Anti-hegemonía y Defensa de lo Común en Colombia.

Resistencia Comunitaria y Ciudadanía Constituyente.

Autor: Dario Ghilarducci

Estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, integrante del Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia.

Email: d.ghilarducci10@uniandes.edu.co

Área temática: Participación, representación y actores sociales

Trabajo preparado para su presentación en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Bogotá, 25 al 27 de septiembre de 2013.

Resumen

La ponencia ofrece una lectura de las reivindicaciones y luchas de algunos movimientos sociales, étnicos y políticos colombianos en una óptica que pretende superar la clásica categoría de hegemonía gramsciana, observando como existan procesos comunitarios de resistencia civil y ejercicio activo de la ciudadanía que están reconfigurando el campo y los objetivos del juego político hacia la defensa de lo “común”.

En primer lugar se entiende ofrecer una formulación aproximativa del concepto de anti-hegemonía, a partir de las practicas constituyentes de los sujetos políticos aquí considerados, destacando su especificidad y pertinencia teórica relativamente al contexto observado.

A partir de la definición de anti-hegemonía como construcción histórico-social y política se abarcará el tema de lo “común” delimitando su extensión ontológica, como concepto emergente y necesario directamente relacionado a la defensa y reproducción de la vida y destacando por lo tanto su inmanente relevancia política.

En seguida se aplicarán los conceptos elaborados, a casos específicos y en particular a los pueblos indígenas del Cauca[1] y a las comunidades afrodescendientes del Chocó y del Uraba Antioqueño[2], encontrando en sus reivindicaciones y procesos organizativos locales, propuestas políticas de mas amplio alcance generalizables al conjunto del país y cuya relevancia excede las fronteras nacionales y continentales.

El presente trabajo no pretende formular conclusiones determinadas, sino mas bien estimular ulteriores investigaciones que permitan ofrecer a los policy makers nacionales e internacionales, unas miradas hacia las necesidades básicas de la ciudadanía en su conjunto, por una gestión de la cosa pública cada vez mas optimizada, participativa e incluyente.

Introducción

Los procesos de reconfiguración de las relaciones de fuerza y de poder en todo el territorio nacional han permitido el surgimiento y fortalecimiento en Colombia de nuevos actores sociales locales que ejercen un papel político cada vez mas activo y protagónico desafiando las viejas categorías de análisis. La novedad de estos actores no reside en su reciente nacimiento, ya que existen y resisten desde hace siglos, cuanto en la reformulación de sus demandas y la reinterpretación que ellos ofrecen de la acción política.

Resistencias y procesos políticos territorialmente delimitados avanzan reivindicaciones de alcance global, relacionando sus luchas localmente delimitadas a objetivos planetariamente relevantes, a partir de nuevas formas de entender y ejercer el poder. Estos procesos son caracterizados por la falta consciente y voluntaria de estrategias finalizadas a imponer una hegemonía política, que se acompaña paralelamente a una perspectiva ideológica potencialmente universal.

Se impone por lo tanto la necesidad de analizar dichos procesos bajo las lentes de un nuevo paradigma y con nuevas herramientas de trabajo que tomen en cuenta sus características específicas y los cambios en el sentido del que hacer político, respecto a la emergencia de nuevas necesidades y problemas que afectan la población global en su conjunto.

En particular asume una relevancia preponderante la reinterpretación y reinvención de la acción política en defensa del “común”, mas allá de la lucha por el conseguimiento del poder o la sustitución de la élite dominante y se hace imperante la demanda por el establecimiento de formas alternativas de manejo de la cosa pública.

Las realidades colombianas de los pueblos indígenas del Cauca y de las comunidades afrodescendientes del Chocó y del Urabá Antioqueño, ofrecen ejemplos concretos de estas formas de entender y ejercer el poder. A pesar de tener una trayectoria secular y unas historias de luchas y resistencias que empezaron al tiempo de la colonia, estos grupos sociales subalternos han sido capaces de renovar las formas de ejercer el poder, sin perder sus características propias y fortaleciendo en el tiempo sus reivindicaciones políticas locales y particulares, elevándolas a nivel universal y necesario.

El presente escrito se propone formular y definir el concepto de anti-hegemonía, redefinir el concepto de “común” y finalmente aplicar los dos al análisis de los estudios de casos propuestos.

Por lo tanto el trabajo estará dividido en cinco partes: la primera donde se construirá el concepto de anti-hegemonía; la segunda donde se propondrá una nueva definición del concepto de “común”; la tercera que se ocupará de aplicar los paradigmas elaborados al estudio de los procesos de los pueblos indígenas del Cauca; la cuarta donde el mismo ejercicio será extendido a las comunidades afrodescendientes del Chocó y del Urabá Antioqueño; y finalmente la quinta y última parte donde en la conclusión se presentarán algunas reflexiones finales.

Anti-hegemonía

Por anti-hegemonía se entienden una perspectiva y una practica política propia de algunos grupos subalternos que se caracteriza por: 1) la resistencia a una dominación en términos de liberación de la misma, que a la vez construye identidad política activa;[3] 2) la reivindicación de poder en términos de gestión autónoma y autodefensa de cuerpos y espacios necesarios a la vida; 3) la falta de un proyecto dominante y absoluto; 4) la existencia de una perspectiva ideológica dirigente y generalizable. Las primeras dos características definen positivamente el concepto, mientras las últimas dos, marcan diferencias y similitudes relevantes con la categoría de hegemonía gramsciana.

El hecho mismo que existan grupos subalternos implica un poder dominante que ordena, disciplina, construye, estratificación social, política y económica.[4] No todos los grupos subalternos se constituyen en términos de resistencias, por lo tanto cabe mencionar que existen subalternos con identidad adscrita (subalternos “pasivos”) y subalternos con identidad propia (“subalternos activos”).

En el presente estudio serán tomados en consideración los subalternos activos que construyen su identidad a partir y adentro de procesos de resistencia y lucha de liberación contra la dominación. La construcción o reconstrucción identitaria de los subalternos activos pasa a través de varias fases sucesivas: a) la recuperación de la memoria histórica; b) la lucha contra el olvido que se concretiza en el estudio y análisis de las causas que han determinado las condiciones de subalternidad y la resignificación simbólica de las mismas; c) la formulación de planes de vida y estrategias de resistencia colectiva.

Formular planes de vida y estrategias de resistencia civil colectiva en contextos de conflictos armados implica encontrar formas que permitan garantizar condiciones mínimas de seguridad. Cualquier proceso de autorganización orientado a perseguir dichos objetivos es en sí mismo un proceso de reapropiación y ejercicio del poder. Es apropiado operar una distinción entre procesos directos e indirectos, donde los primeros son determinantes de los segundos. Por directos se entienden los hecho concretos y primordiales de resistencia (reagrupaciones, movilizaciones, ocupaciones o recuperaciones de tierras, etc.) y por indirectos las sucesivas negociaciones con el poder dominante y con otras entidades que puedan ejercer presión frente al mismo.

Los objetivos comunes  de ambas acciones políticas son la autoprotección física de los actores y la recuperación de porciones de soberanía[5] sobre el territorio. Se definen por lo tanto como proyectos y acciones circunscritos a espacios delimitados, tales como los cuerpos de los individuos y las tierras necesarias para garantizar condiciones dignas de existencia.

La tajante delimitación espacial de los proyectos anti-hegemonicos marca una diferencia substancial respecto a los proyectos hegemonicos de tradición gramsciana (y sucesiva) que construyen y proyectan estrategias de alcance general finalizados al conseguimiento del poder y al derrocamiento del dominante. Si un proyecto político quiere tener un alcance hegemónico en términos gramscianos, construirá estrategias que le permitan llegar a la toma del poder, sustituyendo – por lo menos en un primer momento – la élite dominante con un nueva élite.

Los proyectos anti-hegemónicos no aspiran a tomarse el poder, sino mas bien a concretizar condiciones de autodeterminación, autorganización y más en general de gestión autónoma del poder, donde liberarse no implica establecer otra forma de dominación. En estos términos son proyectos democráticos en el sentido mas absoluto del término, que nacen y se desarrollan en situaciones de fuertes limitaciones de las libertades civiles y de las reglas del juego poliárquico, determinadas por  las condiciones de excepcionalidad que caracterizan los escenarios de todo conflicto armado. En otras palabras, son experimentos constituyentes delimitados de democracia participativa en condiciones de ausencia, suspensión o fuerte limitación de las garantías democráticas. En últimas el objetivo no es la ocupación del poder y de posiciones de poder, sino su ejercicio local y limitado.

Lo que diferencia un proyecto anti-hegemónico de uno “territorialista” o secesionista construido sobre reivindicaciones políticas relacionadas a cuestiones de carácter cultural, lingüístico, irredentista, étnico o racial, es la existencia de una perspectiva ideológica “dirigente” en términos gramscianos y, por lo tanto, generalizable y extensible a otros grupos sociales, mucho mas allá de las fronteras del territorio en cuestión.

La acción política ya no se define o no se define solo en términos de determinar o controlar otros sujetos de forma persuasiva o coercitiva, sino como defensa de los recursos necesarios a la producción y reproducción de la vida de todas y todos.  Las reivindicaciones y luchas territoriales adquieren un valor general cuando están relacionadas con la defensa de lo “común”. Las prácticas anti-hegemónicas en defensa de lo común, no son acciones anti-políticas, todo lo contrario, por que permiten la existencia de la vida, de las relaciones sociales y por lo tanto de la política como interacción entre seres humanos. En este sentido son la mas alta expresión de acción política activa imaginable, tanto en términos realistas que idealistas.[6]

Común

Común es lo que es necesario para la existencia y reproducción de la vida humana en el sentido mas clásico del concepto, o sea lo que es y no puede ser de otra forma, contrario exacto de lo contingente. Todo lo que es necesariamente compartido por parte de los seres humanos (y en casi su totalidad de muchas otras formas de vida), constituye lo común. Entrando en el detalle, comunes son las que pueden ser definidas como las fuentes de la vida, en el orden: aire, agua, tierra (como fuente directa y primaria de la comida), a las cuales se les añade en segunda instancia y como producto derivado, el conocimiento, que puede ser simbolizado en términos arquetipos con el fuego.

Por lo tanto, a pesar de la construcción política relativamente reciente del concepto de común, la aparición de sus elementos materiales constitutivos esenciales es contemporánea a la aparición de la vida sobre el planeta. Entonces parecen exageradamente forzadas las interpretaciones que quieren determinar la esencia del común como resultado de un proceso productivo del intercambio cognitivo o del “general intellect”; según el análisis propuesto, las primeras tres – de un total de cuatro y la última se considera solo como consecuente a las otras – componentes  materiales del concepto, son inclusive preexistentes a la vida humana.

Aquí el común se define en términos de componentes o fuentes compartidas y necesarias por la vida y su reproducción, así como precedentemente expuesto, tenga la ventaja de reducir el campo de análisis a unos objetos bien determinados y concretos, que de esa manera pueden ser materia de construcción e implementación de políticas generalizadas en su defensa y reproducción. Considerar el común como producto cognitivo del trabajo intelectual o como generalización de condiciones impuestas por el sistema de producción global, desvía el análisis de la búsqueda de elementos concretos sobre los cuales apoyar la construcción, la elaboración y la implementación de políticas que permitan la defensa de lo que es absolutamente necesario a la vida humana y por lo tanto generalizable a todos los habitantes planetarios.

Dicho de otra forma, pretender derivar el común de relaciones de producción y de poder, implica quitarle su esencia colectiva innata y utilizar instrumentalmente el concepto como un arma discursiva, un elemento de polémica, que favorece y alimenta conflictos en vez de fortalecer la búsqueda de soluciones compartidas colectiva y globalmente, o sea realmente “comunes”. El común ya no sería común, sino más bien “particular” al volverse su búsqueda un simple objetivo coyuntural, útil para justificar una acción de carácter hegemonico finalizada a la toma del poder. Si se entiende como común, todo lo que está relacionado a la circulación e intercambio de saberes, el campo abarcado no tiene ningún límite definible y por lo tanto su carácter absolutizante impide encontrar un consenso sobre su composición ontológica.

Volviendo a la definición primaria, se puede afirmar que por lo tanto defender el común implica defender el aire, el agua y el territorio como fuente principal de producción y acceso a la comida. La acción contraria por lo tanto pone a riesgo la vida misma. La progresiva degeneración de las condiciones del medio ambiente a nivel planetario, pusieron ya desde hace décadas el interrogante sobre la necesidad de delimitar los límites del crecimiento económico respecto a los recursos globalmente disponibles.

Dichas preocupaciones que han ido creciendo con los años paralelamente al nivel de contaminación, definen otro aspecto de lo común, que implica a la vez su negación implícita: el riesgo compartido de extinción. En este sentido las demandas, luchas y resistencias de los sujetos considerados en este trabajo, adquieren un contenido programático de carácter universal, por que a pesar de estar fuertemente relacionadas a espacios físicos delimitados (sus cuerpos y territorios de pertenencia) asumen una carga simbólica enormemente más relevante.  (revisar el sentido de esta parte que te marco en rojo)

Las reivindicaciones de estos pueblos y comunidades se estructuran no solo como defensa de lo necesario por su propia existencia, sino por la defensa de la existencia de los demás en dos sentidos: 1) cuestionan en la practica constituyente cotidiana de sus resistencias un modelo de desarrollo basado en la explotación incondicionada de los recursos naturales; 2) están directamente asentados en territorios extremadamente relevantes por su riqueza en términos de biodiversidad. Las acciones cotidianas de resistencia civil que construyen y definen juntas con su acumulado simbólico[7] la relevancia de la identidad política de las comunidades en los procesos aquí considerados, constituyen formas de practica teórica en constante desarrollo, que desde lo particular abordan problemas generales, pidiendo respuestas y soluciones concretas directamente a los centros neurálgicos dominantes de elaboración e implementación  política.

Al mismo tiempo su relación simbiótica con los territorios donde viven, implica la defensa de los mismos, en el respecto de los equilibrios naturales, que los eleva automáticamente al papel de guardianes de ecosistemas frágiles y preciosos. En este sentido la defensa y autodefensa de estas comunidades y grupos y de sus procesos organizativos – que implica a la vez la defensa de los territorios donde están asentados – se configura como un servicio público globalizado, o sea un servicio común.

Esas consideraciones redefinen la subaltenidad de estos grupos como protagonistas activos de procesos políticos mucho mas extensos de la defensa de intereses particulares y particularistas, superando también las visiones estructuralistas, donde la acción de todo grupo social adentro de un sistema se resume en la formulación de peticiones y demandas al poder dominante, para satisfacer necedades circunstanciadas. Las demandas de estos grupos subalternos, abarcando el espacio de la defensa del común, permiten la existencia misma y la reproducción de los sistemas (sociales, políticos, económicos), ya que sencillamente, defienden elementos materiales preexistentes a cualquier sistema.

Los Pueblos Indígenas del Cauca[8]

“De ser legítimos poseedores y protectores de estos territorios, pasamos a ser esclavos y extraños en nuestra propia casa, sin derecho al usufructo amplio y suficiente de los beneficios que produce la madre tierra. Hoy enfrentamos necesidades cada día más agobiantes, que nos obligan a aumentar la presión sobre sitios estratégicos de conservación para el sostenimiento natural del agua y la producción de oxígeno. Cualquier grupo social en constante crecimiento, demanda cada día más tierras aptas que suplan el derecho irrenunciable a la alimentación”.[9]

“Por eso vamos a seguir recuperando las tierras. Por eso vamos a dejarla en libertad para convivir en ella y para defender la vida. Por eso, luchar por la tierra no es un problema ni un deber solamente de los indígenas, sino un mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la vida”.[10]

El proceso organizativo contemporáneo de los indígenas del Cauca tiene sus raíces en quinientos años de resistencia a la dominación, al despojo y a la explotación de sus territorios por parte de los colonizadores europeos antes, de los colonos internos y del surgimiento y presencia de grupos armados después. Dada la economía del presente trabajo y su objetivo de indicar posibles alternativas a la formulación de políticas públicas en defensa del común en la contemporaneidad, el estudio se limitará casi solo a la observación de acciones y eventos sucesivo a la implementación de la Constitución Política de 1991.

Todavía cabe mencionar – aun este argumento no sea de ninguna forma objeto de la presente ponencia – que las formas de resistencias de esos grupos subalternos ha pasado en la historia reciente del siglo anterior por diferentes etapas, entre ellas también la lucha armada, con la formación de las autodefensas indígenas[11] antes y de la guerrilla del Quintín Lame después. Los movimientos armados se han desmovilizado negociando con el Estado y de este momento en adelante las organizaciones indígenas han seguido sus resistencias y luchas sin volver a recorrer a las armas.

De la misma forma el origen de una de las acciones directas mas relevantes en estos procesos de resistencia, o sea las recuperaciones y  ocupaciones de tierras,[12] empezaron como estrategia colectiva y estructurada ya en la mitad de los años ochentas, o sea antes de la Constitución Política de 1991 y mientras paralelamente se adelantaban acciones armadas. La fundación misma del CRIC resale a la década de los setentas cuando “el 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete Cabildos e igual número de resguardos indígenas crean el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, nombrando el primer Comité Ejecutivo”[13]. Pero será sobre todo con la participación a la Asamblea Constituyente y con los procesos políticos empezados a comienzos de los años noventas, que los procesos de los pueblos indígenas del Cauca, empiezan a adquirir una relevancia nacional e internacional.

Dos indígenas caucanos y uno del Departamento del Chocó fueron miembros de la Constituyente, participando en la Comisión Primera y Segunda, respectivamente encargadas del Preámbulo y Principios Generales y del Reordenamiento Territorial. Las reivindicaciones indígenas representadas por los tres participantes en la Constituyente y respaldadas por parte de todas las etnias y pueblos originarios del país, lograron consignar a la carta fundamental los principios relacionados a la territorialidad (constitución y reconocimiento jurídico de los resguardos), a la jurisdicción indígena, a las lenguas originarias, a la educación propia, a las transferencia de recursos nacionales para territorios indígenas y a la participación política.

A pesar de estos reconocimientos en la nueva Constitución, los tres representantes (así como todos los pueblos indígenas del país) tenían bien claro y afirmaron que: “A la Constitución y a las leyes hay que darles vida, y solo se les dará vida, luchando permanentemente por el cumplimento efectivo de los derechos en ellos consagrados”[14]. Desde la Constitución Política de 1991 en adelante, la estrategia del proceso de resistencia de los pueblos indígenas se ha configurado en la alternancia entre acciones directas e indirectas: no han faltado y se siguen repitiendo las ocupaciones y recuperaciones de tierras, así como sigue permanentemente la contratación y negociación con el Estado Colombiano.

La construcción de la identidad política activa adentro de procesos de resistencia se ha concretizado en un programa resumido actualmente en 10 puntos: “1) Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas; 2) Ampliar los resguardos; 3) Fortalecer los cabildos Indígenas; 4) No pagar terraje; 5) Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación; 6) Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas; 7.) Formar profesores indígenas; 8) Fortalecer las empresas económicas y comunitarias; 9) Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; 10) Defensa de la Familia”[15].

El Programa de Lucha del CRIC evidencia claramente su contenido anti-hegemónico en defensa de lo común. En ningún lugar se expresa la voluntad de desestabilizar o derrocar el poder dominante y las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo se establece una estrategia de acción política que implica el fortalecimiento de todas aquellas estructuras comunitarias que permitan desarrollar y fortalecer proyectos autónomos de gestión y defensa propia del territorio.[16] Los primeros dos puntos pertenecen a la plataforma originaria del CRIC desde su fundación, mientras que los otros puntos “se adecuan a las nuevas situaciones de la lucha indígena”[17]. Entre todos los puntos “nuevos” adquiere fundamental importancia el nono: “Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, que al tiempo resume y reconstruye el significado de todos los otros a la luz de la defensa de lo común y eleva la plataforma de resistencia desde un nivel meramente territorial al escenario global. Es propiamente aquí donde se encuentra el potencial de extensión del proyecto anti-hegemónico mucho más allá de las fronteras de los resguardos indígenas y de Colombia.

“Históricamente el Programa Político ha trabajado la importancia de la recuperación del saber ancestral, y el valor que representa la sabiduría de los mayores, a los cuales se les compara con libros que tiene la comunidad para consulta permanente”. La sabiduría de los mayores ha permitido – entre otras cosas – construir propuestas políticas por la comunidad internacional, formuladas como alternativas o complemento de los Objetivos del Milenio de las Naciones, frente su posible replanteamiento en el año 2015. Las propuestas abarcan los temas de tierras, ambiente, familia y gobernabilidad y contemplan entre otras cosas el “respecto a los derechos de la Madre Naturaleza”[18], como estategia de sustentación y defensa de lo común.

Las comunidades afrodescendientes del Chocó y del Urabá Antioqueño[19]

“Somos de aquí. Somos la humanidad. Somos la Dignidad. Somos palabras. Estamos recreando el mundo. Estamos afirmando nuestros derechos en la guerra. Somos de aquí como ustedes. Somos de aquí y hemos asumido nuestra responsabilidad. Somos de aquí. Ustedes y nosotros, somos resistencia. El mundo no es lo que se ha hecho. Estamos construyendo otra oportunidad. Una sociedad diferente de paz con dignidad. Ahí está nuestra memoria”.[20]

“Nosotros no podemos ser egoístas con el resto del mundo. No podemos ser egoístas con esa tierra. Sabemos que las ciudades necesitan la madera. Sí, si hay que hacer algunos aprovechamientos para que llegue a otras partes que no hay, se hacen. Pero que sea razonable porque toda la vida se va a necesitar. Y si por llenarnos los bolsillos de plata la vamos a destruir toda en un día, mañana no hay nada para distribuir a los otras partes. ¿Y el agua? Los ríos se sostienen gracias a los nacimientos, a los bosques que están allá en la selva. Eso es lo que nos da el agua. Dicen que la próxima guerra va ser por agua. ¡Por agua! Entonces nosotros decimos: “Bueno, y si la próxima guerra va ser por agua, posiblemente acá en el Chocó vamos a ser solidarios con la otra parte que se quede sin agua”.[21]

A diferencia de los indígenas caucanos, los procesos anti-hegemonicos de las comunidades chocoanas, integradas en su mayoría por afrodescendientes – esclavos huidos de las encomiendas durante la época colonial y en seguida asentados en las selvas pluviales del norte de Colombia donde han vivido pacíficamente por siglos al lado de los indígenas de la zona – que se han constituido en comunidades en resistencia tienen sus raíces en su condición de víctimas de una de las más grandes operaciones de desplazamiento de la historia de Colombia.

La “Operación Génesis” fue implementada militarmente por parte de la Brigada XXVII del ejercito colombiano conjuntamente con formaciones paramilitares de las ACCU[22] y AUC[23], en el mes de febrero del año 1997. La operación fue presentada a la opinión pública nacional e internacional como una acción contrainsurgente contra un frente de la guerrilla de las FARC[24], pero las investigaciones demostraron que no hubo ningún enfrentamiento entre el grupo insurgente, los paramilitares y el ejercito colombiano. Miles de campesinos se desplazaron de sus tierras hacia otros pueblos de la zona y ciudades colombianas[25], hacia Panamá y en particular hacia la ciudad de Turbo en el golfo de Urabá.

Los desplazados de Turbo permanecieron cuatro años en el Coliseo de la ciudad en condiciones infrahumanas; cuatros años durante los cuales empezaron un profundo trabajo de reconstrucción de su propia memoria histórica acompañados y asesorados por parte de investigadores internacionales y sobre todo colombianos.[26] La reconstrucción histórica permitió a las comunidades tomar conciencia de su condición y de las razones del desplazamiento; entraron en contacto con desplazados de otras regiones del país y de esa forma develaron la estrategia oculta detrás de la Operación Génesis de la cual fueron víctimas. La resistencia civil de estas comunidades ha logrado obligar el estado colombiano a reconocer oficialmente la existencia del desplazamiento interno en Colombia marcando un avance fundamental en la historia de las luchas sociales en el país.

Pero el logro más grande fue la decisión de volver a sus territorios de forma integralmente autónoma y rechazando al tiempo las ofertas del gobierno colombiano de un retorno con garantías de seguridad bajo la aceptación de una “neutralidad activa”[27]. Desde el año 2000 las comunidades desarrollan un proceso constituyente de “resistencia civil popular alternativa”[28], basado en sus propios principios comunitarios y como población civil activa adentro de una situación guerra. Las primeras comunidades fueron las del Río Cacarica que se constituyeron en CAVIDA (Comunidades de Vida, Autodeterminación y Dignidad del Río Cacarica), seguidas el año siguiente por las comunidades del Río Jiguamiandó y luego por las del Río Curvaradó en las zonas del bajo Atrato en el Departamento del Chocó y en el Urabá Antioqueño.

Las comunidades en resistencia afro-descendientes han ido construyendo su identidad política activa a lo largo de varias etapas: primero durante el desplazamiento (sobre todo en el coliseo de Turbo) a través del encuentro con organizaciones y redes de apoyo nacionales e internacionales; secundariamente volviendo a rencontrarse con otros miembros desplazados de las comunidades ubicados en otras zonas del país; finalmente con el retorno a sus tierras. Esas etapas maduradas en el éxodo, han definido un proyecto de vida guiado por criterios de convivencia colectiva y recuperando los conocimientos de los patriarcas de la comunidad y sin nunca perder el horizonte de la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente.

Después de la acción primaria de recuperación y retorno a sus tierras, las comunidades han adelantado estrategias directas e indirectas de autodefensa como población civil en el conflicto armado. Entre las directas, la delimitación de los asentamientos con la “malla de vida”, con el fin de demarcar el espacio vital de las comunidades donde no se permite la entrada y permanencia de ninguno de los actores armados del conflicto; y el corte de varias hectáreas de palma aceitera sembrada ilegalmente en los territorios comunitarios, permitiendo de volver a la siembra de productos necesarios a la supervivencia y menos empobrecedores del suelo[29]. La “malla de vida” además de adquirir un fuerte valor simbólico y aglutinante, ha sido utilizada de forma indirecta para acudir al derecho internacional humanitario y pedir el reconocimiento de los territorios a su interior como “zonas humanitarias”[30].

Así como en el caso de los pueblos indígenas del Cauca, las comunidades afrodescendientes en resistencia no tienen ningún proyecto de dominación, pero son portadoras de mensajes y acciones concretas de defensa de lo común, en el respeto y cuidado diario de una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta.

Conclusiones

Tanto los pueblos indígenas del Cauca como las Comunidades en Resistencia el Chocó y del Urabá Antioqueño son ejemplos paradigmáticos de procesos anti-hegemónicos en defensa de lo común, así como de ciudadanía activa y constituyente. Sus reivindicaciones, luchas y resistencias han impulsado el nacimiento de procesos similares en otras zonas del país y han participado activamente al fortalecimiento de la democracia en el más amplio sentido del termino. El legado de esos procesos trasciende los límites y fronteras de sus respectivos territorios, de Colombia y de toda América Latina.

El continente en su conjunto es la zona con mas riqueza de biodiversidad en el globo y una explotación excesiva de sus recursos naturales podría tener consecuencias destructivas para todo el resto del planeta. Por lo tanto los pueblos y comunidades que han desarrollado a lo largo de los siglos una relación de respecto y convivencia con el medio ambiente, deberían ser considerados como funcionarios públicos de lo común en su cotidiano trabajo para mantener el frágil equilibrio del ecosistema en la relación desde hace siempre conflictiva entre ser humano y naturaleza.

Todos y cada uno de los integrantes de dichos pueblos y comunidades son de facto los primeros ciudadanos globales gracias a su asunción de responsabilidad en la preservación y reproducción de la vida y en su compromiso y acción diarios, asumiendo todos los deberes y sufriendo como contrapartida la violación de sus derechos fundamentales. Ellos son la máxima expresión de ciudadanía viva y activa, que a pesar de las reducciones de las libertades y derechos impuestas con la excepcionalidad provocada por el conflicto armado, han sido capaces de reconstruir identidades, planes de vida y proyectos de largo plazo, cuya materialización implica la supervivencia de la especie humana en su conjunto.

Recientes y cada vez más preocupantes acontecimientos obligan a no olvidar que la falta, la escasez – y en algunos casos la simple percepción de posible futura escasez – de los elementos constitutivos del común, produce condiciones de inestabilidad, inseguridad y creciente peligro para todas y todos.

No parece demasiado atrevido sustentar que los retos futuros de la acción política y por lo tanto del ejercicio del poder están íntimamente relacionados con el respecto del medio ambiente, pena una condición de creciente riesgo generalizado por la prosecución de la vida humana.

Por lo tanto aparece cada vez mas necesario que los policy makers adopten las reivindicaciones que surgen de las prácticas de los procesos anti-hegemónicos en defensa del común y sean capaces de redeclinarlas en términos de políticas globales, consensualmente compartidas, en tanto en cuanto comúnmente necesarias.

Consideradas estás premisas, es fundamental reconsiderar los objetivos y las estrategias del juego político tanto a nivel local como global incluyendo las peticiones y demandas de todos aquellos procesos sociales que en demasiadas ocasiones han sido considerados como obstáculos al desarrollo y se están mas bien revelando como poseedores de sabidurías y conocimientos antiguos que proyectan una luz de largo plazo que ilumina el futuro de la vida humana en el planeta.

Restan abiertas varias preguntas de investigación y análisis, como cuales deberían ser los instrumentos mas adecuados y las mejores formas de organización para despertar el interés y establecer un dialogo constructivo con los policy makers nacionales e internacionales. O a través de cuales mecanismos sea posible generar mas inclusión en los procesos decisionales que desde arriba – y en muchos casos desde lejos – afectan los territorios y las comunidades y por lo tanto el entero planeta. Más aún, si tenga sentido apostarle a las instituciones del Estado Nacional o no sea mas estratégico y conveniente empezar desde ya a buscar otras dimensiones de construcción política con procesos similares, sean ellos contiguos o distantes.

Pero, sobre todo, queda abierta la pregunta fundamental que está directamente relacionada al que hacer futuro en el caso que una vez mas el poder dominante se muestre tan ciego de no ser capaz de reconocer que sin defensa de lo común, se pone a riesgo la existencia misma de la vida. ¿Hasta cuando los proyectos anti-hegemónicos podrán resistir? Si la anti-hegemonía no sobrevivirá a la prueba de la historia, ¿que alternativas quedarán? ¿Y sobre quienes recaerá la responsabilidad política e histórica de posibles nefastas alternativas a los procesos anti-hegemónicos?

Estos y muchos otros interrogantes no resueltos ofrecen innumerables estímulos y futuras pistas de investigación en el compromiso de añadir nuevas piezas al conocimiento que puedan aportar a la construcción de sociedades cada vez mas incluyentes y abiertas en el respecto del equilibrio de la naturaleza, fuente primaria e insustituible de lo común y por lo tanto de la vida.

PROCESOS ANTI-HEGEMÓNICOS

	Pueblos Indígenas del Cauca	Comunidades Afrodescendientes Chocó y Urabá Antioqueño
Resistencia a una dominación	Resistencia frente al Estado Colombiano y a las presiones de los actores armados.	Resistencia frente al Estado Colombiano y a las presiones de las fuerzas armadas y de las estructuras paramilitares.
Reivindicación de poder en términos de gestión autónoma y autodefensa de cuerpos y territorios (acciones directas e indirectas)	Acciones de “liberación de la Madre Tierra”. Constitución de la guardia indígena. Fortalecer los cabildos Indígenas. No pagar terraje. Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas. Formar profesores indígenas. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias. Defensa de la Familia.	Retorno y recuperación de los territorios. Corte de palma aceitera. “Malla de vida”. Constitución en zonas humanitarias.
Falta de un proyecto dominante y absoluto	Reivindicación de autonomía local. Trabajo de negociación y cabildeo con el Gobierno Colombiano en óptica constructiva y colaborativa (ejemplo: Asamblea Constituyente).	Reivindicación de autonomía local.
Existencia de una perspectiva ideológica dirigente y generalizable	“Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”. Propuestas del CRIC para el replanteamiento del Objetivos del Milenio de las Naciones, en el año 2015.	Defensa y cuidado del territorio y del agua.

BIBLIOGRAFÍA

·         Arjona A. (2009) “The Creation of Social Order in Civil War”, Prepared for the Rebel Governance Conference, Yale University, New Haven, October 2-4, 2009

·         Barreto Soler J. M. (1993), “Los estados de excepción contra la democracia”, en Revista Derecho Público Vol. 8 n.4 de noviembre 1993

·         Bello A. (2004),  Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas, Naciones Unidas, Santiago de Chile, noviembre 2004

·         Caccia G. (2002), “Esodo Costituente”, in A. A. V. V., Controimpero, Roma, Manifestolibri

·         CAVIDA (2002), Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil, Bogotá

·         Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', CRIC y ACIN (2002), Dignidad Nasa, Bogotá, Rodríguez Quito Editores

·         Comunidades Indígenas del Cauca, Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (2005), Libertad para la Madre Tierra, en http://www.nasaacin.org/libertar-para-la-madre-tierra

·         CRIC (2013), Origen del CRIC, en http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/

·         CRIC (2013), Plataforma de Lucha, en el sitio del Congreso Regional Indígena del Cauca – CRIC, http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/plataforma-de-lucha/

·         CRIC (2013), Propuesta del CRIC frente a los Objetivos del Milenio, en el sitio internet del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, http://www.cric-colombia.org/portal/propuesta-del-cric-frente-a-los-objetivos-del-milenio/

·         Dahl R. A. (1971), Polyarchy. Participation and Opposition, New Haven and London, Yale University Press.

·         Díaz Callejas A. (1987), “La excepción como regla. 100 años de constitución y 50 años de estado de sitio en Colombia”, en Revista Nueva Sociedad n. 88 marzo-abril 1987

·         Dussel E. (1998), Etica de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Madrid, Trotta

·         Easton D. (1967), A system analysis of polítical life, New York, John Wiley & Sons

·         Foucault, M. (2000), “Clase del 17 de Marzo de 1976”  En  Foucault, M., Defender la Sociedad, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires

·         Gallón G. (1979), Quince años de Estado de Sitio en Colombia: 1958.1978, Bogotá, Editora Guadalupe LTDA

·         Ghilarducci D., (2007) “¿Guerra Sin Limites o Éxodo Constituyente?”, en Papel Político Estudiantil  Vol. 3, N. 2, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Bogotá, Julio – Diciembre 2007

·         − (2009), La Dignidad Innegociable, en http://www.terrelibere.it/la-dignidad-innegociable-las-madres-de-plaza-de-mayo

·         Gramsci A. (2007), Cuaderni del carcere, Torino, Einaudi

·         Guha R. (2002), Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Editorial Critica

·         Hardt M. y Negri A. (2001), Impero, Milano, Rizzoli

·         − (2004), Moltitudine, Milano, Rizzoli

·         Holloway J. (2002), Cambiare il mondo senza prendere il potere. Il significato della rivoluzione oggi, Roma, Intra Moenia.

·         Kaldor M. (2001), Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global, Barcelona: Tusquets.

·         Lame M. Q. (1987), Quintín Lame: los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas, Bogotá, ONIC

·         Meadows D. H.; Meadows D. L.; Randers J.; Behrens W. W. III (2004), The Limits to Growth: The 30 Years Update, Estados Unidos, Chelsea Green Publishing

·         Morales Cobo G. E. (1993), “Estados de excepción”, en Revista Derecho Público, Vol. 8 n.4 de noviembre 1993

·         Naciones Unidas (2013), Millennium Development Goals, en http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml

·         Nieto Navia R. (1996), “Los Estados de Excepción y la Constitución Colombiana de 1991”, en Revista Universitas Juridicas y Socioeconómicas n.91 diciembre 1996

·         ONIC (1995), “Cartilla Constituyente para comunidades indígenas. Serie: Capacitación Jurídica no. 1, Bogotá

·         Palou Trias J. C. (1993), “El estado de conmoción: nuevo ropaje para el viejo principe?”, en Revista Derecho Público Vol. 8 n.4 de noviembre 1993.

·         Schmitt C. (1985), La Dictadura, Alianza Editorial, Madrid

·         Uribe Muñoz A. (1994), “Ley estatutaria sobre los estados de excepción o de la vigencia del estado de sitio”, en Revista Administración y Desarrollo n. 34 de junio 1994

·         Uribe Muñoz A. (1994), “Ley estatutaria sobre los estados de excepción o de la vigencia del estado de sitio”, en Revista Administración y Desarrollo n. 34 de junio 1994

·         Vega L. F. (2006), “La Forma-Estado en Colombia: fragmentación territorial y biopolítica mulecular”, en Revista Papel Político Vol. 11 n. 1 Enero Junio 2006, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá

·         Weber M. (1994), Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino

·         Wijkman A. y Rockström J. (2012), Bankrupting Nature, Routledge

·         Wood E. J. (2008) “The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social Networks” en Annual Rev. Polit.Sci. Vol. 11:539–6

·         Yafué G, Wayna Chicangana I. y Vidal M. (2013), ¿Por qué luchamos por la tierra?, en http://www.cric-colombia.org/PDF/Articulo_Re_Porqueluchamosporlatierra_RTF.pdf

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[1]     La elección de estos pueblos y no de otros es debida a los fuertes procesos de organización que los acompaña desde hace décadas y que ha permitido – entre otras cosas – que dos de los tres miembros de la Asamblea Constituyente que dio vida a la Constitución Política de 1991 pertenecieran a las etnias del Departamento del Cauca.

[2]     En este caso, y como será explicado en seguida, estas comunidades han sido de suma importancia, tanto por haber “forzado” el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de la existencia del fenómeno del desplazamiento interno, como por haber sido entre las primeras “comunidades del retorno”, volviendo a asentarse en sus lugares de origen después de ser desplazadas.

[3]     Los procesos de resistencia considerados en este escrito tienen que ver solo y exclusivamente con resistencias civiles, excluyendo las luchas armadas del campo de investigación.

[4]     Por evidentes razones de espacio y temáticas, no se analizará la estructura del poder dominante, asumiendo simplemente que exista.

[5]     Se prefiere el concepto de soberanía al concepto de propriedad, sobre todo por razones directamente relacionadas al contexto colombiano considerado y que serán expuestas mas adelante en el presente trabajo.

[6]     Por realista aquí se entiende la escuela de pensamiento que relaciona la política al ejercicio del poder y por idealista la que entiende la política como la optima gestión de la cosa pública. La división entre las dos visiones no implica necesariamente una dicotomía irresoluble.

[7]     Por acumulado simbólico se entiende, tanto las cosmovisiones ancestrales, como las nuevas identidades que ser fortalecen adentro de los procesos mismos. En otras palabras todo lo “inmaterial” que está relacionado a la construcción de identidad.

[8]     En particular se hace aquí referencia a los pueblos organizados alrededor del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.

[9]     Yafué g., Wayna Chicangana I y Vidal M., ¿PORQUÉ LUCHAMOS POR LA TIERRA?, Documento trabajado por los proyectos ODMs (convenio CRIC – PNUD y Tierras- convenio CRIC- INCODER – OIM). Disponible en red, http://www.cric-colombia.org/PDF/Articulo_Re_Porqueluchamosporlatierra_RTF.pdf , recuperado 15 de agosto 2013.

[10]   Comunidades Indígenas del Cauca, Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Libertad para la Madre Tierra, Septiembre de 2005. Disponible en red: http://www.nasaacin.org/libertar-para-la-madre-tierra, recuperado 15 de agosto 2013.

[11]   Las autodefensas indígenas no tienen nada que ver con los grupos paramilitares que se denombraron también autodefensas usurpando el originario significado histórico y político del término.

[12]   Los pueblos indígenas las suelen llamar “acciones de liberación de la Madre Tierra”.

[13]   “Origen del CRIC”, fuente sitio internet del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/, recuperado 15 de agosto de 2013.

[14]   En ONIC, “Cartilla Constituyente para comunidades indígenas. Serie: Capacitación Jurídica no. 1, Bogotá, 1995, pp. 9-10.

[15]   CRIC, Plataforma de Lucha, en el sitio del Congreso Regional Indígena del Cauca – CRIC, http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/plataforma-de-lucha/, recuperado 15 de agosto 2013.

[16]   Es importante señalar que en los resguardos indígenas del Cauca no se permite la entrada a ninguno de los actores armados y que existe un sistema de defensa y seguridad propio, cuya máxima expresión organizativa es la Guardia Indígena.

[17]   Ibídem.

[18]   CRIC, Propuesta del CRIC frente a los Objetivos del Milenio, en el sitio internet del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, http://www.cric-colombia.org/portal/propuesta-del-cric-frente-a-los-objetivos-del-milenio/, recuperado el 15 de agosto 2013.

[19]   En particular se consideran aquí las “comunidades en resistencia”: Comunidades de Vida, Autodeterminación y Dignidad del Río Cacarica CAVIDA, del Jiguamiandó y del Curvaradó.

[20]   CAVIDA, Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil, Bogotá, 2002, pp. 17.

[21]   Ibídem, pp. 70.

[22]   Autodefensas Campesinas de Cordoba y Urabá.

[23]   Autodefensas Unidas de Colombia.

[24]   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

[25]   Unas de las metas de los desplazados fueron Bocas del Atrato, Riosucio, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá. Ver el mapa contenido en el texto de CAVIDA, Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil, Bogotá, 2002.

[26]   Cave mencionar el compromiso integral e incansable de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz , que ha acompañado el proceso de las comunidades desde los primeros meses de su desplazamiento en Turbo y el acompañamiento de los voluntarios internacionales de la organización Peace Brigades International – PBI.

[27]   La “neutralidad activa” planteada por el  gobierno colombiano implica un paradigma de progresiva militarización de la población civil en lugares de conflicto armado. Se le garantiza la seguridad a los civiles si ellos aceptan de involucrarse en programas del gobierno como informantes y colaboradores de las fuerzas armadas y de la policía nacional. Aceptar semejantes condiciones equivale automáticamente  en volverse objetivo militar por las guerrillas, situación que produce un mayor involucramiento de la población civil en el conflicto armado.

[28]   CAVIDA, Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil, Bogotá, 2002, pp. 15.

[29]   La palma aceitera o palma africana es un cultivo que empobrece fuertemente el subsuelo y el territorio.

[30]   Las zonas humanitarias son zonas constituidas por la población civil en lugares de conflicto y caen bajo una precisa reglamentación del derecho internacional humanitario que prohíbe el acceso en estas áreas a cualquier actor armado.