ESPECIAL SOBRE
POLÍTICA Y ECONOMÍA
GUSTAVO PETRO Y LA
NUEVA BOGOTÁ (Primera Parte)
Miguel Angel Herrera Zgaib
Profesor asociado, Ciencia
Política.
“Ganamos, si nos arrebatan el triunfo tendrán una primavera árabe”. Guillermo
Asprilla, destituido secretario de Gobierno.
Los entretelones de la
política y la justicia
En enero de 2009 se posesionaba como Procurador general de la Nación
Alejandro Ordóñez, y uno de los senadores del Polo que votó favorablemente
aquella primera elección fue Gustavo Petro, quien ahora experimenta en su
propio pellejo una posible destitución como fruto amargo de la investigación
que contra él adelanta la Procuraduría. Ordóñez consiguió reelegirse venciendo
todo obstáculo, y esgrimiendo el poderoso expediente sancionatorio que el cargo
pone en sus manos, y que practica con
celo intimidatorio e indudable eficacia para persuadir a sus “naturales”
electores, los congresistas.
La investigación disciplinaria se
funda en las omisiones y malos manejos que se presentaron en el cambio del
modelo de recolección de basuras de la ciudad capital. Petro había anunciado en
el momento de su posesión, y en campaña
que uno de sus proyectos bandera era “O Basura en Bogotá“. Y él acompañó esta promesa con la presencia de su compañero de lucha en
el M19, Guillermo Asprilla, administrando la UAESP. Él, años atrás, defendió como abogado a los habitantes
afectados por el fétido relleno de Doña Juana, enclavado entre los pobres del
sur de Bogotá, y receptor de todo tipo
de desechos provenientes de las cuatro esquinas de la metrópolis.
Aunque no haya la prueba reina,
el mismo procurador de la historia, quien autorizó también la destitución de
Andrés Felipe Arias, coequipero de confianza del ex Álvaro Uribe,
contradictores políticos afirman que éste se reúne con aquel y el exministro
Fernando Londoño, hijo del otrora leopardo conservador; manchado hasta hoy por el negociado de “intercolsa”,
y objeto de un atentado terrorista. El puente de unión para ventilar esta
hipótesis es la procuradora Tatiana Londoño, hija del exministro, y así lo destacó
RCN radio.
¿De qué hablan los tres aliados?
Ni más ni menos que de política, de cara a las elecciones del año 2014. Y
barajan con entusiasmo la posible candidatura de uno de los dos centuriones del
partido de la guerra, Ordóñez o Londoño,
porque los otros, Francisco Santos y el exministro de Hacienda siguen
parqueados sin agarrar vuelo. Claro está que la cuenta para el procurador vence
el 24 de mayo. Por lo que una destitución más, la de Gustavo Petro, coincidiría
con el lanzamiento con bombo y platillos de él como nuevo candidato
presidencial.
El otro acto en esta
superposición entre justicia y política se agravó con la denuncia de Daniel
Prado, el abogado defensor de Petro, quien no ha sido escuchado, y su abogado
denuncia que el proceso disciplinario avanza con una abierta violación del
debido proceso que es una garantía constitucional. Y se advierte, además, que el accionar de la
procuraduría demandado por un apretado ramillete de ciudadanos, contrarios a la
actual alcaldía, “se aprestan a violar el voto popular,” por lo que el
procurador “no debe escucharlos”.
La revocatoria del mandato
“Pero, creo que si la idea es
sacar a Petro, sería más lógico que los electores tomaran esa decisión, en caso
de que proceda la revocatoria…” Antonio Navarro, dirigente nacional del
Movimiento Progresistas.
La segunda batería emplazada es el referendo ciudadano para la
revocatoria del burgomaestre, respaldada
por algo así como 646.000 firmas, recolectadas, en su mayoría, dice Miguel
Gómez, un representante elegido por Bogotá, en localidades populares de antaño
clientelizadas. Conviene recordar aquí, que
el ex senador del PDA denunció la parapolítica, y con ella los turbios
manejos del ex Álvaro Uribe Vélez, desde cuando era gobernador de Antioquia, y
su hermano Santiago animador principal de “Los doce apóstoles”, tal y como lo registró la periodista Olga Béhar.
Pero, no es menos cierto, que en
Colombia no tenemos aún establecido el derecho de revocarle el mandato a los
presidentes ni a los congresistas, que son cargos de elección popular. Por lo
que éstos están resguardados de una efectiva rendición de cuentas exigida por
los electores insatisfechos. Esto sí es posible en la vecina y vilipendiada
Venezuela “chavista”.
El difunto presidente
Chávez, padre de la Constitución de
1999, lo vivió en carne propia, y sobrepasó la prueba de la oposición política,
la misma que ahora disputa a Nicolás
Maduro su elección presidencial, primero, por las vías de hecho, con la muerte
de 8 partidarios del PSUV, y con la quema, dicen las fuentes oficiales, de
cuarenta misiones médicas, atendidas por
personal cubano. Y ahora, después de anunciada la auditoría del 46 por
ciento, impugna la elección tout court.
Antonio
Navarro, el primer secretario de gobierno del gabinete de Petro, uno de los expresidentes de la Constituyente, junto a Horacio Serpa y
el asesinado Álvaro Gómez, tío de Miguel,
el motor de la revocatoria contra Petro, cuyo músculo económico no se
audita, lamenta su participación en la creación del Código único disciplinario
que excluye al procurador de este poder sancionatorio. No hay, es lo que
concluye este “colegislador” fallido,
por ende contrapesos para controlar los excesos que su uso inescrupuloso
acarrea en la lucha política abierta.