EN MÉXICO Y COLOMBIA YA NOS CANSAMOS
LA CONDENA AL GOBIERNO DE COLOMBIA
Miguel Angel Herrera Zgaib
Ayer se conoció la condena proferida por la máxima instancia interamericana en materia de derechos humanos. Confirma la responsabilidad del Estado en la muerte de las personas de la cafetería, los llamados "desaparecidos" del Palacio de Justicia. Reafirma la responsabilidad específica de Luis Alfonso Plazas Vega, y también de su superior el general Arias Cabrales.
Le da credibilidad al testimonio del militar I. Villamizar, quien participó en el desplazamiento de tropas del ejército nacional que se movilizaron desde Villavicencio para intervenir en la retoma del Palacio de Justicia. Este testigo había sido desmentido por sus superiores militares, quienes incluso negaron que tal movilización hubiera ocurrido nunca.
La Corte Interamericana exige a la justicia nacional que esclarezca de manera plena lo acontecido con los 10 desaparecidos, con los tres muertos y torturados: la guerrillera Irma, el trabajador de la cafetería del Palacio, y el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán.
El Caso Urán, una prueba incontestable
En días pasados, en un programa de la televisión mexicana, la viuda del magistrado Urán, Ana María Bidegain, estudiosa de las religiones y las migraciones, quien fuera docente y directora del Centro de Estudios Sociales de Ciencias Humanas de la U. Nacional, comentó cómo fueron bloqueados los ejercicios de esclarecimiento de la tortura y ejecución del magistrado; y cómo ella obtuvo los documentos de identificación de su marido, los cuales aparecieron perforados por lo que debió ser un tiro de gracia, cuando él estaba en poder de las autoridades militares.
Dicho documento se encontró en una inspección a la Escuela de Caballería, en el fatídico lugar que fuera el Cantón Norte, y cómo llegó a su poder el casette que comprueba la salida con vida de Urán del infierno que fue después el Palacio de Justicia.
No a la impunidad castrense
Con esta sentencia ejemplar de la Corte Interamericana, se esclarece uno de los episodios más oscuros de la historia nacional del último cuarto de siglo, a la vez que se prueba la validez de la justicia administrada por el Tribunal Superior de Bogotá, a pesar de las insidias de gacetilleros, las intrigas de Procuraduría, los falsos señalamientos de Acore, y la complicidad intelectual de vocerías del Centro Democrático, antes y después de la sentencia .
Pareciera que será posible, por fin, encontrar el lugar de los cadáveres de los civiles asesinados por unidades de inteligencia del ejército nacional, que deshonran el honor de los guerreros al convertirse en torturadores, asesinos y cómplices de sus propios ciudadanos.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben
Hasta hoy tales sepulturas son mantenidas en secreto con la pretensión fallida hoy, de mantener crímenes tan abominables en la impunidad. Es tiempo que se castigue a los superiores responsables de tal bestialidad inexcusable desde cualquier perspectiva. Incluyendo al propio expresidente Belisario Betancur, quien prohijó y cobijó tal conducta criminal, y sus ministros, quienes no tomaron distancia de esta decisión; más bien, ellos soportaron impávidos, casi sin excepción, la progresión de la bestialidad que el magistrado Reyes, presidente de la Corte, solicitó que fuera detenida ipso facto, sin encontrar respuesta.
Esta sentencia se anticipa al pronunciamiento pendiente de la CSJ de Colombia, del que sectores de la reacción política, y familiares del entonces mayor, hoy coronel Plazas Vegas, especulan que habrá una sentencia absolutoria del militar, quien se hizo famoso con su cínica expresión de defender la "democracia, maestro".
De Ayotzinapa al Palacio de Justicia
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, en noviembre de 2009, por graves violaciones a los derechos humanos en el paradigmático caso de Rosendo Padilla Pacheco." Carlos A. Flores, Las dos caras de México, en Revista Siempre, no. 3206, p. 69.
Si tal pronóstico, el fallo absolutorio de la Corte Suprema de Justicia prosperara en Programa Del Magisterio Colombianoa, le corresponderá a la propia ciudadanía emular con las movilizaciones mexicanas contra el impune sacrificio de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, asesinados con el concurso de la policía local, el narcotráfico y las autoridades locales, estatales y nacionales.
El antecedente más cercano para México fue el caso de Rosendo Padilla Pacheco, que el Estado y las autoridades mexicanas no tuvieron en cuenta para actualizar el contenido del artículo 215-A del Código Penal Federal, cuya redaccióna actual hace posible la impunidad en la desaparición forzada, como lo recuerda el articulista Carlos A. Flores.
Ya nos cansamos
No se puede permitir más bestialidad por parte de las autoridades en ningún lugar de América Latina y del mundo; y por quienes no respetan la vida humana, y mienten y justifican con pasmosa "naturalidad" sus crímenes, antes y ahora.
Tampoco parece viable que el presidencialismo mexicano y colombiano se mantenga tal y como existen, donde el llamado equilibrio de poderes, antes y después de las reformas se inclina en favor de ejecutivos todopoderosos. Quizás el grito reivindicativo de los jóvenes mexicanos volcados en las calles a raíz de los crímenes de Ayotzinapa, "Ya me cansé" que se difundía por twitter, ahora tengamos que conjugarlo en plural, de sur a norte del continente.
En Colombia como en México, no bastará con las reparaciones materiales que pagaremos todos los contribuyentes, ni con la exigencia de pedir perdón públicamente a los familiares de las víctimas ordenado por la Corte Interamericana a todas las autoridades de Colombia.
Preparemos la movilización
El respeto a los derechos fundamentales no puede ser más un "as de burlas" para nadie. Deberán seguir produciéndose sentencias condenatorias, y la divulgación por la Comisión de Memoria histórica de tales atrocidades para escarmiento de los asesinos, y educación política de la población ultrajada por tales conductas.
Es tiempo de preparar una gran movilización, en reclamo por el esclarecimiento definitivo, y la fijación de responsabilidades por los crímenes cometidos contra la población civil de Colombia, durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, los llamados "falsos positivos" que multiplican las 43 víctimas de Ayotzinapa por 70 veces como mínimo, a las que se suman ya, después de 29 años de impunidad manifiesta, las víctimas del Palacio de Justicia.
