ahí está nuestra memoria”.[20]
“Nosotros
no podemos ser egoístas con el resto del mundo. No podemos ser egoístas con esa
tierra. Sabemos que las ciudades necesitan la madera. Sí, si hay que hacer
algunos aprovechamientos para que llegue a otras partes que no hay, se hacen.
Pero que sea razonable porque toda la vida se va a necesitar. Y si por
llenarnos los bolsillos de plata la vamos a destruir toda en un día, mañana no
hay nada para distribuir a los otras partes. ¿Y el agua? Los ríos se sostienen
gracias a los nacimientos, a los bosques que están allá en la selva. Eso es lo
que nos da el agua. Dicen que la próxima guerra va ser por agua. ¡Por agua!
Entonces nosotros decimos: “Bueno, y si la próxima guerra va ser por agua,
posiblemente acá en el Chocó vamos a ser solidarios con la otra parte que se
quede sin agua”.[21]
A diferencia de los
indígenas caucanos, los procesos anti-hegemonicos de las comunidades chocoanas,
integradas en su mayoría por afrodescendientes – esclavos huidos de las
encomiendas durante la época colonial y en seguida asentados en las selvas
pluviales del norte de Colombia donde han vivido pacíficamente por siglos al
lado de los indígenas de la zona – que se han constituido en comunidades en
resistencia tienen sus raíces en su condición de víctimas de una de las más
grandes operaciones de desplazamiento de la historia de Colombia.
La “Operación Génesis”
fue implementada militarmente por parte de la Brigada XXVII del ejercito
colombiano conjuntamente con formaciones paramilitares de las ACCU[22] y
AUC[23], en
el mes de febrero del año 1997. La operación fue presentada a la opinión
pública nacional e internacional como una acción contrainsurgente contra un
frente de la guerrilla de las FARC[24],
pero las investigaciones demostraron que no hubo ningún enfrentamiento entre el
grupo insurgente, los paramilitares y el ejercito colombiano. Miles de
campesinos se desplazaron de sus tierras hacia otros pueblos de la zona y
ciudades colombianas[25],
hacia Panamá y en particular hacia la ciudad de Turbo en el golfo de Urabá.
Los desplazados de Turbo
permanecieron cuatro años en el Coliseo de la ciudad en condiciones
infrahumanas; cuatros años durante los cuales empezaron un profundo trabajo de
reconstrucción de su propia memoria histórica acompañados y asesorados por
parte de investigadores internacionales y sobre todo colombianos.[26] La
reconstrucción histórica permitió a las comunidades tomar conciencia de su
condición y de las razones del desplazamiento; entraron en contacto con
desplazados de otras regiones del país y de esa forma develaron la estrategia oculta detrás de la
Operación Génesis de la cual fueron víctimas. La resistencia civil de estas
comunidades ha logrado obligar el estado colombiano a reconocer oficialmente la
existencia del desplazamiento interno en Colombia marcando un avance
fundamental en la historia de las luchas sociales en el país.
Pero el logro más grande
fue la decisión de volver a sus territorios de forma integralmente autónoma y
rechazando al tiempo las ofertas del gobierno colombiano de un retorno con
garantías de seguridad bajo la aceptación de una “neutralidad activa”[27].
Desde el año 2000 las comunidades desarrollan un proceso constituyente de
“resistencia civil popular alternativa”[28],
basado en sus propios principios comunitarios y como población civil activa
adentro de una situación guerra. Las primeras comunidades fueron las del Río
Cacarica que se constituyeron en CAVIDA (Comunidades de Vida, Autodeterminación
y Dignidad del Río Cacarica), seguidas el año siguiente por las comunidades del
Río Jiguamiandó y luego por las del Río Curvaradó en las zonas del bajo Atrato
en el Departamento del Chocó y en el Urabá Antioqueño.
Las comunidades en
resistencia afro-descendientes han ido construyendo su identidad política
activa a lo largo de varias etapas: primero durante el desplazamiento (sobre
todo en el coliseo de Turbo) a través del encuentro con organizaciones y redes
de apoyo nacionales e internacionales; secundariamente volviendo a rencontrarse
con otros miembros desplazados de las comunidades ubicados en otras zonas del
país; finalmente con el retorno a sus tierras. Esas etapas maduradas en el
éxodo, han definido un proyecto de vida guiado por criterios de convivencia
colectiva y recuperando los conocimientos de los patriarcas de la comunidad y
sin nunca perder el horizonte de la necesidad de respetar y cuidar el medio
ambiente.
Después de la acción
primaria de recuperación y retorno a sus tierras, las comunidades han
adelantado estrategias directas e indirectas de autodefensa como población
civil en el conflicto armado. Entre las directas, la delimitación de los
asentamientos con la “malla de vida”, con el fin de demarcar el espacio vital
de las comunidades donde no se permite la entrada y permanencia de ninguno de
los actores armados del conflicto; y el corte de varias hectáreas de palma aceitera
sembrada ilegalmente en los territorios comunitarios, permitiendo de volver a
la siembra de productos necesarios a la supervivencia y menos empobrecedores
del suelo[29].
La “malla de vida” además de adquirir un fuerte valor simbólico y aglutinante,
ha sido utilizada de forma indirecta para acudir al derecho internacional
humanitario y pedir el reconocimiento de los territorios a su interior como
“zonas humanitarias”[30].
Así
como en el caso de los pueblos indígenas del Cauca, las comunidades
afrodescendientes en resistencia no tienen ningún proyecto de dominación, pero
son portadoras de mensajes y acciones concretas de defensa de lo común, en el
respeto y cuidado diario de una de las zonas con mayor biodiversidad del
planeta.
Conclusiones
Tanto los pueblos indígenas del
Cauca como las Comunidades en Resistencia el Chocó y del Urabá Antioqueño son
ejemplos paradigmáticos de procesos anti-hegemónicos en defensa de lo común,
así como de ciudadanía activa y constituyente. Sus reivindicaciones, luchas y
resistencias han impulsado el nacimiento de procesos similares en otras zonas
del país y han participado activamente al fortalecimiento de la democracia en
el más amplio sentido del termino. El legado de esos procesos trasciende los
límites y fronteras de sus respectivos territorios, de Colombia y de toda
América Latina.
El continente en su conjunto es la
zona con mas riqueza de biodiversidad en el globo y una explotación excesiva de
sus recursos naturales podría tener consecuencias destructivas para todo el
resto del planeta. Por lo tanto los pueblos y comunidades que han desarrollado
a lo largo de los siglos una relación de respecto y convivencia con el medio
ambiente, deberían ser considerados como funcionarios públicos de lo común en
su cotidiano trabajo para mantener el frágil equilibrio del ecosistema en la
relación desde hace siempre conflictiva entre ser humano y naturaleza.
Todos y cada
uno de los integrantes de dichos pueblos y comunidades son de facto los
primeros ciudadanos globales gracias a su asunción de responsabilidad en la
preservación y reproducción de la vida y en su compromiso y acción diarios,
asumiendo todos los deberes y sufriendo como contrapartida la violación de sus
derechos fundamentales. Ellos son la máxima expresión de ciudadanía viva y
activa, que a pesar de las reducciones de las libertades y derechos impuestas
con la excepcionalidad provocada por el conflicto armado, han sido capaces de
reconstruir identidades, planes de vida y proyectos de largo plazo, cuya
materialización implica la supervivencia de la especie humana en su conjunto.
Recientes y
cada vez más preocupantes acontecimientos obligan a no olvidar que la falta, la
escasez – y en algunos casos la simple percepción de posible futura escasez –
de los elementos constitutivos del común, produce condiciones de inestabilidad,
inseguridad y creciente peligro para todas y todos.
No parece demasiado atrevido
sustentar que los retos futuros de la acción política y por lo tanto del
ejercicio del poder están íntimamente relacionados con el respecto del medio
ambiente, pena una condición de creciente riesgo generalizado por la
prosecución de la vida humana.
Por lo tanto aparece cada vez mas
necesario que los policy makers adopten las reivindicaciones que surgen
de las prácticas de los procesos anti-hegemónicos en defensa del común y sean
capaces de redeclinarlas en términos de políticas globales, consensualmente
compartidas, en tanto en cuanto comúnmente necesarias.
Consideradas
estás premisas, es fundamental reconsiderar los objetivos y las estrategias del
juego político tanto a nivel local como global incluyendo las peticiones y
demandas de todos aquellos procesos sociales que en demasiadas ocasiones han
sido considerados como obstáculos al desarrollo y se están mas bien revelando
como poseedores de sabidurías y conocimientos antiguos que proyectan una luz de
largo plazo que ilumina el futuro de la vida humana en el planeta.
Restan abiertas varias preguntas de
investigación y análisis, como cuales deberían ser los instrumentos mas
adecuados y las mejores formas de organización para despertar el interés y
establecer un dialogo constructivo con los policy makers nacionales e
internacionales. O a través de cuales mecanismos sea posible generar mas
inclusión en los procesos decisionales que desde arriba – y en muchos casos
desde lejos – afectan los territorios y las comunidades y por lo tanto el
entero planeta. Más aún, si tenga sentido apostarle a las instituciones del
Estado Nacional o no sea mas estratégico y conveniente empezar desde ya a
buscar otras dimensiones de construcción política con procesos similares, sean
ellos contiguos o distantes.
Pero, sobre todo, queda abierta la
pregunta fundamental que está directamente relacionada al que hacer futuro en
el caso que una vez mas el poder dominante se muestre tan ciego de no ser capaz
de reconocer que sin defensa de lo común, se pone a riesgo la existencia misma
de la vida. ¿Hasta cuando los proyectos anti-hegemónicos podrán resistir? Si la
anti-hegemonía no sobrevivirá a la prueba de la historia, ¿que alternativas
quedarán? ¿Y sobre quienes recaerá la responsabilidad política e histórica de
posibles nefastas alternativas a los procesos anti-hegemónicos?
Estos y muchos otros interrogantes
no resueltos ofrecen innumerables estímulos y futuras pistas de investigación
en el compromiso de añadir nuevas piezas al conocimiento que puedan aportar a
la construcción de sociedades cada vez mas incluyentes y abiertas en el
respecto del equilibrio de la naturaleza, fuente primaria e insustituible de lo
común y por lo tanto de la vida.
PROCESOS
ANTI-HEGEMÓNICOS
|
|
Pueblos Indígenas del Cauca
|
Comunidades Afrodescendientes
Chocó y Urabá Antioqueño
|
|
Resistencia
a una dominación
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Resistencia frente al Estado
Colombiano y a las presiones de los actores armados.
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Resistencia frente al Estado
Colombiano y a las presiones de las fuerzas armadas y de las estructuras
paramilitares.
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Reivindicación
de poder en términos de gestión autónoma y autodefensa de cuerpos y
territorios (acciones directas e indirectas)
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Acciones de “liberación de la
Madre Tierra”.
Constitución de la guardia
indígena.
Fortalecer los cabildos
Indígenas.
No pagar terraje.
Defender la Historia, la lengua y
las costumbres indígenas.
Formar profesores indígenas.
Fortalecer las empresas
económicas y comunitarias.
Defensa de la Familia.
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Retorno y recuperación de los
territorios.
Corte de palma aceitera.
“Malla de vida”.
Constitución en zonas humanitarias.
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Falta
de un proyecto dominante y absoluto
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Reivindicación de autonomía local.
Trabajo de negociación y cabildeo
con el Gobierno Colombiano en óptica constructiva y colaborativa (ejemplo:
Asamblea Constituyente).
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Reivindicación de autonomía local.
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Existencia
de una perspectiva ideológica dirigente y generalizable
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“Recuperar, Defender, Proteger
los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.
Propuestas del CRIC para el replanteamiento del Objetivos del Milenio
de las Naciones, en el año 2015.
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Defensa y cuidado del territorio y
del agua.
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tierra?, en http://www.cric-colombia.org/PDF/Articulo_Re_Porqueluchamosporlatierra_RTF.pdf
[1] La
elección de estos pueblos y no de otros es debida a los fuertes procesos de
organización que los acompaña desde hace décadas y que ha permitido – entre
otras cosas – que dos de los tres miembros de la Asamblea Constituyente que dio
vida a la Constitución Política de 1991 pertenecieran a las etnias del
Departamento del Cauca.
[2] En
este caso, y como será explicado en seguida, estas comunidades han sido de suma
importancia, tanto por haber “forzado” el reconocimiento por parte del Gobierno
Nacional de la existencia del fenómeno del desplazamiento interno, como por
haber sido entre las primeras “comunidades del retorno”, volviendo a asentarse
en sus lugares de origen después de ser desplazadas.
[3] Los
procesos de resistencia considerados en este escrito tienen que ver solo y
exclusivamente con resistencias civiles, excluyendo las luchas armadas del
campo de investigación.
[4] Por
evidentes razones de espacio y temáticas, no se analizará la estructura del
poder dominante, asumiendo simplemente que exista.
[5] Se
prefiere el concepto de soberanía al concepto de propriedad, sobre todo por
razones directamente relacionadas al contexto colombiano considerado y que
serán expuestas mas adelante en el presente trabajo.
[6] Por
realista aquí se entiende la escuela de pensamiento que relaciona la política
al ejercicio del poder y por idealista la que entiende la política como la
optima gestión de la cosa pública. La división entre las dos visiones no
implica necesariamente una dicotomía irresoluble.
[7] Por
acumulado simbólico se entiende, tanto las cosmovisiones ancestrales, como las
nuevas identidades que ser fortalecen adentro de los procesos mismos. En otras
palabras todo lo “inmaterial” que está relacionado a la construcción de
identidad.
[8] En
particular se hace aquí referencia a los pueblos organizados alrededor del
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.
[9] Yafué
g., Wayna Chicangana I y Vidal M., ¿PORQUÉ LUCHAMOS POR LA TIERRA?,
Documento trabajado por los proyectos ODMs (convenio CRIC – PNUD y Tierras-
convenio CRIC- INCODER – OIM). Disponible en red,
http://www.cric-colombia.org/PDF/Articulo_Re_Porqueluchamosporlatierra_RTF.pdf
, recuperado 15 de agosto 2013.
[10] Comunidades
Indígenas del Cauca, Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Organización Nacional Indígena
de Colombia – ONIC, Libertad para la Madre Tierra, Septiembre de 2005.
Disponible en red: http://www.nasaacin.org/libertar-para-la-madre-tierra,
recuperado 15 de agosto 2013.
[11] Las
autodefensas indígenas no tienen nada que ver con los grupos paramilitares que
se denombraron también autodefensas usurpando el originario significado
histórico y político del término.
[12] Los
pueblos indígenas las suelen llamar “acciones de liberación de la Madre
Tierra”.
[13] “Origen del CRIC”, fuente sitio internet del
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC,
http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/,
recuperado 15 de agosto de 2013.
[14] En ONIC, “Cartilla Constituyente para
comunidades indígenas. Serie: Capacitación Jurídica no. 1, Bogotá, 1995, pp.
9-10.
[15] CRIC, Plataforma de Lucha, en el sitio
del Congreso Regional Indígena del Cauca – CRIC,
http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/plataforma-de-lucha/,
recuperado 15 de agosto 2013.
[16] Es
importante señalar que en los resguardos indígenas del Cauca no se permite la
entrada a ninguno de los actores armados y que existe un sistema de defensa y
seguridad propio, cuya máxima expresión organizativa es la Guardia Indígena.
[17] Ibídem.
[18] CRIC,
Propuesta del CRIC frente a los Objetivos del Milenio, en el sitio
internet del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC,
http://www.cric-colombia.org/portal/propuesta-del-cric-frente-a-los-objetivos-del-milenio/,
recuperado el 15 de agosto 2013.
[19] En
particular se consideran aquí las “comunidades en resistencia”: Comunidades de Vida, Autodeterminación
y Dignidad del Río Cacarica CAVIDA, del Jiguamiandó y del Curvaradó.
[20] CAVIDA, Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil,
Bogotá, 2002, pp. 17.
[21] Ibídem, pp. 70.
[22] Autodefensas Campesinas de
Cordoba y Urabá.
[23] Autodefensas Unidas de Colombia.
[24] Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia.
[25] Unas de las metas de los
desplazados fueron Bocas del Atrato, Riosucio, Barranquilla, Cartagena,
Medellín, Bogotá. Ver el mapa contenido en el texto de CAVIDA, Somos tierra de esta tierra. Memorias de una
resistencia civil, Bogotá, 2002.
[26] Cave mencionar el compromiso
integral e incansable de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz , que ha
acompañado el proceso de las comunidades desde los primeros meses de su
desplazamiento en Turbo y el acompañamiento de los voluntarios internacionales
de la organización Peace Brigades International – PBI.
[27] La “neutralidad activa”
planteada por el gobierno colombiano
implica un paradigma de progresiva militarización de la población civil en
lugares de conflicto armado. Se le garantiza la seguridad a los civiles si
ellos aceptan de involucrarse en programas del gobierno como informantes y
colaboradores de las fuerzas armadas y de la policía nacional. Aceptar
semejantes condiciones equivale automáticamente
en volverse objetivo militar por las guerrillas, situación que produce
un mayor involucramiento de la población civil en el conflicto armado.
[28] CAVIDA, Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil,
Bogotá, 2002, pp. 15.
[29] La
palma aceitera o palma africana es un cultivo que empobrece fuertemente el
subsuelo y el territorio.
[30] Las zonas humanitarias son zonas
constituidas por la población civil en lugares de conflicto y caen bajo una
precisa reglamentación del derecho internacional humanitario que prohíbe el
acceso en estas áreas a cualquier actor armado.
