PONENCIA PARA VIII SEMINARIO INTERNACIONAL GRAMSCI.
TERCERA JORNADA. CONSTITUYENTE SOCIAL.
¿UN NEGOCIO PARA LA IPS UNIVERSITARIA?
David
Jiménez[1]
La
Ley 1438 de 2011, en sus artículos 80 y 81, estableció que el Ministerio de
Salud anualmente evaluaría el riesgo financiero de las Empresas Sociales del
Estado E.S.E, y que las que se encontrarán en nivel alto o medio deberían
someterse a un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.
Así
mismo, el artículo 82 de la mencionada ley, abre el camino de su privatización así:
-
Cuando la E.S.E incumpla el
Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero deberá someterse a un Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999) con el Ministerio de Hacienda (
art. 8 de la Ley 1608 de 2013).
-
Cuando la E.S.E no recupere
su viabilidad financiera mediante el Acuerdo de Reestructuración Pasivos deberá
someterse a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, y
posterior si continua la inviabilidad fiscal, el camino de la supresión,
liquidación o fusión de la entidad.
El panorama de Antioquia con ejemplos
En el Departamento de Antioquia, en el año 2013, aparecen en riesgo
financiero alto y medio, 71 Empresas Sociales del Estado, que vienen con el
mismo riesgo financiero del año 2012. Pero, en el 2013, ingresaron otras 13
calificadas en riesgo alto y medio, para un total de 84 entidades públicas de
salud[2]. Este es un número alto debido a que Antioquia
tiene 125 municipios, que deben someterse a un Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero, y en caso de incumplirlo, tomar el camino del artículo 82 de la Ley
1438 de 2011.
La
E.S.E Hospital Antonio Roldán Betancur del Municipio de Apartadó de II nivel de
complejidad, el principal centro urbano de la subregión del Urabá Antioqueño,
será liquidado y lo entrará a operar la IPS Universitaria de la Universidad de
Antioquia[3];
así mismo, pasará con la E.S.E. Hospital La Cruz del Municipio de Puerto Berrío
(el centro urbano más importante del Magdalena Medio Antioqueño) de II nivel de
complejidad, dado que su liquidación fue aprobada por el Concejo Municipal. [4]
La
Universidad de Antioquia con su IPS Universitaria, favorecida por su autonomía
universitaria, de contratación “tercerizada”
de prestación de servicios de salud y por contar con personal residente de los
pregrados y posgrados de las Facultades de Medicina de la ciudad de Medellín,
ha entendido el negocio financiero de comprar hospitales y clínicas en los
últimos años.
Primero
que todo, al obtener la Clínica León XIII del Instituto de Seguro Social, bajo el fantasma que dicen de
“Rescatar Hospitales públicos en Colombia”[5],
cuando en la realidad no los rescatan, sino que una vez liquidados y
privatizados entran a operarlos, y no vuelven a ser patrimonio público estatal.
El
negocio de la IPS Universitaria de la U.de.A continúa ahora en Barranquilla y
San Andrés; y con las políticas de privatización y liquidación de hospitales
(Ley 1438 de 2011 y Ley 1608 de 2013), el negocio llegará a más hospitales,
bajo la figura de pública, pero en la realidad, bajo un sistema privado de
mercado de la salud y de flexibilidad laboral.
Este
es un neoliberalismo llevado al colmo, revestido de público bajo la figura de
la Universidad de Antioquia con su flamante IPS Universitaria, y no es de
extrañar que pronto haga carrera este “adefesio” en la Universidad de Colombia,
que se viene privatizando por la puerta de atrás, sacándole jugo antes a las
modalidades de la contratación interadministrativa. De lo dicho ya son prueba
los salarios mensuales de no pocos docentes, beneficiados con tales
contrataciones, que tienen efectos directos e indirectos a salario.
Un S.O.S ciudadano en tiempos de saqueo de lo común
Con
ese panorama y con el riesgo de que hospitales públicos de I, II y III nivel de
complejidad que benefician por su ubicación y nivel de complejidad a muchos
pacientes de diferentes municipios antioqueños,
en el Suroeste (Ciudad Bolívar, E.S.E. Hospital La Merced), Nordeste
(Yolombó, E.S.E. Hospital San Rafael); en el área Metropolitana (Envigado,
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel; Medellín, E.S.E. Metro Salud; Bello; y
E.S.E. Bello Salud) y en el Norte (Yarumal, E.S.E. San Juan de Dios), sufran
una capitis diminutio, a manos del “guante blanco” de las universidades públicas,
si no recuperan su viabilidad con el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.
De
lo contrario, están condenadas a terminar bajo la IPS Universitaria de la U.
de. A, u otro operador privado más
convencional y voraz, dado que se encuentran en riesgo alto o medio financiero
en nuestros días. A no ser que pacientes y dolientes nos preparemos como es
debido, y llenemos de contenido la propuesta de una constituyente social, que
en lugar de privilegios avance en darle contenido efectivo a la fórmula constitucional
que pregona que “la igualdad sea real y efectiva”.
La
Universidad de Antioquia, una de las principales universidades públicas
colombianas, su comunidad universitaria, debería reflexionar y ponerle freno al
papel de su IPS Universitaria, y su abierto favorecimiento de la estrategia que
privatiza hospitales públicos, que son patrimonio común e histórico de muchas
localidades antioqueñas.
Finalmente,
la comunidad universitaria de la U.de.A, debería comenzar a revelar ese beneficio oscuro que recibe la
IPS Universitaria por cada hospital público privatizado y liquidado en Antioquia.
Estas privatizaciones, con descaro, irrespetan los derechos laborales y la
carrera administrativa de los empleados del sector de salud sin dar
cumplimiento a la sentencia C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte
Constitucional.
El otro camino “oculto” a la privatización: el clientelismo
del hospital público
En
la época anterior a la constitución de 1991, los empleos públicos se asignaban
por el color político del momento, existía en todo su esplendor el clientelismo
revestido en la nómina estatal (Gutiérrez Sanín, 2010), pero la plenaria del
Senado de la República con aprobación del texto de la reforma a la salud del
Proyecto de Ley No 210 de 2013S aprobó que la elección de los gerentes de las
Empresas Sociales del Estado (art. 81) serán de libre nombramiento y remoción
por parte de alcaldes y gobernadores; y le darán un cheque en blanco al
Presidente Juan Manuel Santos (art. 82) para que reforme el régimen laboral de
los empleados públicos del sector salud, que al parecer todo suena desde el
Ministerio de Salud y del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Es
la eliminación de la carrera administrativa, para darle flexibilidad a las
plantas de personal, dejando los cargos que sean de libre nombramiento y
remoción, es un regreso a que los alcaldes y gobernadores con concejales y
diputados aliados respectivamente, entren a manejar el clientelismo de la nómina
de las Empresas Sociales del Estado.
Con
lo anterior, el neoliberalismo de la economía de mercado en su argumento de
privatizar el patrimonio público-estatal, señala que la ineficiencia por la
corrupción y los malos manejos políticos llevan al borde financiero a la
empresa pública; con lo anterior, si gobernadores y alcaldes con sus aliados en
las corporaciones públicas de elección popular; tendrán a gerentes de Empresas
Sociales del Estado y toda la nómina de la planta de cargos de libre
nombramiento y remoción.
Podrán
hacer con su antojo el clientelismo a la manera particular e ilegal que nos podamos imaginar; y su gran
efecto es el circulo vicioso que si los hospitales públicos terminan más
“cooptados” política y electoralmente,
se traducen en malos resultados financieros evaluados por la Ley 1438 de 2011 y 1608 de
2013 deben someterse a un ajuste financiero que tiene las puertas abiertas a la
privatización.
Sin
embargo, la política gubernamental del Buen Gobierno, que tiene uno de sus
pilares la eficiencia administrativa (https://www.dnp.gov.co/Gobierno/BuenGobierno.aspx
) y la lucha contra la corrupción, no termine fortaleciendo el talento humano
en el sector público de la salud como señala el artículo 125 de la Constitución
(acceso al servicio público de forma técnica y meritocrática con la carrera
administrativa), sino dando vía libre al clientelismo burocrático con la nómina
de los hospitales públicos.
Los dos síntomas para la privatización: el ajuste fiscal
territorial
Los
ajustes estructurales a la producción de política económica del Gobierno
Pastrana[6],
fue la expedición de la Ley 617 de 2000, denominada como ley de ajuste fiscal
de las entidades territoriales, dado que limitaba su gasto de funcionamiento y
que con los recursos propios de Departamentos, Distritos y Municipios; deben
soportar el pago de la nómina, el pasivo pensional y prestacional.
La
dosis de ajuste fiscal (art. 19 de la Ley 617 de 2000) consiste en que los municipios o distritos
que incumplen el límite de gastos de funcionamiento según su categoría, deben
someterse así a
-
Ejecutar un Plan de
Saneamiento Fiscal durante una vigencia fiscal
-
En caso de incumplir
nuevamente el límite de gastos de funcionamiento, deberán someterse a un Plan
de Desempeño Fiscal con un limite de
tiempo definido por la Asamblea Departamental a iniciativa del respectivo
Gobernador.
-
Si el municipio o distrito
continuo incumpliendo el límite de gastos durante dos vigencias fiscales y pasado
el tiempo fijado por el Plan de
Desempeño Fiscal, la Asamblea Departamental decretará la fusión del municipio a
iniciativa del Gobernador.
Con
lo anterior, fusionar un municipio con otro, un mandato de la ley, no sida
iniciativa en Colombia, por el valor electoral y cultural y lo impopular que
significa.
Por
otra parte, la ley 617 de 2000 nos define las reglas para comprender la
viabilidad financiera de un Municipio determinado, y la Ley 1438 de 2011 para
el riesgo financiero de una Empresa Social del Estado, dos caras ocultas de
privatización del patrimonio público-estatal, pero que en si pierde más el
hospital público, porque los municipios representan votos e identidad cultural.
Para
ilustrar, el Municipio de Toledo (Antioquia) desde el 2005 hasta la fecha
incumple con el límite de gastos de funcionamiento de la Ley 617 de 2000[7],
con lo cual tiene poca capacidad e institucionalidad local para recuperar su
viabilidad financiera, y si fuera por el mandato legal, lleva 8 vigencias
fiscales incumpliendo con la disciplina fiscal, ya debería ser corregimiento,
pero no ha pasado.
Por
otra parte, la E.S.E. Hospital Pedro Claver del municipio, según la Resolución
No 1877 de 2013, aparece en riesgo financiero alto, en pocas palabras, si
incumple en el Plan de Saneamiento Fiscal tendrá las puertas abiertas a su
privatización; dado que por la débil institucionalidad local del municipio, que
ni la Alcaldía Municipal y el Hospital tienen viabilidad fiscal, el segundo con
más riesgo de ser liquidado por el camino previsto en la Ley 1438 de 2011 y la
Ley 1608 de 2013 y dado que existen
muchos ejemplos de liquidación de hospitales públicos en Colombia.
Otro
ejemplo, una de las zonas con el conflicto armado “vivo” en plena zona de
consolidación del Estado Colombiano, el Bajo Cauca Antioqueño, 3 de los 6 los
hospitales de la subregión en los Municipios de Cáceres, El Bagre, Taraza;
se encuentran en riesgo financiero alto y medio; con lo cual deben aplicar la
dosis del ajuste fiscal para no ser privatizadas; con lo cual, una zona donde
el Estado debe consolidar su presencia en un escenario de posconflicto, al
parecer la asistencia en salud podría quedar en manos del sector privado.
Otra
región con una larga historia, el magdalena medio, los municipios ribereños
como Yondo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo y Puerto Nare; con hospitales en
riesgo alto y medio financiero; y con el antecedente que el principal centro
hospitalario de la subregión que ofrece servicios a municipios de Antioquia y
Santander, la E.S.E. Hospital La Cruz de Puerto Berrio será privatizado y
liquidado.
Reflexión final
A su
vez, el fortalecimiento financiero de los hospitales públicos en riesgo, se
debe más a las deudas de las EPS con dichas entidades, y más la dosis de
clientelismo burocrático de la reforma a la salud, tendremos hospitales más
politizadas a las fuerzas políticas que dominen en el escenario local y
regional; para luego aparecer los neoliberales con el argumento que se hace
necesario su privatización por la corrupción y los malos manejos políticos.
Al
parecer jugará la estrategia del diplomático norteamericano Henry Kissinger quien durante la guerra fría sostenía, que si para conservar la democracia, hay
que destruirla, la destruían tal como sucedió en Chile. Ahora, todo indica que
el neoliberalismo en agonía para asegurar un mercado privado de oferta de
servicios de salud, pensara para garantizar el futuro del negocio de la salud,
es mejor darles por un tiempo los hospitales públicos, en un 100%, a los
políticos; para que coopten a su cuerpo
directivo y científico, y luego le apliquen la dosis de privatización que ya
padecimos, con el argumento de siempre: ineficiencia y corrupción.
Finalmente,
la era de reestructuración de hospitales públicos entre 2002-2007, donde le
otorgaban recursos a las Empresas Sociales del Estado para reducir su planta de
personal y pagar las indemnizaciones laborales, que de paso terminó con el boom
de Cooperativas de Trabajo Asociado CTA tuvo el auspicio del alto gobierno para
impulsar la “tercerización” laboral.
Esta fórmula aun anda vigente, esa tarea de privatizar quedó pendiente,
dado que el Gobierno Nacional actualmente tiene toda una política pública diseñada para la liquidación y supresión de
hospitales públicos, con la cual les daría la estocada final, cuando las
fuerzas vivas de la salud copan las calles y hacen oír su voz.
PD:
Invito a los estudiantes y profesores de las Facultades de Medicina de las
universidades públicas y privadas, no solo
movilizarse para retirar el artículo 52 del proyecto de ley de reforma a
la salud que permite que los hospitales universitarios gradúen especialistas
médicos, sino a defender a las Empresas Sociales del Estado como trinchera de
defensa de lo común, que se expresa en la figura del patrimonio público y
estatal del Estado Social de Derecho, que no es una coartada como hasta ahora
para ampliar e inducir más privilegios.
Referencias
Estrada
Álvarez, J. (2005). Élites intelectuales
y producción de política económica en Colombia. En Intelectuales, tecnócratas y
reformas neoliberales en América Latina, Estrada Álvarez [ed]. Bogotá D.C:
Universidad Nacional de Colombia, COLCIENCIAS, CAB.
Gutiérrez
Sanín, F. (2010). Instituciones y territorio: la descentralización en Colombia.
En 25 años de la descentralización en Colombia. Bogotá D.C: FKA
República
de Colombia
-
Ley 617 de 2000
-
Ley 1122 de 2007
-
Ley 1438 de 2011
-
Ley 1608 de 2013
-
Resolución 1877 de 2013 del
Ministerio de Salud
-
Proyecto de Ley No 2010 del
Senado de la República
-
Desempeño
Fiscal de Municipios [ en línea] https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Evaluaci%C3%B3nySeguimientodelaDescentralizaci%C3%B3n/Desempe%C3%B1oFiscal.aspx
[1] Politólogo y Estudiante de Maestría en Estudios Políticos.
Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad
Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Información obtenida de la Resolución No 1877 de 2013 del
Ministerio de Salud
[3] http://www.youtube.com/watch?v=3RB3A3g3zrU
[5] Palabras de Jaime Poveda, director de la IPS Universitaria en http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/UdeANoticias/Sociedad1/DF70CA0E48F18EF8E04018C83D1F5DC0
[6] Ver más en Jairo Estrada Álvarez (2005).
[7] Información obtenida de los informes de desempeño fiscal municipal
del DNP
